La CIJ hizo un llamamiento al Gobierno y Congreso de Guatemala a que tomen acciones concretas para transformar a la judicatura en un poder independiente que proteja activamente los derechos humanos y combata la impunidad.
“El actual Gobierno ha mostrado un compromiso más claro con los derechos humanos y ha incluido la reforma judicial en su agenda” dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Pero una década después de la firma de los Acuerdos de Paz, la independencia y fortaleza del poder judicial siguen siendo insuficientes y la impunidad por violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma. La judicatura y la fiscalía son débiles y carecen del apoyo necesario para enfrentar este trágico legado” agregó.
En un informe publicado hoy, “La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer”, la CIJ analiza las debilidades estructurales del sistema de justicia guatemalteco y propone un paquete de 19 reformas para colocar al poder judicial y al Ministerio Público sobre nuevas y sólidas bases.
La CIJ identificó tres medidas que pueden y deben adoptarse inmediatamente:
Primero, el Gobierno debe investigar y llevar ante la justicia a los responsables por el considerable y preocupante aumento de ataques físicos contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Estos ataques socavan gravemente el estado de derecho.
Segundo, de ahora en más el Congreso debe nombrar a los magistrados sin tomar en consideración sus afiliaciones políticas u otros factores impropios para así terminar con los favores políticos y reforzar la imparcialidad de los tribunales.
Tercero, el Gobierno y el Congreso deben rechazar el proyecto de ley que propone crear un fuero militar personal y otorgar a los tribunales militares jurisdicción para todo crimen cometido por personal militar en activo o retiro. Dicho proyecto de ley es contrario al derecho internacional y perpetuaría la impunidad.
“Hay mucho por hacer, pero insto al Gobierno a traducir sus palabras en acciones concretas. Espero que el Congreso muestre la madurez necesaria para actuar inequívocamente a favor del estado de derecho y hacer de los Acuerdos de Paz no sólo una ley sino una realidad” dijo Nicholas Howen.
El informe de la CIJ señala las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del poder judicial y para hacer más efectiva la labor del Ministerio Público. Las reformas estructurales incluyen la necesidad de cambiar los procedimientos de nombramiento, traslado y remoción de jueces y magistrados, el combate a la corrupción del sistema y poner fin a las intromisiones del ejecutivo, las fuerzas de seguridad e incluso grupos privados influyentes en el trabajo de jueces y fiscales.
El Gobierno debe también tomar acciones decididas contra grupos clandestinos y del crimen organizado que operan libre e impunemente. El Ministerio Público no está dispuesto o no puede realmente investigar y perseguir a estos grupos y al crimen en general.
La CIJ concluye que el recurso de amparo, pensado para proteger derechos, ha sido utilizado ocasionalmente en Guatemala como un medio para lograr la impunidad a través del retardo de procesos, especialmente aquellos en los que ventilan violaciones de derechos humanos. La CIJ es conciente de la importancia de este recurso y por ello urge al Congreso de Guatemala a aprobar las reformas a la Ley de Amparo tendientes a proteger este recurso de su utilización como mecanismo de impunidad.
El informe señala la persistencia en la falta de acceso a la justicia para la gran mayoría de la población y la ausencia de reconocimiento oficial del fuero indígena. Los esfuerzos de las autoridades en este campo han sido escasos.
Guatemala-action independent judiciary-press release-2005-spa (text in Spanish, PDF)
See also the report La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer (full text in Spanish, PDF)