Guatemala: la CIJ condena persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal

Guatemala: la CIJ condena persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal

Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN.

La CIJ visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio.

El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios.

Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial.

El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el Vice Presidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.

La CIJ expresa su honda preocupación por la persecusión de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal.

La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.

La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota nickel en el departamento.

En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el Sistema de Justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a la Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura.

Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.

Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores y acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno.

El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.

La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada.

Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos.

Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.

Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.

Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos.

Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.

Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.

Ramón Cadena, Director de la CIJ expresó:

“Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la CICIG debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”

Guatemala-Criminalización Izabal-News-2018-SPA (artículo completo, en PDF)

Thailand: ICJ submits recommendations on criminal justice reform amendments

Thailand: ICJ submits recommendations on criminal justice reform amendments

The ICJ has submitted recommendations to Thailand’s Criminal Justice Reform Committee concerning the Draft Amending Criminal Procedure Code Act and the Draft Act On Judicial Process Timeframe, which were scheduled for public consultation today.

The ICJ welcomed the Criminal Justice Reform Committee’s efforts to enhance the effectiveness and fairness of the criminal justice system in Thailand, through proposed amendments to Thailand’s Criminal Procedure Code B.E. 2551 (2008) and the Judicial Process Timeframe Act.

The ICJ noted, however, that modifications would be necessary to some of these amendments to ensure they optimally served the ends of justice and were in conformity with international standards.

In particular, the ICJ commended the Committee’s inclusion within the Draft Amending Criminal Procedure Code Act of the following provisions and made recommendations as to how these provisions could be further strengthened:

  • Section 13/1. Video and audio recordings of arrests and/or searches
  • Section 13/2. Prohibitions against violation of the presumption of innocence
  • Sections 121/2, 123 and 124/2. Lodging of criminal complaint with the public prosecutor, at any location and through email or other online medium
  • Section 136. Video and audio recordings of inquiry or interrogation
  • Section 161/1. Right of the court to dismiss a case where it is filed in bad faith or with misrepresentation of facts in order to harass or take advantage of a defendant
  • Section 165/1. Allowing the defendant to submit a defence plea and produce supporting evidence in court
  • Section 179/1. Trial in absentia

 Contact

Kingsley Abbott, ICJ Senior Legal Adviser, e: kingsley.abbott(a)icj.org

Full letter in English (PDF): Thailand-CPC-Amendments-Advocacy-Open-letters-2018-ENG

Full letter in Thai (PDF): Thailand-CPC-Amendments-Advocacy-Open-letters-2018-THA.pdf

Guatemala: Supreme Court of Justice undermines the rule of law

Guatemala: Supreme Court of Justice undermines the rule of law

The Supreme Court’s election of a person who is not suitable for the position of substitute judge on the Constitutional Court is deeply concerning for the sound administration of justice and the effective application of the rule of law, the ICJ said today.

Ramon Cadena, the Director of the Central American office of the ICJ added: “with this election, the SCJ has contributed to deepening the crisis in the judicial system and it will affect the little credibility that the Guatemalan people still retain in the justice system.”

The position of substitute judge on the Constitutional Court (CC) had become vacant when the former substitute judge was appointed Attorney General by the President, Jimmy Morales.

The eight judges of the SCJ who voted in favour of the substitute judge of the CC did not comply with international norms and standards on the administration of justice.

The Basic Principles on the Independence of the Judiciary state that “Persons selected for judicial office shall be individuals of integrity and ability with appropriate training or qualifications in law.”

The ICJ has been able to verify that the SCJ judges elected a person who:

  • in 2010 was dismissed as Attorney General by the CC shortly after assuming office because the person was deemed not suitable;
  • openly opposes the International Commission against Corruption and Impunity (ICCIG) despite the good work that the Commission undertakes to address corruption and impunity;
  • in 2010, after assuming the office of Attorney General was accused of intervening in cases concerning corruption and impunity and impairing evidence in these cases.

The ICJ recalls that the CC stated that the acts carried out by Congress on 11 September 2017 were susceptible of causing “irreparable harm to the justice system”.

The ICJ considers that the election by the SCJ of the substitute judge to the CC should also be considered an act of irreparable harm to the justice system.

The ICJ therefore urges the CC to once again protect the rule of law in Guatemala.

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