Oct 16, 2014 | Advocacy, Analysis briefs, News, Open letters
The ICJ condemns the imminent “trial” of Constitutional Court judges by Bolivia’s Senate, in proceedings that could see the judges sent to prison over politicians’ disagreement with a legal ruling.
The proceedings “violate the independence of the judiciary and the right to fair trial,” the Geneva-based organization wrote today in an open letter to all Senators and Deputies of the legislative assembly.
The charges in the trial, scheduled to begin on 21 October, are based entirely on a precautionary ruling by the judges that parts of a new law regulating notaries should not be implemented until the Court has an opportunity to hear a constitutional challenge to the law.
“The spectacle of dozens of politicians pretending to act as an independent and impartial criminal court, threatening to throw constitutional court judges in jail over a difference of opinion as to interpretation of the law, is incompatible with respect for human rights, the separation of powers, and the rule of law,” said Matt Pollard, Head of the Centre for Independence of Judges and Lawyers at the ICJ.
Constitutional Court Judges Soraida Rosario Chanez Chire and Ligia Mónica Velásquez Castaños are to be tried on 21 October, while proceedings against Judge Gualberto Cusi Mamani have reportedly been temporarily suspended for reasons of health. The judges were suspended from duty on 28 July.
An analysis brief published by the ICJ and sent to the legislative members concludes that the proceedings violate Bolivia’s international legal obligations under the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights.
The brief also cites judgments of the Inter-American Court of Human Rights that found violations of the American Convention as a result of defective parliamentary proceedings for removal of judges in other countries. The proceedings in Bolivia are poised to be even more egregious than the proceedings at issue in the earlier judgments, given the possibility for the Bolivian Senate (photo) to impose a criminal conviction and imprisonment.
“The ICJ urges the Senators and Deputies immediately to cancel the proceedings, to end the judges’ suspension from duty, to refrain from any other form of interference with judicial independence, and to reform judicial discipline and removal procedures to bring them into line with international standards,” said Pollard.
(update as of 21 October: the proceedings were postponed to 4 November after one of the judges collapsed on arrival at the Legislative Assembly and was taken to hospital).
Contacts:
English: Matt Pollard, Head of the Centre for Independence of Judges and Lawyers at the ICJ, t: +41 79 246 54 75; e: matt.pollard(a)icj.org
Spanish: Carlos Ayala, ICJ Commissioner, t: +58 212 952 8448; e: carlos.ayala(a)icj.org
BOLIVIA-Unfair trial of judges-News-Press release-2014-SPA (full text in PDF)
BOLIVIA-unfair trial of judges-Advocacy-Open letter-2014-ENG (full text in PDF)
BOLIVIA-unfair trial of judges-Advocacy-Open letter-2014-SPA (full text in PDF)
BOLIVIA-unfair trial of judges-Advocay-Analysis brief-2014-ENG (full text in PDF)
BOLIVIA-unfair trial of judges-Advocacy-Analysis brief-2014-SPA (full text in PDF)
Oct 3, 2014 | News
Del 27 de septiembre al 2 de octubre del presente año, la CIJ llevó a cabo una misión integrada por el comisionado de la CIJ José Antonio Martín Pallín y Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
El objeto de la misma fue analizar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La misión se entrevistó con el Procurador de los Derechos Humanos, diferentes organizaciones no gubernamentales, defensores y defensoras de derechos humanos, miembros del cuerpo diplomático, abogados y abogadas que han participado en otros procesos de elección por medio de comisiones de postulación y jueces y juezas del Organismo Judicial.
Guatemala-CIJ visita a Guatemala-News-web story-2014-SPA (full text in PDF)
Sep 22, 2014 | News
Comunicado de la CIJ tras sua visita a 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha viernes 12 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una visita a San Juan Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a solicitud de dirigentes defensores de derechos humanos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción. La visita permitió a la CIJ recabar información acerca de las dificultades que atraviesan dichas comunidades por la construcción de esta infraestructura, la cual se encuentra muy cercana a las viviendas y a la población afectada.
2. Los dirigentes de las comunidades explicaron en dicha visita, los principales daños que la construcción les causa desde ya hace varios años, siendo éstos:
a) Desde que se inició el proyecto de la construcción de la cementera las comunidades han sufrido problemas que no existían con anterioridad incluyendo amenazas en contra de quienes se oponen a dicho proyecto, órdenes de captura, procesos penales abiertos en forma prolongada y sentencias condenatorias sin pruebas .
b) Periódicamente, un helicóptero sobrevuela la zona a poca altura, causando zozobra en la población. Se trata, en opinión de los dirigentes de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, de un acto de provocación para afectar a las comunidades que se oponen al proyecto mencionado.
c) En el año 2008 ya sufrieron la imposición de un estado de excepción y temen ahora que se pueda querer establecer otro, para construir a la fuerza la carretera aludida. Si bien han solicitado información acerca del trazo de la misma al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, no han logrado obtener dicha información, razón por la cual temen que pueda atravesar sus terrenos, sin su consentimiento.
d) La construcción de la obra ha afectado los derechos y estilo de vida de los pobladores. Por ejemplo, algunas viviendas han sufrido rajaduras por los temblores que causa la construcción de la obra; las enfermedades respiratorias han aumentado, debido al polvo que provoca la construcción; el ruido de noche y durante la madrugada, no les permite vivir en paz y en general, su proyecto de vida ha sido seriamente afectado. El daño al ambiente (por ejemplo tala de árboles, ruido y otros), los está afectando y cuando la fábrica entre en operación temen que el impacto sea aún mayor e irreversible para la población del lugar.
3. Los dirigentes expresaron su deseo de solucionar esta situación por la vía del diálogo; agregaron que han demostrado estar comprometidos a favor de la solución pacífica de la problemática que les afecta; para eso han participado en la mesa de diálogo establecida previamente, con las autoridades gubernamentales.
4. A pesar de lo anterior y con gran preocupación la CIJ ha recibido alegaciones de que en la madrugada del sábado 20 de septiembre, se registraron hechos de violencia, que dejaron un saldo de aproximadamente 8 personas muertas y un número considerable de heridos. La versión oficial es confusa y no especifica el número de víctimas, ni el estado de las personas heridas, ni de otros elementos que permitan establecer la verdad de lo sucedido. De acuerdo a la información recibida lunes 22 de septiembre en la madrugada, un fuerte contingente policial entró al municipio; esto podría indicar que las autoridades pretenden imponer por segunda vez, un estado de excepción.
Ante esta situación, la Comisión Internacional de Juristas expresa:
I. Su preocupación por los actos de violencia y la posible imposición de un estado de excepción, en vista de que la legislación nacional no cumple con los estándares internacionales en la materia. En repetidas ocasiones, la CIJ ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de una nueva Ley de Orden Público, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz;
II. La CIJ considera necesario que, en estas circunstancias, las víctimas de los hechos sucedidos la madrugada del sábado 20 de septiembre y sus familiares, sean atendidos adecuadamente.
III. Corresponde a las autoridades del Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación rigurosa para aclarar los hechos. Antes de llevar a cabo esta investigación e informar a la ciudadanía sobre lo sucedido, debería evitarse la imposición de un estado de excepción con el fin de evitar más violencia y daños a las comunidades afectadas por la construcción de la cementera.
La Comisión Internacional de Juristas urgió al Ministro de Gobernación que antes de tomar medidas limitativas de derechos mediante un estado de excepción, proporcione información precisa sobre el número de víctimas, posibles líneas de investigación, el paradero de las personas heridas, si hay desplazados internos y otros aspectos de carácter humanitario.
