Jul 22, 2015 | News
El genocidio perpetrado contra población Ixil de Guatemala será debatido en el segundo juicio seguido en contra del ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt y el ex Director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El juicio está por reiniciarse el 23 de julio. Lamentablemente, este segundo juicio ya se ha visto afectado por diferentes hechos, que a continuación describimos.
La recusación de la jueza Presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, debido a la redacción de su tesis doctoral sobre el delito de Genocidio, no debió de haber sido aceptada por no existir una causa razonable, ya que dicho trabajo de tesis se relaciona con su formación académica especializada en justicia de transición.
Posteriormente, la jueza fue sustituida por un juez que ha evidenciado relaciones de amistad a través de las redes sociales con uno de los abogados defensores del acusado Ríos Montt (photo).
Nuevamente la defensa busca que por lo menos un juez “amigo” integre el tribunal. A ello se suma el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) emitió un informe que hace referencia al supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt.
La CIJ de la manera más enérgica expresa que estos actos son parte de una estrategia que tiene como propósito eludir la acción de la justicia.
La CIJ considera que ello constituye una violación al derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contra el derecho a un juicio justo, libre de intromisiones de todo actor externo.
La CIJ se permite recordar al Poder Judicial que el combate a la impunidad de acuerdo con los estándares internacionales la justicia debe obedecer a tres imperativos: juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, como el genocidio; satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido y obtener reparación integral; y fortalecer la independencia de las autoridades judiciales.
El supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt podría ser solo una simulación, para evitar que sea nuevamente llevado a juicio.
Al respecto, la CIJ denuncia las acciones violatorias del debido proceso realizadas una vez más, por la jueza Carol Patricia Flores, quien ordenó se le practicasen exámenes médicos a Ríos Montt, para averiguar acerca de su estado de salud físico y mental.
Esta orden de la jueza Flores es ilegal, debido a que el proceso ya se encontraba a cargo del tribunal de Sentencia Penal B de Mayor Riesgo y ella carecía de competencia para ordenar tal medida.
La CIJ insta a los jueces a ejercer su poder de contralores del proceso penal, rechazando todos los actos de litigio de mala fe que sean promovidos por la defensa de los procesados.
Se requiere que los jueces a cargo del juicio se encuentren libres de toda presión externa que pueda intimidarlos en su función.
Para garantizar su independencia deben contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, quien debe velar por su seguridad y por el desarrollo del proceso en un marco de respeto.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “Otra vez estamos ante una serie de medidas dilatorias, que demuestran que existen jueces que se prestan a promover la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.”
Jun 20, 2015 | News
La CIJ pide que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación rápida y eficaz en el caso del asesinato de la defensora de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
La CIJ expresa su profunda preocupación por los ataques y discriminación que sufren defensores y defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en El Salvador.
Es necesario, para prevenir la impunidad, que las autoridades investiguen los más de 500 asesinatos que, según las organizaciones que defienden los derechos humanos de la comunidad LGBTI, han ocurrido desde el año 1996.
Especial conmoción ha causado el asesinato de Francela Méndez, mujer trans y activista defensora de los derechos humanos de la comunidad transgénero en El Salvador, quien formaba parte de la red salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Francela fue asesinada el pasado 30 de mayo cuando se encontraba en casa de una amiga, quien también murió en el ataque.
Ante esta situación, la CIJ exige que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación pronta y eficaz, que permita identificar a los culpables.
El asesinato de Francela Méndez no debería quedar en la impunidad; es necesario que se identifique a los culpables, para evitar que hechos similares se sigan cometiendo en el futuro.
La CIJ insta al Sector Justicia a investigar de oficio estos crímenes, y a procesar y sancionar a quienes resulten responsables.
La CIJ considera que El Salvador debe adoptar un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad de la comunidad LGBTI y de defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI.
En tal sentido, urge implementar una campaña pública en medios de comunicación masiva, a favor del respeto a sus derechos.
Ramón Cadena, Director del programa de la CIJ para Centroamérica expresó: “Pedimos al Fiscal General de la República, que lleve a cabo una investigación objetiva para esclarecer el caso de Francela Méndez. Además, el Organismo Legislativo del Estado de El Salvador debería aprobar una Ley de Identidad de Género para poder hacer efectivos los derechos de la comunidad LGBTI, así como abstenerse de aprobar leyes o reformas constitucionales que vayan en detrimento de sus derechos. ”
Jun 19, 2015 | News
La CIJ pide a la Asamblea Legislativa de El Salvador elegir a las personas independientes, idóneas y honestas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La CIJ, ante la próxima elección por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia, expresa:
- De conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados deben hacer todos los esfuerzos posibles, para dotarse a sí mismos de un Poder Judicial Independiente. En tal sentido, es necesario que la Asamblea Legislativa haga todos los esfuerzos posibles para elegir de la lista de 30 personas, a las más idóneas, honestas e independientes;
- La Asamblea Legislativa debería dar tiempo suficiente, para permitir que en el proceso de elección, la sociedad salvadoreña pueda presentar sus observaciones y críticas hacia cada uno de los candidatos y candidatas; asimismo, después de elaborar una lista corta de posibles candidato/as (lista de 10 personas por ejemplo), la Asamblea Legislativa debería llevar a cabo audiencias púbicas con cada uno de ellos, para que la ciudadanía pueda enterarse con más detalle de la trayectoria de cada candidato/a y de su conocimiento en aspectos de administración de justicia;
- La Asamblea Legislativa debería elegir a las personas que tengan más conocimiento y experiencia en materia de administración de justicia y que sean jueces de carrera, para que quienes sean electos puedan llegar a impulsar los cambios que el Sistema de Justicia requiere. Por ejemplo, las reformas a la Carrera Judicial; separación de las facultades administrativas y jurisdiccionales de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; reformas a los procesos disciplinarios que se aplican a jueces y magistrados, entre otras.
Ramón Cadena, Director del programa la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó en su visita a El Salvador: “Si bien los acuerdos de paz introdujeron reformas importantes, después de más de quince años se requiere introducir nuevas reformas para fortalecer la independencia del Poder Judicial, en relación a los otros poderes del Estado de El Salvador y alcanzar una mayor independencia judicial. Seguiremos observando de cerca el desarrollo y los resultados de este proceso de elección.”
Jun 11, 2015 | News
Durante los días 8 y 11 de Junio una misión de la CIJ ha visitado Uruguay para discutir con autoridades, víctimas y la sociedad civil el estado de la lucha contra la impunidad para las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo dictatorial.
Apr 7, 2015 | News
Venezuela is intimidating and harassing human rights defenders, and making unsubstantiated allegations that they are seeking to undermine Venezuelan democracy, 28 international and Latin American human rights organizations, including the ICJ, said today.
The authorities’ allegations concern the groups’ legitimate functions of documenting abuses and representing victims before international human rights bodies.
Venezuelan authorities should cease this tactic immediately, the groups said.
Governments participating in the Summit of the Americas in Panama on April 10-11, 2015, should press the administration of Nicolás Maduro to ensure that human rights defenders can do their job without fear of reprisals, the organizations said.
The government harassment is clearly intended to discredit and intimidate groups that document human rights violations, the groups said.
On February 12, Diosdado Cabello, president of the National Assembly and member of the governing party, stated on the website of his weekly TV show, Con el Mazo Dando, aired on the state-run Venezolana de Televisión, that “NGO representatives from the Venezuelan extreme right” would participate in hearings before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in March.
Cabello had previously criticized Venezuelan human rights defenders who participated in the country’s review by the UN Committee Against Torture in Geneva, or traveled abroad to conduct advocacy meetings.
On March 18, during his show, Cabello read a list of names of individuals and organizations who had traveled to Washington, DC, to participate in the IACHR hearings.
The list included leading human rights groups such as Provea, Espacio Público (Public Space), Observatorio Venezolano de Prisiones (Venezuelan Observatory of Prisons), Transparencia Venezuela (Transparency Venezuela), Cofavic, Codevida, and Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Venezuelan Observatory of Social Conflicts).
Cabello accused them of receiving instructions from the US Embassy in Caracas before traveling to the hearings.
Cabello contends that the information presented on the show had been provided by anonymous “patriotic informants” (patriotas cooperantes).
Twelve human rights defenders who arrived in Caracas on various flights between March 20 and 22 have said that they were followed by unidentified men from when they landed until they left the airport, were filmed or photographed, and/or that officials irregularly searched their bags.
On March 23, María Alejandra Díaz, a lawyer who represented the government at the IACHR hearings, said on Venezolana de Televisión that “The issue of human rights is just a façade” and that nongovernmental groups that participated in the hearings “say they are Venezuelan” but “play the imperialist game” and “lie in front of the IACHR to make Venezuela look like the devil.”
An article published on April 3 in the official newspaper Correo del Orinoco accused two well-respected human rights defenders of being part of the US Central Intelligence Agency’s “Venezuelan delegation” at the Summit of the Americas.
Their objective is to “legitimize destabilization actions” in Venezuela, the article says.
Under international law, governments must ensure that human rights defenders are allowed to pursue their legitimiate activities without reprisals, threats, intimidation, harassment, discrimination, or unnecessary legal obstacles.
The Inter-American Court of Human Rights held in 2003 that “[r]espect for human rights in a democratic state depends largely on human rights defenders enjoying effective and adequate guarantees so as to freely go about their activities.”
The rights to freedom of expression and association may be subject to limitations, but the limitations must adhere to strict standards so that they do not improperly impede the exercise of those rights. Any restrictions should be prescribed by law, be necessary in a democratic society, and proportionate to the aim pursued.
In 2012, the UN special rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association called on countries to ensure that these rights “are enjoyed by everyone and any registered or unregistered entities” and that no one is subject to “harassment, persecution, intimidation or reprisals” for exercising them.
Signatories
Amnesty International
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Peru)
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Mexico)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) (Mexico)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia)
Center for Justice and International Law (CEJIL)
CIVICUS
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Mexico)
Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)
Corporación Humanas (Chile)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Peru)
Due Process of Law Foundation (DPLF)
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) (Uruguay)
Instituto de Defensa Legal (IDL) (Peru)
Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brazil)
International Commission of Jurists
International Federation for Human Rights (FIDH)
International Service for Human Rights (ISHR)
Frontline Defenders
Fundación Myrna Mack (Guatemala)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)
Human Rights Watch
Observatorio Ciudadano (Chile)
Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights
Transparency International
World Organization Against Torture
Venezuela-Harassment of HRDs-News-web stories-2015-SPA (full text in PDF, Spanish version)
Venezuela-Harassment of HRDs-News-web stories-2015-POR (full text in PDF, Portuguese version)
Mar 5, 2015 | News
La CIJ urge a las autoridades a tomar las medidas para investigar y corregir esta situación.
Entre el 23 de febrero y el 4 de marzo visitaron Guatemala miembros de la Asociación de Jueces de Noruega; el Presidente del Foro Democrático de Jueces de El Salvador y la ex Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
Dicha visita se llevó a cabo en el marco del trabajo de la CIJ sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
La oportunidad fue propicia para realizar reuniones y debates con miembros del Poder Judicial de Guatemala y con otros operadores de justicia.
Además se mantuvieron reuniones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras magistradas de dicha corte; con la Fiscal General; con el Procurador de los Derechos Humanos; con el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad; con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con otros actores relevantes de la sociedad guatemalteca, abogados y abogadas; dirigentes de Pueblos Indígenas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
Al concluir su trabajo, la CIJ se encuentra alarmada por las presiones que existen en contra de jueces y juezas independientes que debido al cumplimiento de su función son frecuentemente objeto de denuncias y amenazas.
Entre las acciones que se están implementando en contra de jueces y juezas independientes, lo constituyen los traslados selectivos e injustificados que tienen como principal objetivo afectar y castigar a aquellos jueces que cumplen su función en forma independiente e imparcial.
Por otro lado, se suman denuncias infundadas en contra de los mismos, al tiempo que se configura un patrón de represión en contra de ellos, que tiene como objetivo que los jueces y juezas renuncien a su independencia judicial y “ajustar cuentas” por los casos que han juzgado.
Por otro lado, el caso relacionado con las sanciones impuestas el año 2014 en forma arbitraria por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en contra de la Jueza Iris Yassmín Barrios Aguilar, aún se encuentra pendiente de resolución final, sin que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelva el amparo presentado por dicha jueza.
Desde el año pasado, la CIJ expresó que dichas sanciones son arbitrarias e ilegales y que los jueces y juezas no pueden ser sancionados por un órgano como el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que carece de competencia para ello; además, manifestó que de conformidad con los estándares internacionales y la legislación interna, los jueces y juezas sólo pueden ser objeto de sanciones por parte de los órganos del Poder Judicial establecidos para tal fin (Juntas de Disciplina y Supervisión General de Tribunales).
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “La situación es grave y urgimos a la Corte Suprema de Justicia a suspender cualquier medida que afecte la independencia de jueces y juezas y a implementar las reformas que se necesitan para promover y proteger la independencia del poder judicial como garantía para la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
