Hoy, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) llaman al Gobierno a respetar la independencia judicial de la Corte Constitucional y adoptar medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad de los magistrados de la Corte.
El llamado se hace en consideración de las amenazas que desde distintas fuentes han recibido los magistrados luego que, el 21 de febrero de 2022, la Corte decidiera descriminalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.
El 22 de febrero, el presidente, Iván Duque Márquez, criticó abiertamente la decisión de la Corte. Duque sugirió que, a raíz de la decisión, el aborto se podría convertir en un método anticonceptivo regular. También cuestionó la competencia de la Corte para encargarse de la regulación del aborto. En el mismo día, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez Blanco, también criticó a la Corte. Aunque la vicepresidenta aceptó que había que atacarse la decisión, declaró que la decisión de la Corte legitimaba la muerte y era desproporcionada e inhumana.
“Esta no es la primera vez que el Gobierno cuestiona decisiones judiciales o la legitimidad de los jueces”, dijo Ana María Rodríguez, subdirectora de la CCJ. “Atacar la independencia judicial ha sido una práctica recurrente durante el mandato del presidente Duque”, agregó Rodríguez.
Las declaraciones del presidente y la vicepresidenta pueden poner en entredicho la legitimidad de la Corte Constitucional y violan el principio de la independencia judicial establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de 1991. Asimismo, estos comentarios por parte de altos funcionarios del Gobierno desconocen los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. De conformidad con estos principios, los jueces “resolverán los asuntos que conozcan (…) sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Adicionalmente, los Principios establecen que la judicatura “tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley.”
El 4 de marzo, el grupo armado “Águilas Negras” envió a las instalaciones de la Corte Constitucional una amenaza escritacontra los magistrados que votaron a favor de la descriminalización del aborto. En un documento de dos hojas, el grupo exigió a los magistrados cambiar la decisión, de lo contrario, se convertirían en “objetivos militares”.
“Los ataques a los magistrados son ataques al Estado de Derecho”, dijo Rocío Quintero Martínez, asesora legal de la CIJ. “Como la Corte Constitucional ha mencionado previamente, cuestionar la credibilidad de las decisiones judiciales debilita el sistema democrático y abre la puerta para que no se dé cumplimiento a las decisiones”, mencionó Quintero.
Organizaciones de la sociedad civil y los presidentes de las otras Altas Cortes han condenado la amenaza y han exigido la adopción de medidas de protección para los magistrados. Sin embargo, al momento de este escrito, ni el Gobierno Nacional, ni la Fiscalía General de la Nación habían hecho declaraciones públicas en relación a la amenaza.
La CCJ y la CIJ instan al Gobierno Nacional a desistir en el futuro de cualquier interferencia a la independencia judicial y a dar total cumplimiento a la decisión de la Corte Constitucional. El Gobierno debe promover la regulación del aborto y programas sobre salud sexual y reproductiva, en los términos requeridos por la Corte Constitucional.
Finalmente, la CCJ y la CIJ también le recomiendan al Gobierno colombiano tomar medidas para proteger la vida y la integridad personal de los magistrados de la Corte Constitucional, como es requerido por el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando la seguridad de los jueces es amenazada, las autoridades deben tomar medidas para permitir que la judicatura puede llevar a cabo su labor sin intimidaciones o acosos.
Antecedentes
El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo público un comunicado anunciando que, a través de la Sentencia C-055 de 2022, el aborto solo sería un delito si es cometido luego de la semana 24 de gestación. Esta decisión cambió la jurisprudencia que la Corte había establecido en 2006. Al respecto, en la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional había determinado que el aborto era permitido en tres circunstancias: (i) cuando el embarazo constituía peligro para la vida o la salud de la mujer, (ii) cuando existía grave malformación del feto que hiciera inviable su vida y (iii) cuando el embarazo era resultado de una violación, incesto o inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
Contactos:
Ana María Rodríguez, Subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, correo: [email protected]
Rocío Quintero Martínez, Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, correo: [email protected]