Jul 22, 2015 | News
Ante los procesos penales que ha iniciado la Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país, la CIJ expresa su absoluto apoyo al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez por la batalla que está librando por la depuración del Estado de Guatemala y contra la corrupción.
Todos los casos develados por la CICIG están demostrando los niveles de impunidad existentes, debido a la persistencia de diferentes estructurales criminales, que cuentan con participación de altos funcionarios de Gobierno.
La CIJ lamenta que un partido político esté promoviendo acciones en contra de la CICIG y manifestaciones de diversa índole, para desestabilizar al país y evitar que sus miembros y candidatos sean investigados.
La CIJ se permite recordar que los actos de corrupción afectan seriamente la vida de toda la población guatemalteca, el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de las mayorías y corroe los cimientos básicos del Estado de derecho.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, declaró: “Hacemos un llamado a todos los partidos políticos, para que apoyen la gestión de la CICIG y faciliten toda la información que coadyuve a las investigaciones que la CICIG está llevando a cabo para erradicar la corrupción en el país.”
Jul 22, 2015 | News
El genocidio perpetrado contra población Ixil de Guatemala será debatido en el segundo juicio seguido en contra del ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt y el ex Director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El juicio está por reiniciarse el 23 de julio. Lamentablemente, este segundo juicio ya se ha visto afectado por diferentes hechos, que a continuación describimos.
La recusación de la jueza Presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, debido a la redacción de su tesis doctoral sobre el delito de Genocidio, no debió de haber sido aceptada por no existir una causa razonable, ya que dicho trabajo de tesis se relaciona con su formación académica especializada en justicia de transición.
Posteriormente, la jueza fue sustituida por un juez que ha evidenciado relaciones de amistad a través de las redes sociales con uno de los abogados defensores del acusado Ríos Montt (photo).
Nuevamente la defensa busca que por lo menos un juez “amigo” integre el tribunal. A ello se suma el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) emitió un informe que hace referencia al supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt.
La CIJ de la manera más enérgica expresa que estos actos son parte de una estrategia que tiene como propósito eludir la acción de la justicia.
La CIJ considera que ello constituye una violación al derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contra el derecho a un juicio justo, libre de intromisiones de todo actor externo.
La CIJ se permite recordar al Poder Judicial que el combate a la impunidad de acuerdo con los estándares internacionales la justicia debe obedecer a tres imperativos: juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, como el genocidio; satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido y obtener reparación integral; y fortalecer la independencia de las autoridades judiciales.
El supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt podría ser solo una simulación, para evitar que sea nuevamente llevado a juicio.
Al respecto, la CIJ denuncia las acciones violatorias del debido proceso realizadas una vez más, por la jueza Carol Patricia Flores, quien ordenó se le practicasen exámenes médicos a Ríos Montt, para averiguar acerca de su estado de salud físico y mental.
Esta orden de la jueza Flores es ilegal, debido a que el proceso ya se encontraba a cargo del tribunal de Sentencia Penal B de Mayor Riesgo y ella carecía de competencia para ordenar tal medida.
La CIJ insta a los jueces a ejercer su poder de contralores del proceso penal, rechazando todos los actos de litigio de mala fe que sean promovidos por la defensa de los procesados.
Se requiere que los jueces a cargo del juicio se encuentren libres de toda presión externa que pueda intimidarlos en su función.
Para garantizar su independencia deben contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, quien debe velar por su seguridad y por el desarrollo del proceso en un marco de respeto.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “Otra vez estamos ante una serie de medidas dilatorias, que demuestran que existen jueces que se prestan a promover la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.”
Jun 24, 2015 | Advocacy
The ICJ joined more than 100 organizations in endorsing a call before the UN Human Rights Council for accountability of US officials responsible for torture and enforced disappearances in the rendition and secret detention programmes and for reparations to be provided for the victims.
The call was made by the American Civil Liberties Union, the Centrol de Estudios Legales and Sociales, Conectas Direitos Humanos, and the Washington Office on Latin America.
The statement can be downloaded here:
USA-HRC29ShortOralStatementTortureRendition-Advocacy-2015-ENG (short version, in PDF)
USA-HRC29StatementTortureRendition-Advocacy-2015-ENG (full text in PDF)
USA-HRC29StatementTortureRendition-Advocacy-2015-SPA (full text in PDF, Spanish)
USA-HRC29StatementTortureRendition-Advocacy-2015-ARA (full text in PDF, Arabic)
Jun 20, 2015 | News
La CIJ pide que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación rápida y eficaz en el caso del asesinato de la defensora de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).
La CIJ expresa su profunda preocupación por los ataques y discriminación que sufren defensores y defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en El Salvador.
Es necesario, para prevenir la impunidad, que las autoridades investiguen los más de 500 asesinatos que, según las organizaciones que defienden los derechos humanos de la comunidad LGBTI, han ocurrido desde el año 1996.
Especial conmoción ha causado el asesinato de Francela Méndez, mujer trans y activista defensora de los derechos humanos de la comunidad transgénero en El Salvador, quien formaba parte de la red salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Francela fue asesinada el pasado 30 de mayo cuando se encontraba en casa de una amiga, quien también murió en el ataque.
Ante esta situación, la CIJ exige que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación pronta y eficaz, que permita identificar a los culpables.
El asesinato de Francela Méndez no debería quedar en la impunidad; es necesario que se identifique a los culpables, para evitar que hechos similares se sigan cometiendo en el futuro.
La CIJ insta al Sector Justicia a investigar de oficio estos crímenes, y a procesar y sancionar a quienes resulten responsables.
La CIJ considera que El Salvador debe adoptar un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad de la comunidad LGBTI y de defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI.
En tal sentido, urge implementar una campaña pública en medios de comunicación masiva, a favor del respeto a sus derechos.
Ramón Cadena, Director del programa de la CIJ para Centroamérica expresó: “Pedimos al Fiscal General de la República, que lleve a cabo una investigación objetiva para esclarecer el caso de Francela Méndez. Además, el Organismo Legislativo del Estado de El Salvador debería aprobar una Ley de Identidad de Género para poder hacer efectivos los derechos de la comunidad LGBTI, así como abstenerse de aprobar leyes o reformas constitucionales que vayan en detrimento de sus derechos. ”
Jun 19, 2015 | News
La CIJ pide a la Asamblea Legislativa de El Salvador elegir a las personas independientes, idóneas y honestas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La CIJ, ante la próxima elección por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia, expresa:
- De conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados deben hacer todos los esfuerzos posibles, para dotarse a sí mismos de un Poder Judicial Independiente. En tal sentido, es necesario que la Asamblea Legislativa haga todos los esfuerzos posibles para elegir de la lista de 30 personas, a las más idóneas, honestas e independientes;
- La Asamblea Legislativa debería dar tiempo suficiente, para permitir que en el proceso de elección, la sociedad salvadoreña pueda presentar sus observaciones y críticas hacia cada uno de los candidatos y candidatas; asimismo, después de elaborar una lista corta de posibles candidato/as (lista de 10 personas por ejemplo), la Asamblea Legislativa debería llevar a cabo audiencias púbicas con cada uno de ellos, para que la ciudadanía pueda enterarse con más detalle de la trayectoria de cada candidato/a y de su conocimiento en aspectos de administración de justicia;
- La Asamblea Legislativa debería elegir a las personas que tengan más conocimiento y experiencia en materia de administración de justicia y que sean jueces de carrera, para que quienes sean electos puedan llegar a impulsar los cambios que el Sistema de Justicia requiere. Por ejemplo, las reformas a la Carrera Judicial; separación de las facultades administrativas y jurisdiccionales de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; reformas a los procesos disciplinarios que se aplican a jueces y magistrados, entre otras.
Ramón Cadena, Director del programa la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó en su visita a El Salvador: “Si bien los acuerdos de paz introdujeron reformas importantes, después de más de quince años se requiere introducir nuevas reformas para fortalecer la independencia del Poder Judicial, en relación a los otros poderes del Estado de El Salvador y alcanzar una mayor independencia judicial. Seguiremos observando de cerca el desarrollo y los resultados de este proceso de elección.”
