Sep 24, 2013 | News
Por primera vez, un Juzgado de primera instancia, condenó al Estado guatemalteco por violaciones al derecho a la alimentación.
Está incluye la violación al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la vivienda de niños y niñas del municipio de Camotán del departamento de Chiquimula al noroeste de este país.
El Estado de Guatemala fue declarado responsable de estas violaciones, por omisión, al no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud en estos niños a causa de la desnutrición crónica sufrida por falta de una alimentación adecuada.
Las sentencias fueron emitidas entre abril y mayo de este año por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del departamento de Zacapa.
Estas resoluciones obligan al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, al Ministerio de Salud y Asistencia Social, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Fondo de Tierras, a la Secretaria de Asuntos Agrarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría para los Derechos Humanos y a la Municipalidad de Chiquimula a que adopten una serie de medidas para restaurar los derechos violados.
A solicitud de la Campaña Guatemala sin Hambre y de los abogados litigantes Jaime Tecu y Lorena Ramírez, la oficina de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica presentó en todos los casos un Amicus Curiae a fin de ilustrar al juzgador sobre los estándares internacionales relativos a la protección de niños/niñas y al derecho a la alimentación, así como las obligaciones jurídicas generales y específicas de los Estados en esta materia.
Además se abordó el acceso a la justicia, la exigibilidad legal del derecho a la alimentación, la función de la administración de justicia y la responsabilidad del Estado de Guatemala en materia del derecho a la alimentación.
La elaboración del Amicus Curiae contó con el apoyo del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la CIJ.
Estas sentencias significan un avance para la justiciabilidad de los DESC y constituye un paso para lograr el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en Guatemala.
Además, representa un precedente para que otros casos sean judicializados y se logre que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la alimentación según los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
En coordinación con la Campaña Guatemala sin Hambre y con los abogados antes mencionados se llevarán a cabo diferentes acciones para la ejecución de las sentencias.
Se adjunta a esta nota una copia de uno de los Amicus Curiae presentados por la CIJ, así como la última sentencia emitida en uno de los casos.
Guatemala-CIJ Amicus Derecho a la Alimentación-legal submissions-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Resumen casos de los niños y niñas de Camotán-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Leonel Amador Garcia-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Mayra Amador Espino-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Dina Marilu y Malvelita Lucila-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Brayan Rene Espino Ramirez-cases-2013-spa (full text in pdf)
Aug 29, 2013 | News
También la CIJ solicita audiencia temática a la comisión interamericana de derechos humanos.
La CIJ condenó los ataques que se han venido dando en contra de defensores de derechos humanos en Guatemala.
Por tal razón, conjuntamente con organizaciones sociales y campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC), Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), WAQIB´KEJ y otras organizaciones sociales de Guatemala, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social el pasado viernes.
El objeto de la misma es, además de proporcionar información sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social, identificar patrones de represión en contra de líderes sociales en Guatemala.
Según la CIJ, este fenómeno es un claro retroceso del proceso democrático de Guatemala.
En efecto, se han identificado patrones de represión estatal, utilizando el derecho penal para reprimir las libertades de pensamiento, expresión y reunión de sus actores.
En este contexto, la CIJ nota con preocupación varios patrones de ataque en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, que preocupan profundamente y que se expresan en detenciones ilegales, campañas de difamación y acusaciones falsas, ataques directos que han quitado la vida a cuatro periodistas en los últimos meses y falta de investigación pronta y eficiente, que identifique quien está detrás de estos hechos y si hay presencia de estructuras criminales organizadas que cometen estos crímenes para evitar la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y de sus territorios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Pedimos a las autoridades del Sistema de Justicia que investiguen estos ataques. La impunidad de estos hechos sigue siendo alarmante. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas debería nombrar cuanto antes al futuro representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debería ser un Fiscal con experiencia para continuar la lucha en contra de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.”
Jul 27, 2013 | News
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña”. Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país”, añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato. La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 25, 2013 | News
On 16 July, the ICJ addressed a UN panel on the rights of peasants and other people working in rural areas.
The panel took place during the first session of the open-ended intergovernmental working group on a UN declaration relating to this issue.
The ICJ made an intervention concerning the issues of poverty, discrimination and human rights violations that a vast majority of persons living and working in rural areas face.
This intervention informed the discussion of the working group on the need to better guarantee and protect the rights of these persons, in the perspective of the possible adoption of a new UN declaration.
Working Group on rights of peasants PANEL II (Full Text in PDF)
