Feb 11, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
ECOPETROL presentó una petición de nulidad del laudo arbitral que ordenó el reintegro de 106 de los 248 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente durante la huelga realizada en 2004.
Tambien ECOPETROL inició procesos disciplinarios contra los trabajadores con el fin de despedirlos.
El fallo del tribunal de arbitramento voluntario, pactado el 26 de mayo de 2004 para poner fin a la huelga que realizó el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), se acordó que sería inapelable. Por su parte, la USO a pesar de que el fallo no accedió a todas sus pretensiones, decidió respetar y acatar la decisión allí contenida.
Las acciones de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), son un abierto desacato a los acuerdos del 26 de mayo, desconocen la legalidad y no hacen honor al compromiso de cumplir el fallo unánime del tribunal de arbitramento voluntario, integrado por 2 árbitros nombrados por la empresa, dos por la USO y uno escogido de común acuerdo por la Iglesia Católica y la Cámara de Comercio de Bogotá. Persistir en esta actitud, subvierte el ordenamiento jurídico y pone a la empresa en abierta contradicción con el gobierno central, que acompañó y avaló el acuerdo que hoy se pretende desconocer. El Gobierno debe hacer que la empresa estatal cumpla su compromiso y, así como estuvo presto a declarar la ilegalidad de la huelga, ahora debe ordenarle a ECOPETROL que acate el fallo y no obstaculice su cumplimiento con argumentos torticeros.
Conviene recordar que la decisión sobre la legalidad de la huelga quedó en manos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), tal y como se pactó en los acuerdos del 26 de mayo.{{1}} El Comité de Libertad Sindical conoce del caso desde junio de 2004 y en los próximos meses adoptará sus recomendaciones que, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, serán de obligatorio cumplimiento para el Gobierno de Colombia.{{2}}
Confiamos en que la OIT dará la razón a la Unión Sindical Obrera y, a través de ella, al conjunto del movimiento sindical colombiano, afianzando el exitoso movimiento que ha venido liderando la USO en defensa de ECOPETROL y de las libertades sindicales.
Más información:
Carlos Rodríguez Mejía
Cel: 300 210 1545
Tel. 376 8200 Bogotá
Colombia-ecopetrol-news-2005-spa (en PDF)
Colombia-ecopetrol-annex-news-2005-spa (en PDF)
Footnotes:
[[1]] “con el propósito de garantizar el armonioso desarrollo y la permanencia óptima de manera inmediata de las relaciones Empresa-Sindicato, las partes sólo podrán iniciar las acciones legales que consideren contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga o del laudo arbitral”. Acta de acuerdo Gobierno nacional-Ecopetrol-Uso.
[[2]] Corte Constitucional, Sentencia T. 568 de 1999.
Jan 28, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
Al terminar su misión de diez días en Colombia, la CIJ presenta sus conclusiones preliminares acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de “seguridad democrática” sobre los derechos humanos y el estado de derecho.
La CIJ expresa su más alta preocupación por la impunidad que rodea la desmovilización de grupos paramilitares.
Dichos grupos siguen en la mesa de negociación haciéndose acreedores de beneficios jurídicos a pesar de que no han respetado el cese de hostilidades pactado en diciembre de 2002.
La CIJ ha recibido información de que, entre diciembre de 2002 y agosto de 2004, estos grupos han cometido por lo menos 1.899 asesinatos y desapariciones forzadas.
La CIJ considera que el proceso, de la manera en que se está adelantando perpetúa la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además no existe un marco legal adecuado que contemple un mecanismo eficaz de verificación del proceso y que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Durante su misión, la CIJ tuvo conocimiento de que el Gobierno se empeña en negar la existencia de un conflicto armado.
Esta apreciación es contraria a todas las evidencias. A raíz de este conflicto, el país sigue viviendo una grave crisis humanitaria puesto que cuenta con tres millones de personas internamente desplazadas.
En nombre de la lucha antiterrorista y para implementar la política de “seguridad democrática”, el Gobierno ha adoptado o promovido la adopción de varias medidas que han generado una degradación de la situación de derechos humanos. Particularmente alarmante es la práctica sistemática de detenciones masivas o individuales y de allanamientos arbitrarios por parte de la fuerza pública.
En Arauca, donde dicha fuerza tiene una presencia muy fuerte, se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información no corroborada proveniente de miembros de la red de informantes o de reinsertados, que a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos y jurídicos.
En Arauca, la misión ha sido testigo también del hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y de la estigmatización de su labor.
En el marco de la política de “seguridad democrática”, se han promovido también reformas constitucionales que afectan la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Resultan preocupantes los varios intentos de limitar las competencias de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la CIJ pide a la comunidad internacional que en la reunión que se llevará a cabo con el Gobierno colombiano en Cartagena los días 3 y 4 de febrero, condicione su apoyo al actual proceso de desmovilización a: la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra y a la adopción de un marco legal compatible con el derecho internacional y de medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Asimismo, pide a la comunidad internacional que insista en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que se publicará antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2005.
Colombia-high-level mission-press release-2005-spa (en PDF)
Jan 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ empieza hoy una misión de alto nivel de diez días en Colombia para evaluar el impacto de la “política de seguridad democrática” sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho en el país.
La misión estará compuesta por Mariclaire Acosta (ex-Vicecanciller para los Derechos Humanos del Gobierno de México), Carlos Castresana (Fiscal Anticorrupción español) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.
Durante décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus informes.
Desde 2002, y en nombre de la lucha antiterrorista, el Gobierno colombiano ha promovido una nueva política de seguridad llamada política de “seguridad democrática”. En la implementación de esta política, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran reformas constitucionales y legales y una creciente participación de la población civil en el conflicto armado. Algunas de estas medidas afectan principios básicos del estado de derecho, la administración de justicia y resultan en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias masivas o individuales.
Asimismo, en el marco del actual proceso de desmovilización paramilitar, el Gobierno ha adoptado y pretende adoptar medidas legales que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, la misión de la CIJ evaluará esta situación.
Los miembros de la misión se reunirán con representantes del Gobierno colombiano, miembros del Congreso y del Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional. Producirán un informe que será difundido internacionalmente y presentado durante la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Colombia-paramillitary-news-2005-spa (en PDF)
Oct 19, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
En la víspera de la reunión del Comité América latina del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la CIJ llama a los Estados Miembros a que no contribuyan ciegamente al programa colombiano de desmovilización y reinserción de paramilitares y grupos armados de oposición.
De acuerdo con los planes del gobierno colombiano, los paramilitares o los grupos armados de oposición que se acojan a la desmovilización pueden ser indultados incluso por violaciones graves a los derechos humanos tales como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. “El derecho internacional dice claramente que no puede haber amnistía o indulto para crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Antes de comprometerse a apoyar financieramente al programa de reinserción, la Unión Europea debería cerciorarse de que todo proceso de negociación con los grupos armados provea verdad, justicia y reparación, no más impunidad. La voz de las víctimas en Colombia debe ser escuchada en Bruselas,” añadió Nicholas Howen.
Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Extranjera y de Seguridad Común, reiteró en el pasado mes de septiembre el apoyo político de la Unión Europea a los procesos de desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales en una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Carolina Barco. Durante su visita a Bruselas, la Ministra solicitó el apoyo financiero de la Unión Europea para este nuevo programa. Dicha solicitud debe ahora ser examinada por el Consejo y el Parlamento europeos.
La CIJ manifiesta su preocupación por el hecho de que la reunión del Comité América latina mañana en Bruselas pueda ser un primer paso hacia la adopción, por el Consejo y el Parlamento europeos, de un elemento nuevo en la cooperación europea con Colombia.
“Es inconcebible que la Unión Europea coopere con el gobierno colombiano en un programa que tendrá como resultado la impunidad de quienes cometieron crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen.
Antecedentes
En julio de 2004 el gobierno colombiano inició un diálogo de paz con las AUC (Autodefensas unidas de Colombia), mayor grupo paramilitar en Colombia. Miles de paramilitares están ahora esperando su desmovilización. Para facilitar este diálogo, se aprobó el Decreto n°128 que indulta a los miembros de grupos armados que no han sido condenados o que no han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con un proyecto de ley bajo debate en el Congreso, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, podrían ser liberados.
La CIJ ha venido siguiendo de cerca las negociaciones entre el gobierno colombiano y los paramilitares. En junio de 2004, la organización presentó una intervención de Amicus Curiae sobre el Decreto 128 ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo del país.
Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer, al +41 22 979 38 21.
Colombia-paramillitary-news-2004-spa (en PDF)
Aug 27, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, destacó el importante papel que ha jugado y juega la Corte Constitucional de Colombia al supervisar la legalidad de las medidas anti-terroristas.
Durante la Conferencia de la CIJ sobre Derechos Humanos y Terrorismo que se está realizando en Berlín entre el 27 y 28 de agosto, la Alta Comisionada señaló que la Corte Constitucional “ha ejercido un rol sumamente importante como órgano de revisión de los estados de excepción declarados por el poder ejecutivo en el marco del conflicto que afecta a dicho país”. Asimismo, la Sra. Arbour indicó que “las decisiones de la Corte frecuentemente la han situado en el centro de la controversia, precisamente debido a la independencia que ha demostrado en el desempeño de sus funciones”.
Este reconocimiento de la destacada labor de la Corte Constitucional es tanto más importante dado que el gobierno colombiano está promoviendo una reforma que pretende recortar los poderes de control de la Corte y ha venido tomando medidas anti-terroristas incompatibles con sus obligaciones internacionales.
Más de 150 juristas procedentes de todas partes del mundo, entre ellos jueces, abogados y organizaciones afiliadas a la CIJ, se reunen para debatir los principios de derechos humanos que deben ser respetados en la lucha contra el terrorismo. La Conferencia producirá una declaración en la que se enumerarán y detallarán dichos principios.
Colombia-Constitutional Court-press release-2004 (en PDF)
