Apr 5, 2014 | Artículos, Noticias
El 5 de abril de 2014 tribunal de honor del colegio de abogados de Guatemala emitió una resolución en la que acordó la “suspensión temporal en el ejercicio de su profesión a la jueza Yasmin Barrios” por haber faltado el respeto al abogado Moises Galindo.
Moises Galindo fue uno de los defensores del general Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Además, el tribunal impuso una sanción económica de q. 5,040.
Ante esta resolución, la CIJ manifiesta:
- 1. Que la resolución es improcedente, por haber sido emitida por el tribunal de honor del colegio de abogados sin tener facultades para ello. En el caso de abogados o abogadas que ejercen una función jurisdiccional, es la junta de disciplina del organismo judicial la encargada de evaluar estos casos y de imponer una sanción a jueces y juezas. El marco jurídico para ello lo constituye la ley de la carrera judicial.
- 2. La resolución del tribunal de honor atenta en contra de la independencia judicial, contraviniendo el artículo 203 de la constitución política.
- 3. En el presente caso, la junta de disciplina del organismo judicial rechazó por improcedente el 19 de abril de 2013 una denuncia por los mismos hechos en contra de la jueza Yasmín Barrios. A su vez, la corte suprema de justicia rechazó tres antejuicios en contra de la jueza barrios y de los otros dos jueces que integran el tribunal de mayor riesgo “a” y el procurador de los derechos humanos declaró improcedente una denuncia similar, presentada en contra de la jueza barrios y de los otros miembros del tribunal de mayor riesgo.
- 4. La resolución de suspensión en contra de la jueza Barrios sugiere la existencia de un pacto de impunidad en guatemala entre diferentes sectores, para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia en guatemala.
- 5. Es de hacer notar que el juicio por genocidio fue observado por diferentes personas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, así como por la prensa nacional e internacional y en ningún momento fue establecido que la jueza barrios u otro miembro del tribunal faltara el respeto al abogado Moises Galindo.
- 6. La corte suprema de justicia debería tomar medidas efectivas para proteger a jueces y juezas contra actos de intimidación, de forma de salvaguardar la independencia judicial.
Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica (foto) expresó: “creemos que se trata de un pacto para reforzar la impunidad, que se inició con la resolución de la corte de constitucionalidad que recortó el período constitucional de la fiscal general que es pasible de extenderse a la elección de fiscal general, actualmente en marcha, y a la próxima elección de magistrados de la corte suprema de justicia y de salas de apelaciones.
Consideramos que se debe iniciar una investigación sobre el actuar de los miembros del tribunal de honor del colegio de abogados y que es muy importante que la corte suprema de justicia se pronuncie en defensa de la independencia del poder judicial. Asimismo la CICIG debería investigar el pacto de impunidad que se ha hecho cada vez mas evidente en nuestro pais”.
Mar 3, 2014 | Artículos, Noticias
La CIJ lamenta la muerte del Sr. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, ocurrida el día de ayer domingo 2 de marzo.
Así mismo, expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus colegas del Organismo Judicial, gremio de abogados y abogadas y al pueblo de Guatemala en general.
La muerte del magistrado César Barrientos deja un vacío muy grande en el ámbito de la justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala, ya que siempre se distinguió como un defensor de la independencia judicial y del Estado de Derecho.
Feb 7, 2014 | Artículos, Noticias
La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, fue nombrada el 10 de diciembre de 2010 para dirigir la institución por un período de 4 años, que legalmente vence el 9 de diciembre de 2014.
Su nombramiento ocurrió, hasta dicha fecha, como resultado de la repetición del proceso de selección debido a acusaciones que cuestionaban la honorabilidad e idoneidad de la persona previamente electa.
La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público se ha constituido por sus resultados de gestión ante el Ministerio Público, como una figura democrática e independiente que ha realizado una importante labor en la protección y defensa de derechos humanos y en el desmantelamiento de estructuras criminales importantes. Esta figura contraviene los intereses de oscuros grupos que buscan interrumpir la continuidad del trabajo de la Fiscal.
Por ello, un abogado, ha puesto en marcha acciones jurídicas promoviendo que la Corte de Constitucionalidad acceda a reducir el período de gestión de la actual Fiscal.
El 05 de febrero del presente año, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en que concede un amparo provisional y ordena al Congreso de la República convocar a la conformación de un nuevo proceso de elección para cambio de Fiscal General.
De confirmarse este amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad, se tendría como resultado que la fiscal sea removida de su cargo y se estaría violentando el Estado de Derecho.
Guatemala-Commuicado en defensa del estado de derecho-news-web story-2014-spa (full text in pdf)
Foto: ICTJ
Oct 24, 2013 | Artículos, Noticias
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
Sep 26, 2013 | Artículos, Noticias
La oficina de la CIJ en Centroamérica realizó una visita a Nebaj, Cunen y Sacapulas, municipios del departamento de Quiché, con el objeto de implementar un taller en cada municipio.
Los talleres tienen el objetivo de entregar los resultados de la investigación sobre la situación registral de los ejidos de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunen y Sacapulas, que realizara a solicitud de diferentes comunidades de dichos municipios.
La CIJ pudo constatar que estas comunidades siguen estando seriamente afectadas por la pobreza y extrema pobreza en la que viven.
Las violaciones al derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación y a otros derechos colectivos les siguen causando serios daños y alcanzar su respeto sigue siendo una tarea pendiente, a pesar de los diferentes compromisos de Estado establecidos en los acuerdos de paz.
En los diferentes talleres realizados, las comunidades identificaron las principales acciones públicas que los han afectado en los últimos años.
Además, plantearon un nuevo problema relacionado con el intento de remedir las áreas protegidas que se han creado para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Los talleres también permitieron a las comunidades identificar las principales acciones jurídicas y políticas que tomarán en el futuro, para continuar con la defensa de sus territorios y recursos naturales.
Guatemala-Tierra talleres de Nebaj, Cunen y Sacapulas-news-web story-2013-spa (full text in pdf)
