Guatemala: pronunciamiento de la CIJ ante la estrategia de desprestigio que sufren jueces y fiscales que luchan contra la impunidad

Guatemala: pronunciamiento de la CIJ ante la estrategia de desprestigio que sufren jueces y fiscales que luchan contra la impunidad

Comunicado de prensa sobre la estrategia de desprestigio que sufren jueces y fiscales que luchan contra la impunidad.

Los días 3 al 6 de septiembre de 2012, la CIJ llevó a cabo entrevistascon el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General, abogados litigantes, fiscales, jueces, con la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), Colegio de Abogados y con diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, con el objeto de recabar información acerca de la estrategia de desprestigio que sufren jueces y fiscales que luchan contra la impunidad en Guatemala y de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo para investigar y castigar los crímenes cometidos durante el conflicto armador o.

Guatemala-pronunciamento CIJ-press release-2012-spa (full text in pdf)

Guatemala: CIJ solicita la inhibitoria del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente del Colegio de Abogados en el Proceso de Elección de Fiscal General

Guatemala: CIJ solicita la inhibitoria del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente del Colegio de Abogados en el Proceso de Elección de Fiscal General

The ICJ expresses its concern for the independence of the judiciary in relation to the process of electing the new Fiscal General in Guatemala.

La CIJ ante el proceso de elección de Fiscal General expresa:
  • La renuncia del Dr. Carlos Castresana como Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), acompañada de información acerca de la grave crisis por la que atraviesa el Sistema de Justicia conmocionó a la sociedad guatemalteca y proporcionó los elementos para que se anulara el proceso de elección de Fiscal General. Guatemala tiene una nueva oportunidad de llevar adelante un proceso de elección que permita contar con un Fiscal General independiente, que fortalezca el Estado de Derecho.
  • La resolución de la Corte de Constitucionalidad del 10 de junio pasado que anula el proceso para designar la nómina de postulantes al cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, constituye un instrumento importante para rescatar la independencia judicial en Guatemala y allanar el camino para salir de la crisis. Con dicha resolución la Corte de Constitucionalidad rescata el orden constitucional afectado por una elección seriamente viciada por la propia Comisión de Postulación.
  • En anteriores ocasiones la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha expresado que los miembros de la Comisión de Postulación no actúan a título personal, sino que lo hacen en representación de tres sectores claves en la elección: el académico por medio de las facultades de derecho; el sector justicia por medio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el sector profesional, por medio del Presidente del Colegio de Abogados y del Presidente del Tribunal de Honor.
  • Si bien ya son diez miembros que han atendido el llamado de la Corte de Constitucionalidad a inhibirse al día de hoy, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Colegio de Abogados se resisten a hacerlo, aferrándose a participar en dicha comisión, a pesar de que la Corte ha expresado que su presencia en dicha comisión no ofrece confianza a la ciudadanía.
Por lo expuesto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) recomienda:
  • A los rectores de las universidades privadas del país, a que velen porque se lleve a cabo el nombramiento de personas idóneas como decanos de las facultades de derecho, con el objeto de conducir el proceso de elección de Fiscal General.
  • A los rectores de las universidades privadas del país, a que velen porque las funciones de los nuevos decanos se lleven a cabo con absoluta independencia, en representación de dichas casas de estudio y sin permitir influencias de sectores ajenos a las mismas. Para evitar cuestionamientos, los rectores deberán llevar a cabo los nombramientos de decanos con absoluto apego a la ley y de conformidad con sus estatutos y procedimientos internos, tal como fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad.
  • A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, a que nombre a la persona que ha de sustituir al actual decano, de conformidad con los estatutos que rigen a dicha casa de estudios.
  • Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia a que se inhiba de seguir representando a dicha Corte ante la Comisión del Postulación.
  • Asimismo urge al Presidente del Colegio de Abogados a que se inhiba, para dar cumplimiento a la resolución del 10 de junio de la Corte de Constitucionalidad.
Por último, la Comisión Internacional de Juristas desea expresar su absoluto apoyo a la función que el Dr. Carlos Castresana desarrolló al frente de la CICIG en la lucha contra la impunidad. En ese sentido, la CIJ considera que sería importante que la Organización de Naciones Unidas, nombre a una persona que tenga un perfil similar al del Dr. Castresana y que busque la formas de mantener al Dr. Castresana vinculado a la CICIG, para aprovechar el conocimiento y la experiencia del Dr. Castresana en la lucha contra la impunidad en el país.
Ginebra, Suiza junio 2010
Para mayor información sírvase contactar a Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, al 23353325- 23352918.
Guatemala: proceso de elección a Fiscal General

Guatemala: proceso de elección a Fiscal General

La CIJ ante los últimos acontecimientos en torno al proceso de elección a Fiscal General que se lleva a cabo en la ciudad de Guatemala expresa:

  • En Guatemala existe una grave situación de impunidad, tal y como ha sido expresado en múltiples ocasiones por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y en otros informes de organizaciones de derechos humanos. Esta situación de impunidad es causada, entre otros aspectos, por los altos índices de violencia y la poca efectividad en la persecución penal.
  • Los fiscales desempeñan una función crucial en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad. El respeto de los derechos humanos y la existencia de un Estado de Derecho presuponen una autoridad acusatoria fuerte a cargo de investigar y acusar los delitos con independencia e imparcialidad. Dentro de la institución acusatoria, cada fiscal debe estar facultado para cumplir sus obligaciones profesionales de una manera independiente, imparcial y objetiva. El Estado de Guatemala debe asegurar que los fiscales puedan desarrollar sus funciones sin interferencia y debe protegerlos mediante un sistema efectivo y transparente.
  • Tras la instalación de la Comisión de Postulación para la selección de la nómina de 6 candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la Comisión Internacional de Juristas, así como otras organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalaron en distintos momentos del referido proceso los vicios y anomalías que éste presentaba. Por ejemplo, la Comisión de Postulación no revisó la tabla de gradación tal y como le fue solicitado por la sociedad civil; la Comisión de Postulación en pleno no otorgó el punteo correspondiente, sino que lo hizo dividiéndose en ternas contraviniendo el artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación; la Comisión de Postulación no deliberó sobre la reconocida honorabilidad de cada candidato.
  • La Convergencia Ampliada de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de un “pacto de impunidad”. Al día de hoy, el proceso sigue seriamente cuestionado y el Presidente de la República no ha podido elegir al nuevo Fiscal General.
  • Ante esta situación, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a la Comisión de Postulación que cumpliera con lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación y en la Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, la CIJ valora la actitud de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y condena los hechos de presión e intimidación que se han venido dando recientemente en contra de los magistrados de dicha corte.
  • La Comisión de Postulación tuvo una segunda oportunidad de corregir los vicios en que incurrió la primera vez. Sin embargo, en una actitud de cumplir con los requisitos de forma y desatender el fondo, ratificó la nómina de 6 candidatos. La Comisión nuevamente incurrió en vicios de fondo en el procedimiento. Por ejemplo, cada miembro de la Comisión de Postulación se limitó a dar su opinión personal sobre la reconocida honorabilidad de cada candidato pero la Comisión no indagó, estudió, recopiló datos, ni se refirió a pruebas al analizar dicha característica, para garantizar una lista de personas elegibles probas, rectas e intachables tal y como lo manda la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución. Por otro lado, omitió excluir a los aspirantes que no llenaban todos los requisitos, antes de llevar a cabo la votación final; aún peor, algunos de los candidatos electos no tenían unanimidad de votos positivos a favor de su reconocida honorabilidad.
  • La CIJ considera que el Estado de Guatemala tiene la obligación internacional de establecer un sistema de justicia compuesto por jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos independientes e imparciales. En caso de no hacerlo, podría comprometer su responsabilidad internacional ante los sistemas de protección de derechos humanos. Igual obligación existe a nivel constitucional.
  • La grave situación por la que atraviesa el Sistema de Justicia en Guatemala demanda de las autoridades un esfuerzo máximo que permita que sus instituciones sean independientes e imparciales. La CICIG se encuentra en el país precisamente para lograr tal objetivo. Por tal razón, la Comisión Internacional de Juristas apoya los importantes esfuerzos que viene realizando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para el fortalecimiento de la administración de justicia en Guatemala y la lucha en contra de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
  • La CIJ valora la actitud del Presidente de la República de respetar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de no elegir al Fiscal General hasta que todas las acciones y recursos legales hayan sido resueltos. Por otro lado, la actitud del Presidente de la República ha permitido impulsar en lo que a él respecta, un proceso que garantice la continuidad de la auditoria social y la publicidad, como principios rectores del mismo. La CIJ espera que el Presidente de la República mantenga esta actitud hasta el final del proceso.
Para mayor información sírvase contactar a Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, al 23353325- 23352918.

Guatemala-election Fiscal General2-press release-2010-spa

CIJ llevó una misión en Guatemala para observar la elección de Fiscal General

CIJ llevó una misión en Guatemala para observar la elección de Fiscal General

Entre los días 22 y 26 de marzo la CIJ llevó a cabo una misión de alto nivel en Guatemala con el fin de observar el proceso de elección de Fiscal General. Durante la visita, la delegación de la CIJ mantuvo reuniones con los distintos actores involucrados en el proceso y con organizaciones de la sociedad civil enfocadas hacia la administración de justicia, en las que intercambió impresiones con sus interlocutores y procuró dar difusión a los estándares internacionales contenidos en las Directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales aprobadas por consenso por la Asamblea General,  específicamente lo relativo al numeral primero que establece que “las personas designadas como fiscales serán personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas”.

Guatemala-election Fiscal General-press release-2010-spa

La CIJ firma convenio con Ministerios Públicos de Centroamérica

La CIJ firma convenio con Ministerios Públicos de Centroamérica

En el marco de una visita a la región, la CIJ firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano.

El convenio tiene como objeto estrechar lazos entre ambas instituciones con el fin de reforzar la protección y promoción de los derechos humanos.

El Convenio fue firmado por Juan Florido Solís (photo), Fiscal General de Guatemala y actual Presidente del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, y Wilder Tayler, Secretario General Adjunto de la CIJ.

El Convenio es el resultado de un proceso de diálogo abierto con el Fiscal General de Guatemala en 2005, cuando la CIJ visitó el país en varias oportunidades con el fin de evaluar la situación de la administración de justicia. En el informe que siguió a las visitas, la CIJ identificó como una tarea pendiente la plena vigencia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en las tareas del Ministerio Público, y comunicó al Sr. Fiscal General su disposición a contribuir a la superación de esta situación.

En el Convenio las partes se comprometen a realizar una serie de acciones conjuntas para mejorar la labor de los fiscales centroamericanos, en particular en lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional y a la persecución de graves violaciones de derechos humanos. Así, se planean una serie de actividades de capacitación, que se coordinarán con las respectivas unidades de capacitación de los Ministerios Públicos, con especial énfasis en el rol de una fiscalía autónoma y el combate contra la impunidad. Los Ministerios Públicos, por su parte, se comprometen a facilitar la participación de los fiscales en dichas actividades y a invocar y fundamentar sus casos y políticas de persecución penal en el derecho internacional de los derechos humanos.

La firma del mencionado Convenio se enmarca dentro de una visita de una delegación de la CIJ a Guatemala, Nicaragua y Honduras. En los diferentes países la CIJ mantendrá reuniones con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.

En 2007, la CIJ instaló una oficina en Guatemala, que cubre toda la región, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y difundir el contenido del derecho internacional de los derechos humanos.

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