A pesar de la respuesta del Gobierno venezolano, la CIJ mantiene su profunda preocupación por las violaciones al debido proceso que se produjeron en el procedimiento que concluyó con la destitución de los Magistrados de la Corte Primera.
La destitución de los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no respetó la reglas del debido proceso, manifestó hoy el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ en respuesta a la carta que el Gobierno venezolano le hiciera llegar el pasado mes de diciembre.
El procedimiento de destitución estuvo marcado por la falta de posibilidades reales de defensa por parte de los Magistrados y por la rapidez irrazonable con que se arribó a una decisión final. Asimismo, es cuestionable qua la competencia para remover a los Magistrados corresponda a un órgano provisorio como la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en lugar del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que nombró a los Magistrados y que tres años antes ya había afirmado expresamente su competencia disciplinaria sobre éstos.
La destitución de los Jueces de la Corte Primera comenzó con la suspensión de dos de ellos el 8 de octubre, cuando el chofer de un juez de la Corte fue detenido por un delito posteriormente desestimado como tal por el Tribunal Supremo de Justicia. El 30 de octubre, 22 días después de haber sido informados de la apertura del procedimiento, todos los Magistrados fueron destituidos por haber cometido un “error judicial inexcusable”. En dicho procedimiento, los Magistrados pudieron sólo presentar un escrito de defensa, que no fue analizado en sus méritos por la Comisión.
“Las respuestas del Gobierno venezolano no logran satisfacer a la CIJ”, manifestó Linda Besharaty-Moaved, Consejera Legal de la CIJ. “Al no cumplir con las exigencias mínimas del debido proceso, la destitución y posterior cierre de la Corte constituye un ataque a la independencia del Poder Judicial y sienta un grave precedente en Venezuela, donde un Juez es susceptible de ser removido, sumariamente, si suscribe a una interpretación jurídica distinta de la de un tribunal superior”.
En noviembre de 2003, la CIJ envió una carta pública al Gobierno de Venezuela en la que expresaba su alarma frente a la destitución de todos los jueces que integran la Corte Primera, con el consiguiente cierre de dicha Corte. Antes, la CIJ había manifestado su preocupación frente a varios artículos del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo que son incompatibles con estándares internacionales. En la carta de noviembre, la CIJ afirmaba que el cierre de dicha Corte constituía un ataque a la independencia del Poder Judicial incompatible con estándares internacionales. Asimismo, manifestaba su preocupación frente a los ataques verbales del Presidente Chávez hacia los Jueces de la Corte Primera. El Gobierno hizo llegar a la CIJ su respuesta el pasado 19 de diciembre, en la que sólo se hacía referencia a una de las cartas enviadas por la CIJ.
Para mayor información, sírvase contactar a José Zeitune, Abogado, al +41 22 979 3812.