Nombramiento de Corte Suprema debe respetar independencia

La CIJ y la Comisión Andina de Juristas, afiliada de la CIJ en la región, expresaron su profunda preocupación frente a la grave crisis judicial y política que vive Ecuador.

Las dos organizaciones hicieron un llamamiento a las autoridades de ese país a reestablecer el equilibrio institucional mediante el nombramiento de una Corte Suprema independiente e imparcial.

La Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Andina de Juristas expresan su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive el Ecuador. Dicha crisis se ha profundizado con la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2004 y la reciente injerencia del poder político en el poder judicial. Por ello, ambas organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades de dicho país a que nombre una Corte independiente e imparcial de conformidad con estándares internacionales y que garantice el normal funcionamiento del poder judicial. «El nuevo vacío institucional producido en Ecuador y la incertidumbre de cara al futuro del poder judicial constituyen una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho en dicho país», dijeron las organizaciones. «El equilibrio institucional debe reestablecerse cuanto antes, pero no sin garantizar un mecanismo de selección de jueces en el que la idoneidad de los candidatos, y no afiliación partidista, sea el factor determinante en los nombramientos. No se puede abusar del estado de emergencia para desnaturalizar el normal funcionamiento del poder judicial». Los 31 jueces que constituían la Corte Suprema fueron removidos por decreto presidencial el pasado 15 de abril.

Anteriormente, el Presidente Gutiérrez había decretado el estado de excepción en un intento por controlar las manifestaciones que pedían su renuncia y la de los jueces de la Corte Suprema. Los jueces destituidos habían sido nombrados por el Congreso en diciembre pasado tras la remoción de la totalidad de los jueces de la Corte anterior. La remoción y los nombramientos se produjeron en el lapso de dos días, lo que motivó la preocupación de la CIJ y la CAJ. De acuerdo con el nuevo decreto, ninguno de los jueces anteriores como así tampoco ninguno de los recientemente removidos puede volver a ocupar su cargo. «El poder judicial constituye una de las piedras angulares sobre las que reposa toda democracia; la remoción de dos Cortes Supremas en cinco meses es desalentador y preocupante y supone un serio atentado contra la democracia en Ecuador», subrayaron ambas Comisiones. «Urge nombrar una Corte que garantice la independencia e imparcialidad de sus miembros y que se encuentre legitimada y capacitada para revisar todos los actos del Gobierno».

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