Jun 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía que protegieron a violadores de derechos humanos.
La sentencia reafirmó que las leyes que garantizan la impunidad de los responsables por flagrantes violaciones de los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, como así también crímenes de lesa humanidad, son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y principios de justicia.
“Este esperado fallo es un triunfo para la incansable lucha de víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y la sociedad argentina”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ para asuntos jurídicos.
“El Fallo muestra que los derechos humanos y el estado de derecho pueden derrotar a la impunidad”.
La sentencia, que contó con una mayoría de 7 a 1, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987).
La primera de estas leyes estableció un plazo de 60 días para instruir procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.
La segunda de las leyes otorgó inmunidad a todos los miembros de las fuerzas armadas con la excepción de los comandantes superiores.
Ambas leyes efectivamente impidieron el enjuiciamiento de los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la “guerra sucia” en Argentina.
Se excluyeron de las leyes los delitos de violación y apropiaciones de bebés nacidos de madres desaparecidas.
“Este histórico fallo reafirma de manera inequívoca que todas las leyes o decisiones que buscan restringir o negar la responsabilidad por violaciones de derechos humanos son inadmisibles”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán. “La obligación de enjuiciar a los responsables persiste, por lo que llamamos a las autoridades argentinas a cumplirla”.
La Corte Suprema dictó sentencia en un caso presentado en 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no-gubernamental argentina afiliada a la CIJ.
Tras las sentencias favorables de un juez federal y de la Cámara Federal de Apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema.
La CIJ y Amnistía Internacional presentaron un memorial en derecho a la Corte detallando la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos e hicieron un llamado al Gobierno a que investigue y juzgue a los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Argentina-ruling impunity laws-press release-2005-spa (en PDF)
May 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a las recientes amenazas de muerte contra la abogada Soraya Gutiérrez Arguello, Presidenta de Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
El pasado 13 de mayo, al llegar a su domicilio, Soraya Gutiérrez Arguello recibió un paquete que contenía una muñeca descabezada y descuartizada.
Partes del cuerpo de la muñeca estaban quemadas y pintadas de rojo. Junto con la muñeca encontró una nota escrita a mano que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique”.
Ese mismo día apareció en el periódico El Tiempo un aviso de puestos vacantes – no solicitado por el Colectivo – que, según sus integrantes, constituye una amenaza implícita porque sugiere que en poco tiempo algunos de ellos tendrán que ser reemplazados.
Estas amenazas se suman al persistente hostigamiento de que son objeto los defensores de derechos humanos en Colombia por la labor que desempeñan: amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, allanamientos de las sedes de sus organizaciones, seguimientos en las calles.
Desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia del país en 2002, prevalece un clima de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos.
Particularmente preocupantes son las declaraciones públicas, por parte de las más altas autoridades del Estado, que acusan a las organizaciones de derechos humanos de ser “auxiliadores de la guerrilla”.
Estos pronunciamientos no sólo desprestigian la actividad legítima de estas organizaciones sino que exponen a sus integrantes a mayores ataques.
La CIJ insta a las autoridades colombianas a que garanticen la integridad física de Soraya Gutiérrez Arguello y a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas con el fin de juzgar y sancionar a los presuntos responsables.
Asimismo, la CIJ hace un llamamiento a que se tomen las medidas necesarias para que cese la estigmatización y el hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y se les permita ejercer libremente su labor sin miedo a represalias.
May 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en Chiquimula.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de justicia en Guatemala”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba, junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula. Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia. El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Apr 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ y otros grupos de derechos humanos llaman a la Corte Suprema de Chile a rever su decisión de terminar el mandato de los jueces especiales encargados de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La Corte Suprema de Chile debería reconsiderar su decisión de terminar el mandato de los jueces con dedicación exclusiva o preferencial para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet, dijo un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos en un llamamiento urgente emitido en apoyo a sus homólogos chilenos.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIJ señalaron que la suspensión del mandato de los jueces especiales, prevista para el 25 de julio de 2005, sería el peor revés para la justicia y el rendimiento de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado desde que Chile recuperó la democracia en 1990.
Desde el año 2001 la Corte Suprema ha asignado a Ministros de Fuero de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia la tarea exclusiva o preferencial de investigar casos de derechos humanos, de los cuales más de 350 siguen abiertos.
“En los últimos cuatro años, estos jueces especiales han hecho más avances en estos casos que toda la judicatura en el cuarto de siglo anterior”, señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Sería una tragedia que estos avances se vieran frenados ahora, cuando ha reaparecido un destello de esperanza para miles de familiares de las víctimas de Pinochet”, agregó.
El llamamiento se hizo en una conferencia de prensa en Santiago en que participaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la sección chilena de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El 25 de enero de 2005, la Corte Suprema ordenó a todos los jueces que estaban investigando violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que terminaran sus investigaciones en un plazo de seis meses. A menos que se iniciaran los juicios en dicho plazo, o las partes lograran apelar para que los casos siguieran abiertos y posibilitar la realización de las diligencias que faltan, todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura terminarán el 25 de julio de 2005. Es más, la Corte Suprema anunció que llegaría a su fin al mismo tiempo del mandato de los jueces especiales asignados a estos casos.
“Independientemente de las razones dadas para fundamentar esta decisión, es una fuerte desautorización a los jueces cuyo trabajo durante los últimos años ha contribuido considerablemente a restaurar la confianza en el Estado de derecho”, señaló Federico Andreu, Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de la Comisión Internacional de Juristas.
Los ministros de dedicación exclusiva o preferente están dedicados ahora casi exclusivamente a casos de derechos humanos y sólo tienen que asistir a sesiones judiciales ordinarias dos veces a la semana. El 25 de julio próximo ya no tendrán acceso a expertos especialmente contratados, asistencia secretarial, apoyo informático, gastos de viaje y la asistencia de actuarios dedicados actualmente a ayudarles en casos de derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos solicita la designación de más jueces de dedicación exclusiva y preferente, con mayores recursos humanos, técnicos y económicos y mayor apoyo al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas consideran que estos recursos especiales y las habilidades del Departamento Quinto-una unidad de la policía de investigación criminal que se ha especializado en casos de derechos humanos- han sido decisivos en los recientes avances judiciales en casos de derechos humanos.
“La manera más fácil de abordar este problema sería que la Corte Suprema reconsiderara su decisión de poner fin al mandato de los jueces especiales y garantizara que las investigaciones y los juicios de derechos humanos cuenten con recursos adecuados”, señaló Susan Lee, Directora para la Américas de Amnistía Internacional.
El próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago se reunirá para considerar la petición formal que hicieran ocho ministros de la Corte el 11 de marzo, solicitándole que instara ante la Corte Suprema a que les permitiera conservar la carga de trabajo y los recursos actuales. Los jueces subrayaron que sería imposible continuar avanzando los casos de otro modo.
“Si nuestro llamamiento a la judicatura no tiene éxito, instaremos al Congreso a que apoye una propuesta legislativa para continuar la labor de los jueces especiales”, señaló Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Sugeriremos maneras de cumplir con nuestras demandas mediante la modificación de propuestas legislativas que ya se están debatiendo en el Congreso”, agregó.
Cientos de casos que están siendo investigados se verán afectados. Incluyen las diligencias del Ministro Alejandro Solís sobre las “desapariciones” y la tortura en la Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención de Santiago empleado por la policía secreta de Pinochet en los setenta. Todavía se desconoce el paradero de más de un centenar de víctimas. También podría interrumpirse la investigación dirigida por el Ministro Solís sobre el atentado con carro bomba en 1974, en Buenos Aires, contra el General Carlos Prats, predecesor de Pinochet al mando de las fuerzas armadas.
Otro juez, el Ministro Jorge Zepeda, está investigando las “desapariciones” y la tortura en la Colonia Dignidad, un fundo perteneciente a una secta alemana en el sur de Chile que se utilizó como base de la policía secreta después del golpe militar de 1973. Tras la captura del líder de la secta, Paul Schaefer, en marzo en Buenos Aires, los investigadores descubrieron los motores de dos automóviles Renault enterrados en la propiedad, que, según se cree, pertenecían a víctimas secuestradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet. Se sabe que otras docenas de víctimas estuvieron detenidas en la colonia en los setenta y los ochenta, pero se desconoce su paradero.
Las investigaciones judiciales sobre la muerte del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva mientras estaba hospitalizado en una clínica de Santiago en 1982 han reforzado las sospechas de que muriera a causa de una toxina administrada por agentes de la dictadura. Puede que nunca se sepa lo que pasó realmente con Frei a no ser que el juez instructor, el Ministro Alejandro Madrid, tenga tiempo y recursos para continuar con su investigación.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con:
Federico Andreu (ICJ): + 41-22-979-3819
Celular: + 41-76-562-3820
Chile-humanrightsviolations-news-2005-spa (en PDF)
