May 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en Chiquimula.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de justicia en Guatemala”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba, junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula. Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia. El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Apr 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
Colombia-death threats defenders-2005 (en español, PDF)
Apr 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ y otros grupos de derechos humanos llaman a la Corte Suprema de Chile a rever su decisión de terminar el mandato de los jueces especiales encargados de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La Corte Suprema de Chile debería reconsiderar su decisión de terminar el mandato de los jueces con dedicación exclusiva o preferencial para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet, dijo un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos en un llamamiento urgente emitido en apoyo a sus homólogos chilenos.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIJ señalaron que la suspensión del mandato de los jueces especiales, prevista para el 25 de julio de 2005, sería el peor revés para la justicia y el rendimiento de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado desde que Chile recuperó la democracia en 1990.
Desde el año 2001 la Corte Suprema ha asignado a Ministros de Fuero de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia la tarea exclusiva o preferencial de investigar casos de derechos humanos, de los cuales más de 350 siguen abiertos.
“En los últimos cuatro años, estos jueces especiales han hecho más avances en estos casos que toda la judicatura en el cuarto de siglo anterior”, señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Sería una tragedia que estos avances se vieran frenados ahora, cuando ha reaparecido un destello de esperanza para miles de familiares de las víctimas de Pinochet”, agregó.
El llamamiento se hizo en una conferencia de prensa en Santiago en que participaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la sección chilena de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El 25 de enero de 2005, la Corte Suprema ordenó a todos los jueces que estaban investigando violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que terminaran sus investigaciones en un plazo de seis meses. A menos que se iniciaran los juicios en dicho plazo, o las partes lograran apelar para que los casos siguieran abiertos y posibilitar la realización de las diligencias que faltan, todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura terminarán el 25 de julio de 2005. Es más, la Corte Suprema anunció que llegaría a su fin al mismo tiempo del mandato de los jueces especiales asignados a estos casos.
“Independientemente de las razones dadas para fundamentar esta decisión, es una fuerte desautorización a los jueces cuyo trabajo durante los últimos años ha contribuido considerablemente a restaurar la confianza en el Estado de derecho”, señaló Federico Andreu, Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de la Comisión Internacional de Juristas.
Los ministros de dedicación exclusiva o preferente están dedicados ahora casi exclusivamente a casos de derechos humanos y sólo tienen que asistir a sesiones judiciales ordinarias dos veces a la semana. El 25 de julio próximo ya no tendrán acceso a expertos especialmente contratados, asistencia secretarial, apoyo informático, gastos de viaje y la asistencia de actuarios dedicados actualmente a ayudarles en casos de derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos solicita la designación de más jueces de dedicación exclusiva y preferente, con mayores recursos humanos, técnicos y económicos y mayor apoyo al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas consideran que estos recursos especiales y las habilidades del Departamento Quinto-una unidad de la policía de investigación criminal que se ha especializado en casos de derechos humanos- han sido decisivos en los recientes avances judiciales en casos de derechos humanos.
“La manera más fácil de abordar este problema sería que la Corte Suprema reconsiderara su decisión de poner fin al mandato de los jueces especiales y garantizara que las investigaciones y los juicios de derechos humanos cuenten con recursos adecuados”, señaló Susan Lee, Directora para la Américas de Amnistía Internacional.
El próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago se reunirá para considerar la petición formal que hicieran ocho ministros de la Corte el 11 de marzo, solicitándole que instara ante la Corte Suprema a que les permitiera conservar la carga de trabajo y los recursos actuales. Los jueces subrayaron que sería imposible continuar avanzando los casos de otro modo.
“Si nuestro llamamiento a la judicatura no tiene éxito, instaremos al Congreso a que apoye una propuesta legislativa para continuar la labor de los jueces especiales”, señaló Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Sugeriremos maneras de cumplir con nuestras demandas mediante la modificación de propuestas legislativas que ya se están debatiendo en el Congreso”, agregó.
Cientos de casos que están siendo investigados se verán afectados. Incluyen las diligencias del Ministro Alejandro Solís sobre las “desapariciones” y la tortura en la Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención de Santiago empleado por la policía secreta de Pinochet en los setenta. Todavía se desconoce el paradero de más de un centenar de víctimas. También podría interrumpirse la investigación dirigida por el Ministro Solís sobre el atentado con carro bomba en 1974, en Buenos Aires, contra el General Carlos Prats, predecesor de Pinochet al mando de las fuerzas armadas.
Otro juez, el Ministro Jorge Zepeda, está investigando las “desapariciones” y la tortura en la Colonia Dignidad, un fundo perteneciente a una secta alemana en el sur de Chile que se utilizó como base de la policía secreta después del golpe militar de 1973. Tras la captura del líder de la secta, Paul Schaefer, en marzo en Buenos Aires, los investigadores descubrieron los motores de dos automóviles Renault enterrados en la propiedad, que, según se cree, pertenecían a víctimas secuestradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet. Se sabe que otras docenas de víctimas estuvieron detenidas en la colonia en los setenta y los ochenta, pero se desconoce su paradero.
Las investigaciones judiciales sobre la muerte del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva mientras estaba hospitalizado en una clínica de Santiago en 1982 han reforzado las sospechas de que muriera a causa de una toxina administrada por agentes de la dictadura. Puede que nunca se sepa lo que pasó realmente con Frei a no ser que el juez instructor, el Ministro Alejandro Madrid, tenga tiempo y recursos para continuar con su investigación.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con:
Federico Andreu (ICJ): + 41-22-979-3819
Celular: + 41-76-562-3820
Chile-humanrightsviolations-news-2005-spa (en PDF)
Jan 28, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
Al terminar su misión de diez días en Colombia, la CIJ presenta sus conclusiones preliminares acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de “seguridad democrática” sobre los derechos humanos y el estado de derecho.
La CIJ expresa su más alta preocupación por la impunidad que rodea la desmovilización de grupos paramilitares.
Dichos grupos siguen en la mesa de negociación haciéndose acreedores de beneficios jurídicos a pesar de que no han respetado el cese de hostilidades pactado en diciembre de 2002.
La CIJ ha recibido información de que, entre diciembre de 2002 y agosto de 2004, estos grupos han cometido por lo menos 1.899 asesinatos y desapariciones forzadas.
La CIJ considera que el proceso, de la manera en que se está adelantando perpetúa la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además no existe un marco legal adecuado que contemple un mecanismo eficaz de verificación del proceso y que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Durante su misión, la CIJ tuvo conocimiento de que el Gobierno se empeña en negar la existencia de un conflicto armado.
Esta apreciación es contraria a todas las evidencias. A raíz de este conflicto, el país sigue viviendo una grave crisis humanitaria puesto que cuenta con tres millones de personas internamente desplazadas.
En nombre de la lucha antiterrorista y para implementar la política de “seguridad democrática”, el Gobierno ha adoptado o promovido la adopción de varias medidas que han generado una degradación de la situación de derechos humanos. Particularmente alarmante es la práctica sistemática de detenciones masivas o individuales y de allanamientos arbitrarios por parte de la fuerza pública.
En Arauca, donde dicha fuerza tiene una presencia muy fuerte, se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información no corroborada proveniente de miembros de la red de informantes o de reinsertados, que a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos y jurídicos.
En Arauca, la misión ha sido testigo también del hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y de la estigmatización de su labor.
En el marco de la política de “seguridad democrática”, se han promovido también reformas constitucionales que afectan la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Resultan preocupantes los varios intentos de limitar las competencias de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la CIJ pide a la comunidad internacional que en la reunión que se llevará a cabo con el Gobierno colombiano en Cartagena los días 3 y 4 de febrero, condicione su apoyo al actual proceso de desmovilización a: la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra y a la adopción de un marco legal compatible con el derecho internacional y de medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Asimismo, pide a la comunidad internacional que insista en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que se publicará antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2005.
Colombia-high-level mission-press release-2005-spa (en PDF)
Oct 19, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
En la víspera de la reunión del Comité América latina del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la CIJ llama a los Estados Miembros a que no contribuyan ciegamente al programa colombiano de desmovilización y reinserción de paramilitares y grupos armados de oposición.
De acuerdo con los planes del gobierno colombiano, los paramilitares o los grupos armados de oposición que se acojan a la desmovilización pueden ser indultados incluso por violaciones graves a los derechos humanos tales como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. “El derecho internacional dice claramente que no puede haber amnistía o indulto para crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Antes de comprometerse a apoyar financieramente al programa de reinserción, la Unión Europea debería cerciorarse de que todo proceso de negociación con los grupos armados provea verdad, justicia y reparación, no más impunidad. La voz de las víctimas en Colombia debe ser escuchada en Bruselas,” añadió Nicholas Howen.
Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Extranjera y de Seguridad Común, reiteró en el pasado mes de septiembre el apoyo político de la Unión Europea a los procesos de desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales en una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Carolina Barco. Durante su visita a Bruselas, la Ministra solicitó el apoyo financiero de la Unión Europea para este nuevo programa. Dicha solicitud debe ahora ser examinada por el Consejo y el Parlamento europeos.
La CIJ manifiesta su preocupación por el hecho de que la reunión del Comité América latina mañana en Bruselas pueda ser un primer paso hacia la adopción, por el Consejo y el Parlamento europeos, de un elemento nuevo en la cooperación europea con Colombia.
“Es inconcebible que la Unión Europea coopere con el gobierno colombiano en un programa que tendrá como resultado la impunidad de quienes cometieron crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen.
Antecedentes
En julio de 2004 el gobierno colombiano inició un diálogo de paz con las AUC (Autodefensas unidas de Colombia), mayor grupo paramilitar en Colombia. Miles de paramilitares están ahora esperando su desmovilización. Para facilitar este diálogo, se aprobó el Decreto n°128 que indulta a los miembros de grupos armados que no han sido condenados o que no han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con un proyecto de ley bajo debate en el Congreso, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, podrían ser liberados.
La CIJ ha venido siguiendo de cerca las negociaciones entre el gobierno colombiano y los paramilitares. En junio de 2004, la organización presentó una intervención de Amicus Curiae sobre el Decreto 128 ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo del país.
Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer, al +41 22 979 38 21.
Colombia-paramillitary-news-2004-spa (en PDF)
