Mar 5, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ urge a las autoridades a tomar las medidas para investigar y corregir esta situación.
Entre el 23 de febrero y el 4 de marzo visitaron Guatemala miembros de la Asociación de Jueces de Noruega; el Presidente del Foro Democrático de Jueces de El Salvador y la ex Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
Dicha visita se llevó a cabo en el marco del trabajo de la CIJ sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
La oportunidad fue propicia para realizar reuniones y debates con miembros del Poder Judicial de Guatemala y con otros operadores de justicia.
Además se mantuvieron reuniones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras magistradas de dicha corte; con la Fiscal General; con el Procurador de los Derechos Humanos; con el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad; con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con otros actores relevantes de la sociedad guatemalteca, abogados y abogadas; dirigentes de Pueblos Indígenas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
Al concluir su trabajo, la CIJ se encuentra alarmada por las presiones que existen en contra de jueces y juezas independientes que debido al cumplimiento de su función son frecuentemente objeto de denuncias y amenazas.
Entre las acciones que se están implementando en contra de jueces y juezas independientes, lo constituyen los traslados selectivos e injustificados que tienen como principal objetivo afectar y castigar a aquellos jueces que cumplen su función en forma independiente e imparcial.
Por otro lado, se suman denuncias infundadas en contra de los mismos, al tiempo que se configura un patrón de represión en contra de ellos, que tiene como objetivo que los jueces y juezas renuncien a su independencia judicial y “ajustar cuentas” por los casos que han juzgado.
Por otro lado, el caso relacionado con las sanciones impuestas el año 2014 en forma arbitraria por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en contra de la Jueza Iris Yassmín Barrios Aguilar, aún se encuentra pendiente de resolución final, sin que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelva el amparo presentado por dicha jueza.
Desde el año pasado, la CIJ expresó que dichas sanciones son arbitrarias e ilegales y que los jueces y juezas no pueden ser sancionados por un órgano como el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que carece de competencia para ello; además, manifestó que de conformidad con los estándares internacionales y la legislación interna, los jueces y juezas sólo pueden ser objeto de sanciones por parte de los órganos del Poder Judicial establecidos para tal fin (Juntas de Disciplina y Supervisión General de Tribunales).
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “La situación es grave y urgimos a la Corte Suprema de Justicia a suspender cualquier medida que afecte la independencia de jueces y juezas y a implementar las reformas que se necesitan para promover y proteger la independencia del poder judicial como garantía para la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
Oct 3, 2014 | Artículos, Noticias
Del 27 de septiembre al 2 de octubre del presente año, la CIJ llevó a cabo una misión integrada por el comisionado de la CIJ José Antonio Martín Pallín y Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
El objeto de la misma fue analizar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La misión se entrevistó con el Procurador de los Derechos Humanos, diferentes organizaciones no gubernamentales, defensores y defensoras de derechos humanos, miembros del cuerpo diplomático, abogados y abogadas que han participado en otros procesos de elección por medio de comisiones de postulación y jueces y juezas del Organismo Judicial.
Guatemala-CIJ visita a Guatemala-News-web story-2014-SPA (full text in PDF)
Apr 5, 2014 | Artículos, Noticias
El 5 de abril de 2014 tribunal de honor del colegio de abogados de Guatemala emitió una resolución en la que acordó la “suspensión temporal en el ejercicio de su profesión a la jueza Yasmin Barrios” por haber faltado el respeto al abogado Moises Galindo.
Moises Galindo fue uno de los defensores del general Ríos Montt durante el juicio por genocidio. Además, el tribunal impuso una sanción económica de q. 5,040.
Ante esta resolución, la CIJ manifiesta:
- 1. Que la resolución es improcedente, por haber sido emitida por el tribunal de honor del colegio de abogados sin tener facultades para ello. En el caso de abogados o abogadas que ejercen una función jurisdiccional, es la junta de disciplina del organismo judicial la encargada de evaluar estos casos y de imponer una sanción a jueces y juezas. El marco jurídico para ello lo constituye la ley de la carrera judicial.
- 2. La resolución del tribunal de honor atenta en contra de la independencia judicial, contraviniendo el artículo 203 de la constitución política.
- 3. En el presente caso, la junta de disciplina del organismo judicial rechazó por improcedente el 19 de abril de 2013 una denuncia por los mismos hechos en contra de la jueza Yasmín Barrios. A su vez, la corte suprema de justicia rechazó tres antejuicios en contra de la jueza barrios y de los otros dos jueces que integran el tribunal de mayor riesgo “a” y el procurador de los derechos humanos declaró improcedente una denuncia similar, presentada en contra de la jueza barrios y de los otros miembros del tribunal de mayor riesgo.
- 4. La resolución de suspensión en contra de la jueza Barrios sugiere la existencia de un pacto de impunidad en guatemala entre diferentes sectores, para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia en guatemala.
- 5. Es de hacer notar que el juicio por genocidio fue observado por diferentes personas e instituciones, tanto nacionales como internacionales, así como por la prensa nacional e internacional y en ningún momento fue establecido que la jueza barrios u otro miembro del tribunal faltara el respeto al abogado Moises Galindo.
- 6. La corte suprema de justicia debería tomar medidas efectivas para proteger a jueces y juezas contra actos de intimidación, de forma de salvaguardar la independencia judicial.
Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica (foto) expresó: “creemos que se trata de un pacto para reforzar la impunidad, que se inició con la resolución de la corte de constitucionalidad que recortó el período constitucional de la fiscal general que es pasible de extenderse a la elección de fiscal general, actualmente en marcha, y a la próxima elección de magistrados de la corte suprema de justicia y de salas de apelaciones.
Consideramos que se debe iniciar una investigación sobre el actuar de los miembros del tribunal de honor del colegio de abogados y que es muy importante que la corte suprema de justicia se pronuncie en defensa de la independencia del poder judicial. Asimismo la CICIG debería investigar el pacto de impunidad que se ha hecho cada vez mas evidente en nuestro pais”.
Mar 3, 2014 | Artículos, Noticias
La CIJ lamenta la muerte del Sr. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, ocurrida el día de ayer domingo 2 de marzo.
Así mismo, expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus colegas del Organismo Judicial, gremio de abogados y abogadas y al pueblo de Guatemala en general.
La muerte del magistrado César Barrientos deja un vacío muy grande en el ámbito de la justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala, ya que siempre se distinguió como un defensor de la independencia judicial y del Estado de Derecho.
Feb 7, 2014 | Artículos, Noticias
La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, fue nombrada el 10 de diciembre de 2010 para dirigir la institución por un período de 4 años, que legalmente vence el 9 de diciembre de 2014.
Su nombramiento ocurrió, hasta dicha fecha, como resultado de la repetición del proceso de selección debido a acusaciones que cuestionaban la honorabilidad e idoneidad de la persona previamente electa.
La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público se ha constituido por sus resultados de gestión ante el Ministerio Público, como una figura democrática e independiente que ha realizado una importante labor en la protección y defensa de derechos humanos y en el desmantelamiento de estructuras criminales importantes. Esta figura contraviene los intereses de oscuros grupos que buscan interrumpir la continuidad del trabajo de la Fiscal.
Por ello, un abogado, ha puesto en marcha acciones jurídicas promoviendo que la Corte de Constitucionalidad acceda a reducir el período de gestión de la actual Fiscal.
El 05 de febrero del presente año, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en que concede un amparo provisional y ordena al Congreso de la República convocar a la conformación de un nuevo proceso de elección para cambio de Fiscal General.
De confirmarse este amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad, se tendría como resultado que la fiscal sea removida de su cargo y se estaría violentando el Estado de Derecho.
Guatemala-Commuicado en defensa del estado de derecho-news-web story-2014-spa (full text in pdf)
Foto: ICTJ
