A decision of the European Committee on Social Rights finding that the living conditions of migrant children in Greece violated their human rights, should herald a new approach to protecting the rights of children in migration, the International Commission of Jurists (ICJ), the European Council for Refugees and Exiles (ECRE) and the Greek Council for Refugees (GCR) said today.
Thailand’s laws and practices governing the rights of land users may result in unnecessary and disproportionate restrictions on various economic, social, and cultural rights, particularly for forest dwellers and indigenous communities, the ICJ said during discussions last week with members of Thai civil society as well as government authorities.
On 28 May 2021, the ICJ co-hosted a discussion on international human rights law and standards on land rights in Thailand, with 70 members of civil society organizations, human rights lawyers, and academics in attendance. On 4 June 2021, the ICJ spoke at a discussion on the same topic, organized by Thailand’s Ministry of Justice, bringing together 80 governmental officials from several Ministries.
“Thailand’s land regulatory laws do not adequately protect the rights of indigenous people to access their ancestral lands and natural resources and to conduct cultural practices,” said Sanhawan Srisod, ICJ Legal Advisor. “We hope the Thai government will improve its general policies for land use and tenure, especially for indigenous peoples and forest dwellers, in line with its obligations under international law.”
Dr. Seree Nonthasoot, member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) from Thailand, spoke at both discussions to introduce participants to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) to which Thailand is a party and the role of the CESCR. The CESCR is a body of independent experts from across the world established by ICESCR and tasked with providing authoritative interpretations of ICESCR in its body of jurisprudence.
“The CESCR recommended [that] Thailand […] effectively remove all obstacles to enjoyment of traditional individual and communal rights by ethnic minorities in their ancestral lands […] and ensure that forced evictions are only used as a measure of last resort. These should be addressed without any further delay,” said Dr. Seree Nonthasoot.
Specific issues highlighted by participants in the discussions included:
Sanhawan Srisod introduced participants to the CESCR’s draft General Comment No. 26, which is open for public comment until 27 July 2021. If a revised General Comment is adopted by the CESCR, it will provide an authoritative interpretation of States’ ICESCR obligations relating to land.
At the meeting’s conclusion, participants discussed advocacy strategies to strengthen Thailand’s legal frameworks once the draft General Comment is adopted by the CESCR.
Further reading
Thai Companies in Southeast Asia: Access to Justice for Extraterritorial Human Rights Harms
Joint submissions by ICJ and its partners to the Universal Periodic Review (UPR)
Una opinión editorial de Carlos Lusverti, Consultor de la CIJ para América Latina
El acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano, sin embargo, millones de personas en Venezuela no tienen este derecho protegido o garantizado.
Una de las más importantes medidas preventivas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para evitar la trasmisión del virus SARS-CoV2 es el frecuente lavado y desinfección de manos. A pesar de esto, en Venezuela millones de personas no pueden hacerlo.
En 2018, al menos el 82% de la población no recibía servicio continuo de agua y el 75% de los centros de salud públicos informó tener problemas con el suministro de agua. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha señalado problemas similares sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en otros lugares del mundo, por ejemplo en India y Sudáfrica, aunque la escasez de agua sigue siendo especialmente aguda en Venezuela.
En 2020, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos informó que el 63.8% de la población consideraba que el servicio de agua era inadecuado para enfrentar la pandemia de COVID-19 y solo el 13.6% de la población en ciudades tenía suministro regular de agua.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recientemente informó que varias regiones en Venezuela tenían un acceso limitado al agua, señalando que “existía una necesidad urgente de asegurar una necesidad crítica de garantizar servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene en salud, nutrición, instalaciones de educación y protección” (Traducción propia).
Incluso antes del inicio de la pandemia por COVID-19, el país ya estaba enfrentando una “emergencia humanitaria compleja” (una crisis humanitaria donde existe un considerable colapso de la autoridad que en Venezuela no es resultado de un desastre ambiental ni un conflicto armado), donde la falta de acceso al agua afecta al menos 4.3 millones de personas.
Impactos de la falta de agua en un sistema de salud en crisis
El agua es indispensable para el consumo doméstico, para cocinar y limpiar; también es necesaria para la protección efectiva del derecho a la salud, que ocupa un lugar central para frenar la pandemia de COVID-19. Los hospitales y otros establecimientos de salud en Venezuela tienen un acceso limitado al agua y sufren cortes del servicio eléctrico, lo cual afecta a la mayoría de los servicios de salud incluyendo las pruebas sobre COVID-19 y su tratamiento.
De acuerdo con el índice Global de Seguridad Sanitaria que evalúa las capacidades de seguridad sanitaria mundial, Venezuela ocupó el puesto 176 entre 195 países en 2019. Esto evidencia el inmenso problema que tenía el sistema de salud para abordar la devastadora emergencia de salud causada por la pandemia de COVID-19; este problema solo se exacerba por el limitado acceso limitado al agua en los establecimientos de salud.
La escasez de agua en establecimientos de salud contribuye a crear un ambiente insalubre y antihigiénico. Los centros de salud, al igual que los hogares, no pueden ser adecuadamente higienizados debido a la falta de agua y a la carencia de artículos de limpieza.
Esto incrementa drásticamente los riesgos para los trabajadores de la salud, los pacientes y, en consecuencia, para sus familias, así como para la comunidad y el público en general. Algunos servicios de salud críticos, como las instalaciones de diálisis y la cirugía en hospitales públicos, han sido cerrados o restringidos debido a condiciones insalubres, lo que ha venido limitando el acceso a los servicios de salud y ha amenazado el derecho a la salud de las personas en el país.
Human Rights Watch (HRW) ha descrito cómo las restricciones en el acceso al agua en los hospitales se han convertido en un problema creciente desde 2014. Estas restricciones pueden variar desde “fin[es] de semana y, en otras ocasiones, directamente no llega por cinco días”. HRW también encontró que “[l]a negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia.”
Bajo estas condiciones, los trabajadores sanitarios no pueden atender de forma segura a los pacientes de COVID-19 o disfrutar de su derecho a condiciones seguras e higiénicas de trabajo. De acuerdo con la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), al menos 332 trabajadores de la salud en Venezuela han fallecido desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 debido a la falta de equipos de protección personal y otras medidas sanitarias.
Protestas Públicas
Las compañías estatales encargadas del servicio de agua no publican ninguna clase de informes relacionados con la calidad del agua, a pesar de que las ONG locales les han requerido esa información. A través de los años se han realizado varios proyectos para mejorar la calidad del acceso al agua, algunos con financiamiento de entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero las autoridades del país no han dispuesto información pública al respecto. Según Transparencia Venezuela ninguno de estos proyectos está actualmente operativo en el país.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo el 11 de marzo de 2021 que “el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria.”
En 2020, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en medio de la pandemia de COVID-19 y las restricciones de encierro obligatorio, al menos 1833 protestas se realizaron en todo el país reclamando por agua potable. Frecuentemente, las autoridades resolvían estas demandas enviando agua en camiones cisterna.
La frágil situación contribuyó y agravó la falta de acceso al agua potable en el país y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las personas las ha obligado a salir a las calles a reclamar sus derechos en medio de la pandemia. Las protestas públicas en tiempos de pandemia crean riesgos de contraer COVID-19.
Además, en la actual situación de derechos humanos de Venezuela también plantea riesgos de detención arbitraria y uso excesivo de fuerza, que se han vuelto prácticas comunes por parte de las autoridades.
Defendiendo del derecho al agua y al saneamiento en Venezuela
Venezuela es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ambos tratados establecen obligaciones relacionadas con el derecho al agua y al saneamiento. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha descrito el derecho al agua como “una de las condiciones fundamentales para la supervivencia” y ha aclarado que los Estados deben priorizar el acceso a los recursos hídricos para prevenir “el hambre y las enfermedades“. No cualquier suministro de agua cumple con este estándar: el acceso al agua debe ser “suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible“.
En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Comité ha recordado a los Estados que el derecho al agua debe incluir agua, jabón y desinfectante para todos, de forma continua. Por lo tanto, los Estados deben hacer inversiones adecuadas en los sistemas de agua y saneamiento, incluyendo el uso de la cooperación internacional para ese fin, para contrarrestar efectivamente las pandemias mundiales y mitigar el impacto de la pandemia sobre personas que viven en condiciones vulnerables.
La falta de acceso al agua es un problema de larga data en Venezuela. Las autoridades deben combinar la acción de asistencia inmediata con políticas de largo plazo para garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento en el país, de acuerdo con estándares internacionales. Esto incluye la existencia de un mecanismo de monitoreo independiente sobre el suministro de agua en el país.
Durante la pandemia de COVID-19, las autoridades venezolanas deben implementar urgentemente políticas de emergencia para suministrar agua potable en todas las áreas con escasez de agua, sin ningún tipo de discriminación. Se debe dar prioridad a la garantía del acceso al agua en los centros de salud y al suministro de jabón, materiales de limpieza y desinfectante para manos.
Finalmente, las autoridades venezolanas deben adoptar políticas transparentes de acceso a la información pública, de manera completa y oportuna, que permitan comprender la situación epidemiológica y los datos sobre la calidad y accesibilidad del agua.
Esta opinión editorial fue originalmente publicada en el Blog de la Fundación para el Debido Proceso “JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS”.
An opinion piece by Carlos Lusverti, ICJ Latin America consultant.
Access to safe water and sanitation is a human right, yet millions of persons in Venezuela do not have this right protected or guaranteed in the country.
One of the most important preventive measures that the World Health Organization recommends to avoid the transmission of the SARS-CoV2 virus is for people to constantly wash and sanitize hands. Despite this, millions of people cannot do this in Venezuela.
In 2018, at least 82% of the population did not receive continuous water service and 75% of public healthcare centers reported problems accessing the water supply. Similar issues have been raised by the ICJ with respect to the impact of the COVID-19 pandemic elsewhere, for example in India and South Africa.
Yet water scarcity remains particularly acute in Venezuela. In 2020, the Venezuelan Observatory of Public Services reported that 63.8% of the population considered the water service to be inadequate in the face of the COVID-19 pandemic, and a mere 13.6% of the population in cities had a regular water supply.
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) has recently reported that several regions inside Venezuela had limited access to water, indicating that “there [was] a critical need to ensure adequate water, sanitation and hygiene services in health, nutrition, education and protection facilities”.
Even before the COVID-19 pandemic arrived, the country already was facing a “complex humanitarian emergency” (a humanitarian crisis where there is a considerable breakdown of authority that in Venezuela is not due to an environmental disaster or armed conflict), and the lack of access to water affected at least 4.3 million persons.
Impacts of the lack of water on a healthcare system in critical condition
While water is needed for home consumption, cooking and cleaning, it is also required for effective protection of the right to health, which is at the very core of halting the COVID-19 pandemic. Hospitals and other healthcare facilities in Venezuela have limited access to water and suffer from electricity shortages, which affects the provision of most health services including COVID-19 testing and treatment.
According to the Global Health Security Index on the assessment of global health security capabilities, Venezuela was ranked 176th out of 195 countries in 2019.
This evidences the immense problem the healthcare system has had in addressing the devastating health emergency caused by the COVID-19 pandemic, a problem which is only exacerbated by limited access to water in health facilities.
Water shortages in health facilities contribute to an unsanitary and unhygienic environment. Healthcare centers, like homes, cannot be properly sanitized due to the lack of water and the lack of cleaning supplies. This dramatically increases the health risk for healthcare workers, patients and, consequently, their families, communities and the general public.
Some critical health services such as dialysis and surgery facilities in public hospitals have been closed or restricted due to unsanitary conditions limiting the general access to health services and threatening the right to health of persons in the country.
Human Rights Watch (HRW) has described how the restriction on access to water in hospitals has been a growing problem since 2014. This situation could vary from “an entire weekend and at other times lasting as long as five days”. HRW also found that the response of the Venezuelan authorities to COVID-19 “is severely undermined by [the authorities’] failure to publish epidemiological data, which is critical to address a pandemic.”
Under these conditions, healthcare workers cannot safely attend to COVID-19 patients, or enjoy their own rights to safe and healthy working conditions. According to Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), at least 332 health workers in Venezuela have died since the beginning of the COVID-19 pandemic due to lack of personal protective equipment and other health measures.
Public Protests
State owned companies in charge of water services do not publish any kind of reports related to water quality, even though local NGOs have requested such information.
Throughout the years, several projects, including some with international funding such as from the Inter-American Development Bank, have been established to improve the quality of access to water, but no information about it is publicly available by the country authorities. Transparencia Venezuela has reported that none of these projects are currently active in the country.
The UN High Commissioner for Human Rights said on 11 March 2021 that “access to basic services like medical assistance, water, gas, food, petrol, has continued to be scarcer, and [that] [t]his contributed to sparking social protests, and severely compounded the humanitarian situation”.
In 2020, in the midst of the COVID-19 pandemic and the lockdown restrictions, at least 1,833 different protests have taken place around the country demanding potable water, according to the Venezuelan Observatory of Social Conflict. Usually authorities resolve the demands by sending water in trucks.
The fragile situation – contributed to and worsened by the lack of access to safe water in the country and the vulnerable conditions in which people live – has compelled them to go into the streets to demand their rights in the middle of a pandemic. Public protests in the time of pandemic create risks of contracting COVID-19. And in the present human rights climate of Venezuela it also poses risks of arbitrary detention and excessive use of force, which are now common practices by the authorities.
Upholding the right to water and sanitation in Venezuela
Venezuela is party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention on the Rights of the Child. Both treaties establish obligations related to the right to water and sanitation. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights has described the right to water as “one of the most fundamental conditions for survival” and has clarified that States must prioritize access to water resources for preventing “starvation and disease”. Not just any water provision meets this standard: water must be “sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable”.
In the context of the COVID-19 pandemic, the Committee has reminded States that the right to water must be understood to include water, soap and sanitizer for all, on a continuous basis. Thus, States must make adequate investment in water and sanitation systems, including utilizing international cooperation to that end, to effectively counter global pandemics and to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic on persons living under vulnerable conditions.
Lack of access to water is a long-standing issue in Venezuela. The authorities should combine immediate relief action and long-term policies to guarantee the right to safe water and sanitation in the country in accordance with international standards. There should be an independent monitoring mechanism of water supply in the country.
During the COVID-19 pandemic, Venezuelan authorities must urgently implement emergency policies to provide safe water in all water-scarce areas without any type of discrimination. Priority should be given to ensuring water access in healthcare facilities and the provision of soap, cleaning materials and hand sanitizer.
Finally, Venezuelan authorities should adopt transparent policies that allow for access to public information, in a complete and timely manner, to facilitate the understanding of issues such as the epidemiological situation and data on water quality and accessibility.
This op-ed was originally published in the blog “JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS” of the Due Process Law Foundation
The International Commission of Jurists (ICJ) has published a new report Accessing Economic and Social Rights in Uzbekistan: An Analysis of Selected Laws and Practices. In the report, it considers aspects of Uzbekistan’s implementation of its obligations to respect, protect and fulfil economic, social and cultural (ESC) rights through laws and policies as well as through access to justice and remedies for those who allege that their ESC rights have been violated.
Analysing the general legal framework for protection of these rights, the report considers in more detail particular challenges in Uzbekistan, in respect of the right to adequate housing, the right to health, and rights in the workplace.
In the report, the ICJ concludes that in-depth reforms of the justice system are still needed to ensure effective remedies for ESC rights violations in practice, including through genuine independence of the judiciary and regular application of international human rights law in and by the courts.
In general, the use of international law in the Uzbekistan justice system remains weak and underdeveloped. International law is to a high degree theoretical for most legal practitioners, an approach that appears to have its roots in legal tradition and culture, lack of political will and a lack of concrete programmes of measures to make progress in this regard. In practice, judges, prosecutors and lawyers continue not to be exposed to international law on ESC rights, and usually do not apply it in their work directly.
The report concludes that in Uzbekistan the justiciability of ESC rights is not always accepted, as some ESC rights are not seen as rights whose violation could or should be remedied through and by the courts. Rather, many actors see guarantees of non-discrimination or aspects of the right to health or education as benefits which are not of a justiciable nature. Lawyers, sharing a similar legal mindset and background, do not tend to demonstrate the necessary legal activism in pursuing judicial remedies in such cases.
The report contains five chapters. Chapter 1 of the report outlines the general issues which are essential to ensure access to justice for ESC rights in Uzbekistan. Chapter 2 is dedicated to issues related to the right to housing, its international legal aspects and national implementation. Chapter 3 discusses issues related to the right to health while Chapter 4 describes the aspects of the protection of the right to work internationally as well as in Uzbekistan. In Chapter 5, the report sets out conclusions and recommendations on access to justice as well as the measures to protect specific rights addressed in the report.
The publication of the report marks the conclusion of a three-year project, ACCESS, of the International Commission of Jurists (ICJ), which has worked to advance civil society engagement for the protection of ESC rights in Uzbekistan. It draws on several discussions in Uzbekistan, as well as on legal research carried out throughout the project.
Please see the report below:
In English: Accessing Economic and Social rights in Uzbekistan: an analysis of selected laws and practices
In Russian: Доступ к экономическим и социальным правам в Узбекистане: анализ законодательства и практики
In Uzbek: Ўзбекистонда иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларни баҳолаш: айрим қонунлар ва амалиёт таҳлили
Please see the executive summaries below:
In Russian: Доступ к экономическим и социальным правам в Узбекистане: анализ нормативно-правовых актов и практики. Резюме отчета.
Kyrgyz Republic: ICJ welcomes Constitutional Court ruling blocking reintroduction of the death penalty
UN HRC: ICJ Statement on the Human Rights Situation in Venezuela
FES-ICJ High-Level Conference: The role of civil society in the UN80 Initiative
Laos: After 13 years, renewed international action needed to ensure justice in Sombath Somphone’s enforced disappearance