Aug 12, 2013
The Third Geneva Forum for Judges and Lawyers, which took place on 13 December 2012, focused on the role of the domestic court in improving access to justice. The report is now online.
In three sessions, participants discussed how domestic courts grapple with the tension of applying universal standards in the domestic context; the role of the lawyer in strengthening the protection of international human rights law and standards through domestic litigation; and how judges compare national integration of various international human rights law and standards.
Independence of the judiciary-Geneva Forum 2012-Publications-report-2013 (full text in pdf)
Aug 5, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ condena acciones de intimidación en contra del Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS).
El día jueves 1 de agosto, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto DEMOS y a las oficinas del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Frank Larue.
Un día antes, en su columna de opinión el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo, escribió en contra del Sr. Larue, acusándolo falsamente de diferentes hechos criminales, supuestamente cometidos por él durante el conflicto armado interno.
Desde hace ya varios meses, en su calidad de Director de la Fundación contra el Terrorismo, el Sr. Méndez-Ruiz ha asumido una posición intimidatoria en contra de personas, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, misiones diplomáticas y dirigentes comunitarios, tratando así de afectar el trabajo que estas personas o instituciones realizan en favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
La Fundación contra el Terrorismo, representada por el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz anunció días atrás, diferentes acciones en contra de organizaciones no gubernamentales.
Es así como, en el mes de marzo del presente año, después de dicho anuncio, el Director de la Organización Centro para la Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y su asesor legal, sufrieron amenazas y serias intimidaciones.
Posteriormente, la organización Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) fue acusada en el mes de julio de diferentes falsedades en una publicación anónima, claramente con el objeto de intimidar al personal que lleva a cabo acciones a favor de las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, el 1 de agosto, las oficinas del Instituto DEMOS y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, también sufrieron un ingreso ilegal y sustracción de documentos.
La Comisión Internacional de Juristas, hondamente preocupada por estas amenazas, pide a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación rigurosa, para determinar quién está detrás de todos estos hechos violentos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dicha investigación debería extenderse en contra de la Fundación contra el Terrorismo y su Director Sr. Méndez-Ruiz, con el objeto de identificar posibles vínculos con los hechos mencionados, sobre todo tomando en cuenta el contenido de múltiples publicaciones realizadas por la Fundación contra el Terrorismo en los últimos meses.
Asimismo, pide al Estado de Guatemala que brinde garantías y protección a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones y dirigentes comunitarios que llevan a cabo actividades a favor del respeto de los derechos humanos.
Dichas garantías deberían extenderse al trabajo que realiza el Sr. Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas Sr. Frank Larue.
Foto: UN /Jean-Marc Ferré
Jul 27, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña.”
Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país,” añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato.
La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 27, 2013 | News
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña”. Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país”, añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato. La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 9, 2013 | News
The ICJ today called for the immediate release of Le Quoc Quan, after the People’s Court of Hanoi announced on 8 July 2013 the postponement of his trial, without setting any new dates for the case. The reason given for the hastily informed adjournment was that the judge had suddenly taken ill.
The ICJ considers that Le Quoc Quan’s continued detention is in violation of Vietnam’s penal law and the State’s international legal obligations.
Le Quoc Quan, a lawyer and human rights defender, was arrested on 27 December 2012 and charged for tax evasion under article 161 of Vietnam’s 1999 Penal Code.
The postponement of the trial appears to signal that Le Quoc Quan will continue to remain in jail. Since his arrest last year, he has already been detained for more than six months.
“The continued detention of Le Quoc Quan is akin to him being punished even before the trial has commenced. This is a clear violation of his right to being presumed innocent,” said Andrew Khoo from the Malaysian Bar Council, an expert appointed by the ICJ, who had traveled to Hanoi to observe Le Quoc Quan’s trial.
On 29 December, two days after Le Quoc Quan’s arrest, his wife filed an application for bail to the police and procurator. She had also applied for release on his own recognizance. There are no specific detailed procedures spelled out in law governing bail procedures. Under article 92 of the Criminal Procedure Code, only family members are permitted to act as guarantors. To date, neither the police nor the procurator have replied to her applications.
Under article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Vietnam is a party, it should not be the general rule that persons are detained while awaiting trial, and release pending trial may only be subject to conditions to ensure appearance at the trial.
“There is no reason to believe that if released Le Quoc Quan would not appear for trial, and in any event his family has made representations to act as guarantors”, said Emerlynne Gil, the ICJ’s International Legal Adviser on Southeast Asia, who was also in Hanoi to observe the trial. “The People’s Court of Hanoi must order Le Quoc Quan’s release either on bail or his own recognizance.”
The ICJ notes that the postponement also violates Le Quoc Quan’s right to a speedy trial. Under international law, including ICCPR article 14, an accused has the right to be tried without undue delay and within a reasonable period of time. This prevents any unnecessary continuing deprivation of liberty and ensures that the interest of justice is properly served.
“We would expect that the People’s Court of Hanoi will notify promptly the public of the next date of Le Quac Quan’s trial and ensure that his right to a fair and public trial is upheld,” said Emerlynne Gil.
The ICJ looks forward to returning to Vietnam to continue monitoring this case and ensuring that the rights of Le Quoc Quan, including his right to liberty and to a fair trial, are fully respected and protected.
CONTACT:
Ms. Emerlynne Gil, International Legal Adviser for Southeast Asia, tel. no. +662 6198477; email: emerlynne.gil(a)icj.org
