Communicado de la CIJ, ante la visita de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein a Guatemala.
La CIJ expresó:
1. El país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales que se han presentado en la época post-conflicto armado interno. Desde el 27 de agosto, cuando el Presidente de la República declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quedó evidenciado que el Organismo Ejecutivo, al más alto nivel, iniciaba una serie de actos arbitrarios, para afectar el desenvolvimiento de este organismo de las Naciones Unidas.
2. Por su parte, el Congreso de la República, inició la implementación de una “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad”, por medio de la aprobación de una ley de reformas al Código Penal, que luego, ante el rechazo generalizado de la población guatemalteca, tuvo que dar marcha atrás.
3. En las últimas semanas, el Congreso de la República, en forma abierta, ha evidenciado que la “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad” tiene como pilares fundamentales: a) Facilitar la corrupción por medio de iniciativas tales como eliminar la constancia de “finiquito” o constancia de haber cumplido con todas las normas relativas a la transparencia, para quienes quieran optar al cargo público de diputado o diputada; b) Consagrar la Impunidad en casos de Justicia Transicional a favor de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, por medio del otorgamiento de una “amnistía general”, y reformas a la Ley de Reconciliación Nacional; c) Reprimir a quienes ejercen el derecho a la resistencia pacífica, así como afectar el normal funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, por medio de leyes, que permitirán establecer mayores controles al funcionamiento de las ONGs y desarrollar aún más, la persecución a dirigentes comunitarios, por medio de la Ley contra actos terroristas.
4. Mientras tanto, las y los jueces independientes y honestos del Poder Judicial, continúan sufriendo campañas de difamación, recusaciones infundadas para ser apartados de los casos de alto impacto que conocen; litigio de mala fe por parte de abogados y abogadas que defienden a funcionarios públicos en casos de corrupción que se ventilan en su contra; ataques por medio de medidas disciplinarias y hasta ataques fìsicos.
5. La CIJ ha podido constatar que el Sistema de Justicia tiene grandes retos que debe superar; sin embargo, para ello es necesario que se impulsen reformas que lo fortalezcan. Esas reformas se vuelven casi imposibles, cuando están en manos de funcionarios acusados de cometer delitos o actos de corrupción. Un claro ejemplo, lo constituye la figura jurídica del antejuicio, que según las reformas constitucionales debería desaparecer para el caso de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, precisamente fue el Congreso de la República, quien rechazó esta reforma en forma tajante.
6. El próximo año 2018 se iniciará con la crucial elección de Fiscal General. Como lo expresara la CIJ en su comunicado del mes de febrero del presente año, la existencia de un pacto de impunidad, hacía prever acciones concretas en contra de la CICIG y su representante en el futuro inmediato.
7. LA CIJ considera que si en dicha elección el crimen organizado toma el control de esta institución, significará que las estructuras criminales habrán consolidado el Pacto de Impunidad que pretenden implementar, para lograr que los casos de alto impacto que hoy se ventilan ante los tribunales de justicia, se vean seriamente afectados, incluso con la liberación de las personas que se encuentran guardando prisión.
8. En lo que respecta a la obligación del Estado de Guatemala de respetar los derechos humanos de las personas, la CIJ considera que la visita del señor Al Hussein se lleva a cabo en un clima de inseguridad y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra los Pueblos Indígenas y campesinos pobres de Guatemala, imperando acciones estatales de racismo, exclusión y discriminación.
Ante esta crisis institucional, que afecta a los tres organismos del Estado y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó:
“La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), debe asumir en esta visita, la posición más contundente posible, para obtener de las autoridades del Estado de Guatemala, compromisos concretos, viables y verificables, para construir un verdadero Estado de Derecho, en el que se respeten los derechos humanos de todos los pueblos.”
Guatemala, 16 de noviembre de 2017