La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) insta a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas inmediatas para restaurar el Estado de derecho y los principios democráticos y poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país. Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los presos políticos, y garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Los responsables de violaciones de derechos humanos deben comparecer ante la justicia y las víctimas deben tener acceso a recursos y reparaciones efectivas. Las autoridades nicaragüenses también deben respetar las garantías judiciales y procesales de todas las personas sujetas a arresto y detención, acusadas de un delito o sujetas a una investigación penal. En particular, las autoridades deben garantizar, en todo momento, el acceso a los tribunales a las personas que están detenidas. También deben garantizar el derecho a un juicio justo por un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido por la ley, tal como se establece en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Derechos Políticos y en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De igual manera, las autoridades deben dejar de utilizar el derecho penal como herramienta para intimidar, obstruir o impedir el libre disfrute de los derechos humanos de las personas que no cuentan con el beneplácito de las autoridades gubernamentales, incluidas las personas defensoras de derechos humanos y los miembros de organizaciones de la sociedad civil.
“Si bien la CIJ acoge con satisfacción la liberación el 9 de febrero de más de 200 presos detenidos arbitrariamente, nos preocupa que hayan sido objeto de graves violaciones de derechos humanos y se hayan visto obligados a exiliarse en los Estados Unidos”, manifestó Ian Seiderman, director legal y de políticas de la CIJ. “La opción entre prisión o exilio para el ejercicio de los derechos es inaceptable”, agregó Seiderman.
A la CIJ le preocupa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua haya declarado que los “deportados” eran “traidores de la patria” y sus derechos ciudadanos hayan sido suspendidos de por vida. El mismo día, la Asamblea Nacional de Nicaragua, a través de la Ley 1145, autorizó revocar la ciudadanía a personas catalogadas como “traidores de la patria”.
Por ello, la CIJ hace un llamado a las autoridades nicaragüenses para que cumplan con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la nacionalidad, a la libertad de circulación y a poder regresar al país sin temor a ser perseguido o a correr el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. En cuanto al derecho a la nacionalidad, como ha afirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es relevante resaltar que la privación arbitraria de la nacionalidad “especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos“.
Contexto
La crisis de derechos humanos en Nicaragua se ha intensificado desde 2018 con la represión a gran escala de quienes ejercen sus libertades fundamentales, incluida la represión a quienes ejercen su derecho a la protesta social. Las acciones represivas en el contexto de las protestas de 2018 dejaron más de 200 muertos, muchos por ejecuciones extrajudiciales, y más de 1.300 heridos, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La degradación del Estado de derecho en el país ha continuado con limitaciones ilegítimas al ejercicio de los derechos en el espacio cívico. Cientos de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas políticos fueron amenazados, procesados, detenidos ilegalmente y maltratados, y algunos han tenido que huir del país. Los partidos políticos, lasaccesso organizaciones de derechos humanos y de desarrollo y los medios de comunicación también se vieron obligados a cerrar.