La CIJ presenta sus observaciones preliminares tras la misión que llevara a cabo en Guatemala.
1. La CIJ concluye hoy su misión a Guatemala, que ha tenido como propósito estudiar la administración de justicia, la impunidad, el acceso a la justicia y el derecho indígena y la situación de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia. La CIJ tuvo la oportunidad de reunirse con varias autoridades, entre ellos el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente del Congreso, el Ministro de Gobernación, el Procurador de Derechos Humanos y el Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos; representantes de instituciones públicas y privadas; y organizaciones no gubernamentales. A todos ellos, la CIJ agradece la amabilidad y la información brindada.
2. Sin perjuicio de un informe detallado que contenga sus hallazgos, conclusiones finales y recomendaciones específicas, la CIJ desea compartir con la opinión pública guatemalteca algunas observaciones preliminares.
3. La CIJ reconoce los esfuerzos que el actual Gobierno y la sociedad guatemalteca han desarrollado en pos de la construcción de un régimen democrático basado en el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento por parte del Gobierno de los problemas que aquejan a Guatemala y la disposición al diálogo constituyen importantes avance en aras del fortalecimiento institucional. Un país como Guatemala, que ha sufrido los efectos crueles de sucesivos gobiernos autoritarios y un prolongado conflicto armado interno en el que se produjeron flagrantes violaciones de los derechos humanos y se debilitaron tanto el tejido social como el sistema institucional, enfrenta serios desafíos para su desarrollo democrático y requiere el concurso de la sociedad y la comunidad internacional. Guatemala aún hoy tiene una deuda pendiente con las víctimas de la violencia de su pasado reciente.
4. Las sociedades democráticas modernas tienen uno de sus fundamentos esenciales en una administración de justicia independiente e imparcial, que proteja activamente los derechos de los habitantes y que sea de fácil acceso, especialmente para los sectores menos favorecidos. En este sentido, la CIJ observa que en Guatemala persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial, que obedecen a un inadecuado marco normativo y a ciertas prácticas que impiden la prestación de este servicio público esencial.
5. Algunas de las preocupaciones de la CIJ se refieren a los procedimientos de selección, nombramiento y evaluación de jueces y magistrados; la administración del Organismo Judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia; la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados; la respuesta del sistema judicial frente a la actual situación de inseguridad ciudadana; la puesta en práctica del modelo de juzgamiento penal; la disponibilidad de recursos; el reconocimiento de la justicia indígena; y el acceso a la justicia de la población en general.
6. Estos factores redundan en una preocupante situación de impunidad, que se manifiesta en fenómenos tales como: el alto número de casos que quedan sin investigación y sanción; los actos de intimidación contra operadores de justicia; la proliferación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y el auge crimen organizado; y linchamientos y otras formas de “ajusticiamiento” por parte de la población.
7. En lo que se refiere a la investigación criminal, la CIJ pudo observar que, a pesar de algunos avances en su formulación y puesta en práctica, queda aún mucho por hacer en materia de coordinación interinstitucional, manejo de la escena del crimen, protección de víctimas y testigos, creación de una efectiva carrera fiscal, celeridad en la investigación de casos específicos, mejor cobertura del territorio nacional, descentralización del Ministerio Público y establecimiento de un ente técnico de ciencias forenses.
8. Es motivo de inquietud también para la CIJ el indebido uso del sistema penal para la solución de conflictos sociales que deberían encontrar respuesta en canales de solución pacífica. En este sentido, parece apremiante atender la problemática agraria y laboral a través de la construcción de consensos y el establecimiento de instituciones y procesos que garanticen una vida digna para todos los guatemaltecos.
9. Dentro de la situación que vive el país, preocupan particularmente las agresiones de diverso orden de que son víctimas los operadores de justicia, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. La CIJ saluda el reciente pronunciamiento del Gobierno acerca de los defensores de derechos humanos, y considera que puede hacerse extensivo a los operadores de justicia y líderes sociales por el importante papel que cumplen en toda sociedad democrática.
10. La CIJ aprecia el valor que tiene el derecho tradicional de las comunidades indígenas y la contribución que entraña para la solución pacífica de los conflictos. Así, es de desear que tal sistema de justicia obtenga el reconocimiento normativo que merece por parte del Estado de Guatemala en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de instrumentos específicos como el Convenio 169 de la OIT.
11. Otras preocupaciones de la CIJ se refieren al uso abusivo del recurso de amparo con el fin de entorpecer importantes investigaciones y juicios, en particular en casos de graves violaciones de derechos humanos; la existencia de un proyecto de ley que otorgaría amplias competencias a la justicia militar en contradicción con los estándares internacionales, lo que representaría un retroceso en la materia; la falta de fundamentación de muchas decisiones judiciales; y la existencia de poderes fácticos, que implican una seria amenaza al Estado de derecho y debilitan aún más la institucionalidad democrática.
12. La CIJ continuará observando la situación de Guatemala con el ánimo de contribuir a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Para ello, mantendrá un diálogo permanente con las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad internacional, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que se instalará próximamente en el país.