La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que refuerza y respalda las acciones de la ONU en Colombia.
En la sesión de este año, finalizada el 22 de abril, no solamente pidió al Gobierno “asegurar” que las recomendaciones de la Alta Comisionada sean implementadas “rápidamente” sino que le puso como límite de tiempo el primer semestre de 2005 para adoptar un cronograma de implementación.
Respondiendo a los intentos del Gobierno de debilitar el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Comisión manifestó su “fuerte apoyo” al trabajo de dicha Oficina, haciendo expresa su labor fundamental de monitoreo de la situación de derechos humanos, función que parece ser la más incómoda para el Ejecutivo. En contra de las pretensiones gubernamentales por negar el conflicto armado, la Comisión de Naciones Unidas se refirió claramente al “conflicto armado interno” y a la necesidad correspondiente de aplicar el derecho internacional humanitario y respetar el principio de distinción entre combatientes y población civil.
En medio del debate del proyecto de ley propuesto por el Gobierno para la negociación con grupos paramilitares, la Comisión urgió al Congreso y al Gobierno a establecer un marco jurídico que “reconozca plenamente y garantice los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones”. Precisó que dicho marco jurídico debe “reconocer el principio de que todas las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos y abusos no pueden ser favorecidas con impunidad”. Consternada por el creciente control paramilitar, denunciado por la Alta Comisionada en su informe, la Comisión expresó su seria preocupación por casos de apoyo, colusión, y complicidad de agentes estatales con grupos paramilitares, y llamó al gobierno a hacer uso de su poder discrecional de suspender a funcionarios vinculados con estos grupos. Finalmente “condenó fuertemente” las violaciones al cese de hostilidades cometidas por grupos paramilitares.
La Comisión expresó su “grave preocupación” por la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se mostró “alarmada por las violaciones registradas al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad, debido proceso, privacidad e intimidad (…), libertad de movimiento, residencia, opinión y expresión”. Además, la Comisión manifestó su “más alta preocupación por las ejecuciones extrajudiciales reportadas que fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad y a otros servidores públicos así como por detenciones masivas y allanamientos ilegales”. Inclusive, la Comisión manifestó su preocupación por el incremento de detenciones arbitrarias y por la estigmatización que estas conllevan. Expresó asimismo su preocupación grave por el “uso generalizado de la tortura y la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas”.
Además de llamar al Gobierno a tomar medidas urgentes frente a comunidades indígenas en riesgo de extinción, condenó especialmente la violencia contra ellas y contra comunidades afrocolombianas, así como contra mujeres y niñas y “el clima de impunidad en que estas violaciones ocurren”.
La Comisión hizo un llamado específico a que cualquier medida que se tome en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumpla con las obligaciones que tiene Colombia según el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En relación con las organizaciones defensoras de derechos humanos, llamó al Gobierno a “asegurar” que no se siguieran realizando declaraciones en contra de ellas que “puedan poner en riesgo sus vidas, integridad y seguridad”.
Condenó específicamente la masacre cometida contra ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo 4 niños, y llamó al Gobierno “a asegurar una investigación plena” y a que “los perpetradores sean sometidos a la justicia”.
La Comisión rechazó el reclutamiento de niños; de manera firme condenó el secuestro, el uso de minas antipersonales y llamó a todos los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos se sintonizó con el informe de la Alta Comisionada Louise Arbour -quien visitará a Colombia en mayo- y llamó fuertemente la atención del Gobierno colombiano para que tome medidas concretas en plazos determinados, dando así un paso más en la acción que ejerce para que cumpla los compromisos y obligaciones internacionales.
Al Gobierno le queda una ardua tarea para demostrar, en poco tiempo, resultados en materias en las que en dos años ha tenido un pobre desempeño. La comunidad internacional está cada vez más atenta a verificar si estos compromisos son honrados con seriedad por el Gobierno colombiano.
Colombia-United Nations demands-press release-2005 (text, PDF)