Colombia: socavando el estado de derecho y consolidando la impunidad
Durante las cuatro últimas décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario.
Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como por paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno colombiano ha diseñado, en nombre de la lucha antiterrorista, una nueva política de seguridad conocida como política de seguridad democrática. Para implementarla, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran numerosas reformas constitucionales y legales.
El propósito de este informe es, por una parte, analizar estas medidas y su impacto sobre el estado de derecho, la independencia de la administración de justicia y los derechos humanos. Asimismo, la CIJ analiza en este informe, a la luz del derecho internacional humanitario, el discurso del Gobierno colombiano, en particular la negación constante de la existencia del conflicto armado interno y de la persistente crisis humanitaria.
En materia de derechos humanos, el Gobierno pretende que la implementación de su política de
seguridad ha mejorado sustancialmente la vigencia de los derechos humanos de todos los colombianos. Mostraremos a continuación, a partir de numerosas informaciones y testimonios recibidos por la CIJ sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que tal afirmación es dudosa.
El informe también analiza el desarrollo de las negociaciones entre el Gobierno y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la desmovilización de dichos grupos. En el marco de este proceso, el Gobierno ha adoptado y promovido la adopción de varias leyes que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Hace varios años que la CIJ sigue con honda preocupación la situación de derechos humanos en Colombia. Las medidas legales tomadas en el marco de la política de seguridad democrática y el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares de las AUC han aumentado las preocupaciones de la CIJ. Por esta razón, la organización decidió hacer una misión a Colombia y adelantar investigaciones para evaluar el impacto de estas medidas sobre el estado de derecho, la administración de justicia y los derechos humanos.
El presente informe está basado tanto en la misión de la CIJ a Colombia en enero de 2005 así como del seguimiento investigativo que la Comisión viene haciendo en los últimos años. En Colombia, la misión se entrevistó en Bogotá con altos funcionarios del Gobierno, representantes del Poder Judicial y miembros del Congreso. Asimismo se reunió con organizaciones de la sociedad civil y con representantes de la comunidad internacional acreditados en Colombia. La misión se desplazó a la ciudad fronteriza de Arauca (Departamento de Arauca) durante tres días Colombia: Socavando el estado de derecho y consolidando la impunidad Comisión Internacional de Juristas donde se entrevistó con funcionarios del Estado y con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sindicalistas y representantes de comunidades desplazadas. {{1}}
[[1]] La misión de la CIJ de enero de 2005 estuvo integrada por la experta en derechos humanos Mariclaire Acosta, (Vicecanciller para los Derechos Humanos y la Democracia del Gobierno de México de 2000 a 2003), Carlos Castresana (Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de España) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.[[1]]
Colombia-rule of law impunity-thematic report-2005-spa (informe en español, PDF)
Colombia-rule of law impunity-summary and recommendations-thematic report-2005-spa (resumen en español, PDF)
