US military commissions should not try accused terrorists
The ICJ is alarmed by the Executive Order issued by President Bush on 13 November, authorizing the establishment of military commissions to try persons accused of terrorist activities.
The ICJ is alarmed by the Executive Order issued by President Bush on 13 November, authorizing the establishment of military commissions to try persons accused of terrorist activities.
The ICJ has written to President Bakili Muluzi of the Republic of Malawi expressing grave concern about Parliament’s recommendation for removal of three high court judges, for alleged misconduct.
La CIJ condena el asesinato de José Lidón Corbi, Magistrado de la Audiencia de Bilbao (España). Dos individuos dispararon contra del juez Lidón Corbi en presencia de su esposa y uno de sus hijos, el 7 de noviembre a las 7:30 AM, en el municipio de Gexto, cerca a Bilbao.
El asesinato ha sido atribuido a la organización independentista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
En el pasado, ETA ha asesinado cinco miembros del poder judicial. De acuerdo con informes de prensa, 79 jueces y nueve fiscales han sido declarados objetivos militares en una lista de ETA. La CIJ condena estos ataques, los cuales constituyen un serio atentado contra la independencia de poder judicial y el estado de derecho en España, e insta a ETA a que de manera inmediata cese tales prácticas criminales.
La CIJ expresa su solidaridad con los familiares del Juez Lidón Corbi y el poder judicial de España. Al mismo tiempo, la CIJ urge a los gobiernos nacional y regional a tomar, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, las medidas necesarias en orden a garantizar la seguridad de todos los miembros de poder judicial.
The ICJ condemns the murder of José María Lidón Corbi, Magistrate of the Court of Bilbao (Audencia de Bilbao), Spain.
La CIJ hoy escribió al Presidente de México, Vicente Fox, para pedir una investigación exhaustiva sobre el asesinato de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa, dirigida a garantizar la identificación y juzgamiento de los responsables.
La CIJ también pidió al gobierno tomar las medidas para investigar todos los casos en que abogados, jueces y defensores de derechos humanos sean objeto de amenazas, ya que solo así se podrá garantizar su protección y seguridad personal.
La Lic. Ochoa, ex-directora de la división legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), había sido previamente víctima de amenazas de muerte, secuestro, y un intento de asesinato. La Lic. Ochoa recibió disparos en la cabeza y en una pierna.. Junto al cuerpo sin vida de la Lic. Ochoa, fue hallado un panfleto con amenazas de muerte en contra de varios miembros del PRODH.
En varias ocasiones, la CIJ expresó su preocupación al gobierno sobre la situación de la Lic. Ochoa y otros abogados mexicanos víctimas de ataques similares.
En la edición del año 2000 de su publicación Attacks on Justice, la cual reseña casos de persecución y hostigamiento en contra de jueces y abogados en todo el mundo, la CIJ documentó varios ataques graves en contra de la Lic. Ochoa, incluyendo un intento de homicidio el 28 de octubre de 1999.
Después de este incidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno que tomara medidas dirigidas a proteger a la Lic. Ochoa, a raíz de lo cual le fue otorgada protección policial. La Lic. Ochoa permaneció en el exterior durante parte de los años 2000 y 2001. Una vez de regresó a México, en abril del 2001, las medidas de protección no fueron restablecidas, aparentemente debido a que el gobierno concluyó que las amenazas en contra de la seguridad personal de la Lic. Ochoa no ameritaban dichas medidas.
En diversas ediciones de Attacks on Justice y en el informe publicado en 1999, luego de su visita a México, la CIJ resaltó el problema de impunidad en México. Pero esta situación ha persistido.