Nueva victoria para la impunidad en Guatemala

Nueva victoria para la impunidad en Guatemala

La resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) es otra oportunidad perdida en la lucha contra la impunidad en Guatemala, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas. La resolución se amparó provisionalmente a Efraín Ríos Montt, ex Presidente de facto de dicho país, para que no declare ante un juez y fiscal españoles por delitos cometidos contra ciudadanos españoles durante el conflicto armado interno en Guatemala.

“Siempre hemos sostenido que pesa sobre Guatemala la obligación de investigar y castigar a los autores de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, y que toda medida tendiente a mantener la impunidad de los responsables constituye una clara violación de las obligaciones internacionales del Estado”, dijo Nicholas Howen, Secretario general de la CIJ. Ante la impunidad en que se mantienen estos graves crímenes y la ausencia de procesos judiciales efectivos contra sus autores, los familiares de las víctimas recurrieron a tribunales extranjeros para que conocieran los casos. En tal contexto, se iniciaron en España procesos contra los presuntos responsables por el asesinato de cuatro sacerdotes españoles y por el asalto militar a la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 en el que murieron 37 personas.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la CC aceptó el recurso promovido por Ríos Montt e impidió que se le tomara declaración. La resolución del tribunal se basó en la supuesta falta de documentación enviada por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que había previamente designado a un juez guatemalteco para que auxiliara al juez y fiscal españoles. El amparo otorgado por la CC impidió que se tomara declaración a otros siete ex altos oficiales del Ejército.

“Guatemala tiene la obligación internacional de cooperar con los procesos judiciales iniciados por los tribunales españoles por estos graves crímenes. Al no hacerlo, Guatemala continúa incumpliendo flagrantemente su obligación de combatir la impunidad”, sostuvo Nicholas Howen. “Uno de los más tristemente célebres mecanismos de impunidad, el abuso del recurso de amparo, ha servido de justificación una vez más para que se impida la búsqueda de la verdad y la responsabilidad por horribles crímenes”.

La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a cumplir con su obligación internacional de combatir la impunidad mediante la investigación y enjuiciamiento independientes de todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el que estuvo sumido el país y, en tal contexto, a brindar toda la cooperación necesaria para que los procesos abiertos ante tribunales extranjeros puedan seguir su curso normal.

Guatemala-impunity-press release2-2006 (text, PDF)

Posición de la Comisión Internacional de Juristas sobre los proyectos de reforma de la justicia militar de Guatemala

Posición de la Comisión Internacional de Juristas sobre los proyectos de reforma de la justicia militar de Guatemala

Para ser compatible con el pleno respeto de los derechos humanos, la jurisdicción de los tribunales militares debe estar limitada a delitos estrictamente ligados a la función militar; esto es, a hechos delictivos que afecten exclusiva o esencialmente un bien de carácter militar.

Las violaciones de derechos humanos, entre las que se incluyen las desapariciones forzadas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, no caen bajo la esfera de acciones ejercidas en el marco de funciones militares y, en consecuencia, su investigación, enjuiciamiento y castigo corresponde, exclusivamente, a los tribunales de justicia ordinarios. Asimismo, para ser compatible con el pleno respeto de los derechos humanos, la jurisdicción de los tribunales militares debe garantizar plenamente el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial de los militares justiciables de los tribunales militares.

En consecuencia, la aprobación de los proyectos de ley bajo examen en su redacción actual, que supondría la creación de un fuero personal para miembros de las fuerzas armadas, violentaría los principios del derecho internacional de los derechos humanos antes descritos así como las obligaciones internacionales de Guatemala. Al sustraer de la jurisdicción ordinaria a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, se corre el serio riesgo de que dichos crímenes queden impunes, en particular los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Guatemala-law military justice-position paper-2006 (full text in Spanish, PDF)

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