El establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos es tarea urgente e impostergable.
El establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos es tarea urgente e impostergable.
La instalación de la CICIACS, ya pospuesta una vez debido a las inconstitucionalidades halladas por la Corte de Constitucionalidad en 2004, representa una oportunidad histórica para combatir dichos grupos y cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.
“La existencia de estructuras como las que investigará la CICIACS significa un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en Guatemala”, dijo Nicholas Howen, Secretario general de la CIJ. “Frente a la absoluta impunidad con que operan estos grupos, es evidente que la acción de las autoridades guatemaltecas ha sido insuficiente para hacer frente a este grave flagelo; de allí la necesidad de ayuda internacional”.
La CICIACS deberá tener el mandato para recabar información sobre la existencia y accionar de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, formular denuncias penales contra sus miembros y constituirse en querellante adhesivo, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. Con amplia presencia internacional, la CICIACS deberá tener libertad de acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares, observando sólo lo preceptuado por la Constitución de Guatemala. En tal sentido, es de esperarse que el artículo 30 de la Carta Magna, que regula el secreto de Estado y que en ocasiones ha sido utilizado para obstaculizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos, sea interpretado acorde con la obligación internacional de combatir la impunidad y se garantice a la CICIACS todo el acceso necesario a información tendiente a esclarecer graves violaciones de derechos humanos.
“La CIJ valora el esfuerzo de las autoridades guatemaltecas en celebrar un nuevo Acuerdo sobre CICIACS que subsane las incompatibilidades encontradas por la Corte de Constitucionalidad, pero recuerda que ni la Constitución ni la legislación nacional pueden transformarse en obstáculos para la efectiva investigación de graves violaciones de derechos humanos”, agregó el Sr. Howen. “El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el acceso a la información relativa a graves violaciones de derechos humanos, que sólo puede denegarse en casos sumamente excepcionales prescritos por la ley y tras probar que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo; dichas denegaciones deben poder ser apeladas ante un tribunal independiente.”
La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a impulsar el pronto establecimiento de la CICIACS como medida tendiente a combatir la impunidad y a dotar a la CICIACS de los poderes necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos. La CIJ insta a las partes del Acuerdo a abstenerse de incluir provisiones que se transformen en obstáculos que impidan el efectivo accionar de la CICIACS y la adecuada investigación de los grupos ilegales de conformidad con las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) es otra oportunidad perdida en la lucha contra la impunidad en Guatemala, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) es otra oportunidad perdida en la lucha contra la impunidad en Guatemala, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas. La resolución se amparó provisionalmente a Efraín Ríos Montt, ex Presidente de facto de dicho país, para que no declare ante un juez y fiscal españoles por delitos cometidos contra ciudadanos españoles durante el conflicto armado interno en Guatemala.
“Siempre hemos sostenido que pesa sobre Guatemala la obligación de investigar y castigar a los autores de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, y que toda medida tendiente a mantener la impunidad de los responsables constituye una clara violación de las obligaciones internacionales del Estado”, dijo Nicholas Howen, Secretario general de la CIJ. Ante la impunidad en que se mantienen estos graves crímenes y la ausencia de procesos judiciales efectivos contra sus autores, los familiares de las víctimas recurrieron a tribunales extranjeros para que conocieran los casos. En tal contexto, se iniciaron en España procesos contra los presuntos responsables por el asesinato de cuatro sacerdotes españoles y por el asalto militar a la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 en el que murieron 37 personas.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la CC aceptó el recurso promovido por Ríos Montt e impidió que se le tomara declaración. La resolución del tribunal se basó en la supuesta falta de documentación enviada por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que había previamente designado a un juez guatemalteco para que auxiliara al juez y fiscal españoles. El amparo otorgado por la CC impidió que se tomara declaración a otros siete ex altos oficiales del Ejército.
“Guatemala tiene la obligación internacional de cooperar con los procesos judiciales iniciados por los tribunales españoles por estos graves crímenes. Al no hacerlo, Guatemala continúa incumpliendo flagrantemente su obligación de combatir la impunidad”, sostuvo Nicholas Howen. “Uno de los más tristemente célebres mecanismos de impunidad, el abuso del recurso de amparo, ha servido de justificación una vez más para que se impida la búsqueda de la verdad y la responsabilidad por horribles crímenes”.
La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a cumplir con su obligación internacional de combatir la impunidad mediante la investigación y enjuiciamiento independientes de todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el que estuvo sumido el país y, en tal contexto, a brindar toda la cooperación necesaria para que los procesos abiertos ante tribunales extranjeros puedan seguir su curso normal.
Guatemala-impunity-press release2-2006 (text, PDF)
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