“The Colombian Government policies over the past three years have contributed to the dismantling of the rule of law and the consolidation of impunity”, said the ICJ in a new report released today.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está compuesta por juristas procedentes de todas las regiones y sistemas legales del mundo dedicados a promover el imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos.El motivo de la presente carta es manifestarle nuestra profunda preocupación frente a los recientes ataques perpetrados contra el juez Leonel Meza Reyes y el abogado Harold Rafael Pérez Gallardo. Estos dos nuevos hechos se suman a la abultada lista de jueces, abogados y otras personas ligadas a la administración de justicia que han sido impunemente atacados en Guatemala.De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el juez Meza Reyes, presidente del tribunal décimo de sentencia penal, fue atacado el pasado 22 de agosto en Ciudad de Guatemala por dos hombres armados, quienes lo golpearon y lo despojaron de objetos personales. Durante el ataque, el juez fue amenazado y golpeado con un arma de fuego. Los hombres se dirigieron a atacar al juez directamente y no asaltaron el comercio en el que se produjo el hecho ni a las otras personas que se encontraban allí. Las circunstancias que rodean al hecho permiten concluir que el ataque estuvo directamente dirigido al Sr. Meza Reyes con el objeto de intimidarlo.El juez Meza había participado en dos juicios controvertidos durante este año: el caso Rigoberta Menchú y José Ruben Zamora. En el primero, el tribunal que el juez preside condenó a cinco miembros del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) a tres años y dos meses de cárcel por el delito de discriminación racial cometido contra la señora Rigoberta Menchú Tum. Uno de los condenados es nieto del ex-general Efraín Ríos Montt, líder del FRG. En el caso Zamora, el tribunal décimo condenó a 16 años de prisión a Eduviges Funes Velásquez, ex miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial, por el allanamiento ilegal de la residencia del periodista José Rubén Zamora. El periodista Zamora, su esposa e hijos, fueron golpeados y amenazados por los atacantes durante varias horas.
Por otro lado, la CIJ recibió información del asesinato, el pasado 2 de septiembre, del abogado Harold Rafael Pérez Gallardo, quien era asesor del programa legal de Casa Alianza. El abogado fue interceptado por cuando se desplazaba en su vehículo por Mixco y recibió un disparo en la cabeza. El abogado se desempeñaba como asesor en casos de anomalías en adopciones, trata de menores de edad y asesinatos de niños de la calle.
Como la CIJ ha expresado anteriormente, estos ataques constituyen motivo de seria preocupación y son una manifestación de la situación de indefensión que viven jueces y abogados en Guatemala. Esta situación se agrava en casos en que estas personas están involucradas en casos de violaciones de derechos humanos o de crimen organizado.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas a que lleven a cabo una investigación pronta y exhaustiva de los hechos. Al respecto, queremos llamar su atención sobre los instrumentos internaci cionales que rigen la independencia judicial y la función de los fiscales, particularmente los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura y los Principios básicos sobre la función de los abogados, ambos de Naciones Unidas. Dichos instrumentos recuerdan el deber de los Estados de garantizar que jueces y abogados no sean sometidos a presiones indebidas, entre ellas la violencia física, y reafirman la obligación de protegerlos frente a tales intimidaciones y de investigarlas objetiva y exhaustivamente.
Preocupa sobremanera a la CIJ la recurrencia de estos ataques como así también la falta de investigación y persecución judicial de los mismos. Asimismo, preocupa a la CIJ que la Fiscalía Especial para investigar estos casos no cuente con los recursos suficientes para desempeñar su labor adecuadamente.
En consecuencia, exhortamos a su Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para que estos hechos sean objeto de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas así como para garantizar que los presuntos autores materiales e intelectuales de los ataques contra los Sres. Meza Reyes y Pérez Gallardo sean llevados ante un tribunal independiente e imparcial con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte. Con dicho fin, instamos a su Gobierno a dotar al Ministerio Público de los recursos necesarios para cumplir su función investigativa. Por último, llamamos a su Gobierno a proteger adecuadamente a todos los operadores de justicia, amenazados o no, y a investigar las estructuras clandestinas que presuntamente se encuentran detrás de estos hechos delictivos.
Confiando en que Su Excelencia prestará especial atención a estos preocupantes asuntos, aprovecho esta oportunidad para enviarle mis más respetuosos saludos.
Nicholas Howen
Secretario general
La CIJ presenta sus observaciones preliminares tras la misión que llevara a cabo en Guatemala.
La CIJ presenta sus observaciones preliminares tras la misión que llevara a cabo en Guatemala.
1. La CIJ concluye hoy su misión a Guatemala, que ha tenido como propósito estudiar la administración de justicia, la impunidad, el acceso a la justicia y el derecho indígena y la situación de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia. La CIJ tuvo la oportunidad de reunirse con varias autoridades, entre ellos el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente del Congreso, el Ministro de Gobernación, el Procurador de Derechos Humanos y el Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos; representantes de instituciones públicas y privadas; y organizaciones no gubernamentales. A todos ellos, la CIJ agradece la amabilidad y la información brindada.
2. Sin perjuicio de un informe detallado que contenga sus hallazgos, conclusiones finales y recomendaciones específicas, la CIJ desea compartir con la opinión pública guatemalteca algunas observaciones preliminares.
3. La CIJ reconoce los esfuerzos que el actual Gobierno y la sociedad guatemalteca han desarrollado en pos de la construcción de un régimen democrático basado en el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento por parte del Gobierno de los problemas que aquejan a Guatemala y la disposición al diálogo constituyen importantes avance en aras del fortalecimiento institucional. Un país como Guatemala, que ha sufrido los efectos crueles de sucesivos gobiernos autoritarios y un prolongado conflicto armado interno en el que se produjeron flagrantes violaciones de los derechos humanos y se debilitaron tanto el tejido social como el sistema institucional, enfrenta serios desafíos para su desarrollo democrático y requiere el concurso de la sociedad y la comunidad internacional. Guatemala aún hoy tiene una deuda pendiente con las víctimas de la violencia de su pasado reciente.
4. Las sociedades democráticas modernas tienen uno de sus fundamentos esenciales en una administración de justicia independiente e imparcial, que proteja activamente los derechos de los habitantes y que sea de fácil acceso, especialmente para los sectores menos favorecidos. En este sentido, la CIJ observa que en Guatemala persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial, que obedecen a un inadecuado marco normativo y a ciertas prácticas que impiden la prestación de este servicio público esencial.
5. Algunas de las preocupaciones de la CIJ se refieren a los procedimientos de selección, nombramiento y evaluación de jueces y magistrados; la administración del Organismo Judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia; la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados; la respuesta del sistema judicial frente a la actual situación de inseguridad ciudadana; la puesta en práctica del modelo de juzgamiento penal; la disponibilidad de recursos; el reconocimiento de la justicia indígena; y el acceso a la justicia de la población en general.
6. Estos factores redundan en una preocupante situación de impunidad, que se manifiesta en fenómenos tales como: el alto número de casos que quedan sin investigación y sanción; los actos de intimidación contra operadores de justicia; la proliferación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y el auge crimen organizado; y linchamientos y otras formas de “ajusticiamiento” por parte de la población.
7. En lo que se refiere a la investigación criminal, la CIJ pudo observar que, a pesar de algunos avances en su formulación y puesta en práctica, queda aún mucho por hacer en materia de coordinación interinstitucional, manejo de la escena del crimen, protección de víctimas y testigos, creación de una efectiva carrera fiscal, celeridad en la investigación de casos específicos, mejor cobertura del territorio nacional, descentralización del Ministerio Público y establecimiento de un ente técnico de ciencias forenses.
8. Es motivo de inquietud también para la CIJ el indebido uso del sistema penal para la solución de conflictos sociales que deberían encontrar respuesta en canales de solución pacífica. En este sentido, parece apremiante atender la problemática agraria y laboral a través de la construcción de consensos y el establecimiento de instituciones y procesos que garanticen una vida digna para todos los guatemaltecos.
9. Dentro de la situación que vive el país, preocupan particularmente las agresiones de diverso orden de que son víctimas los operadores de justicia, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. La CIJ saluda el reciente pronunciamiento del Gobierno acerca de los defensores de derechos humanos, y considera que puede hacerse extensivo a los operadores de justicia y líderes sociales por el importante papel que cumplen en toda sociedad democrática.
10. La CIJ aprecia el valor que tiene el derecho tradicional de las comunidades indígenas y la contribución que entraña para la solución pacífica de los conflictos. Así, es de desear que tal sistema de justicia obtenga el reconocimiento normativo que merece por parte del Estado de Guatemala en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de instrumentos específicos como el Convenio 169 de la OIT.
11. Otras preocupaciones de la CIJ se refieren al uso abusivo del recurso de amparo con el fin de entorpecer importantes investigaciones y juicios, en particular en casos de graves violaciones de derechos humanos; la existencia de un proyecto de ley que otorgaría amplias competencias a la justicia militar en contradicción con los estándares internacionales, lo que representaría un retroceso en la materia; la falta de fundamentación de muchas decisiones judiciales; y la existencia de poderes fácticos, que implican una seria amenaza al Estado de derecho y debilitan aún más la institucionalidad democrática.
12. La CIJ continuará observando la situación de Guatemala con el ánimo de contribuir a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Para ello, mantendrá un diálogo permanente con las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad internacional, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que se instalará próximamente en el país.
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