Colombia persists in granting impunity for grave crimes
The ICJ said today that a new demobilization law adopted by the Colombian Congress will perpetuate impunity for grave crimes committed in the conflict in Colombia.
Colombia: no guarantee of the right to reparation
On the eve of the adoption by the Colombian Congress of the so called Justice and Peace bill, the Colombian Commission of Jurists analyzes the articles contained in it.
Juristas aplauden sentencia contra leyes de impunidad
La CIJ expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía que protegieron a violadores de derechos humanos.
La sentencia reafirmó que las leyes que garantizan la impunidad de los responsables por flagrantes violaciones de los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, como así también crímenes de lesa humanidad, son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y principios de justicia.
“Este esperado fallo es un triunfo para la incansable lucha de víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y la sociedad argentina”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ para asuntos jurídicos.
“El Fallo muestra que los derechos humanos y el estado de derecho pueden derrotar a la impunidad”.
La sentencia, que contó con una mayoría de 7 a 1, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987).
La primera de estas leyes estableció un plazo de 60 días para instruir procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.
La segunda de las leyes otorgó inmunidad a todos los miembros de las fuerzas armadas con la excepción de los comandantes superiores.
Ambas leyes efectivamente impidieron el enjuiciamiento de los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la “guerra sucia” en Argentina.
Se excluyeron de las leyes los delitos de violación y apropiaciones de bebés nacidos de madres desaparecidas.
“Este histórico fallo reafirma de manera inequívoca que todas las leyes o decisiones que buscan restringir o negar la responsabilidad por violaciones de derechos humanos son inadmisibles”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán. “La obligación de enjuiciar a los responsables persiste, por lo que llamamos a las autoridades argentinas a cumplirla”.
La Corte Suprema dictó sentencia en un caso presentado en 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no-gubernamental argentina afiliada a la CIJ.
Tras las sentencias favorables de un juez federal y de la Cámara Federal de Apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema.
La CIJ y Amnistía Internacional presentaron un memorial en derecho a la Corte detallando la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos e hicieron un llamado al Gobierno a que investigue y juzgue a los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Argentina-ruling impunity laws-press release-2005-spa (en PDF)
Argentina: International Commission of Jurists applaud ruling against impunity laws
The ICJ welcomes the ruling by the Supreme Court of Argentina that declared unconstitutional the amnesty laws that shielded human rights violators.
Graves amenazas contra defensora de derechos humanos en Colombia
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a las recientes amenazas de muerte contra la abogada Soraya Gutiérrez Arguello, Presidenta de Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
El pasado 13 de mayo, al llegar a su domicilio, Soraya Gutiérrez Arguello recibió un paquete que contenía una muñeca descabezada y descuartizada.
Partes del cuerpo de la muñeca estaban quemadas y pintadas de rojo. Junto con la muñeca encontró una nota escrita a mano que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique”.
Ese mismo día apareció en el periódico El Tiempo un aviso de puestos vacantes – no solicitado por el Colectivo – que, según sus integrantes, constituye una amenaza implícita porque sugiere que en poco tiempo algunos de ellos tendrán que ser reemplazados.
Estas amenazas se suman al persistente hostigamiento de que son objeto los defensores de derechos humanos en Colombia por la labor que desempeñan: amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, allanamientos de las sedes de sus organizaciones, seguimientos en las calles.
Desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia del país en 2002, prevalece un clima de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos.
Particularmente preocupantes son las declaraciones públicas, por parte de las más altas autoridades del Estado, que acusan a las organizaciones de derechos humanos de ser “auxiliadores de la guerrilla”.
Estos pronunciamientos no sólo desprestigian la actividad legítima de estas organizaciones sino que exponen a sus integrantes a mayores ataques.
La CIJ insta a las autoridades colombianas a que garanticen la integridad física de Soraya Gutiérrez Arguello y a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas con el fin de juzgar y sancionar a los presuntos responsables.
Asimismo, la CIJ hace un llamamiento a que se tomen las medidas necesarias para que cese la estigmatización y el hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y se les permita ejercer libremente su labor sin miedo a represalias.
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