La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
Colombia-death threats defenders-2005 (en español, PDF)
La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
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La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que refuerza y respalda las acciones de la ONU en Colombia.
En la sesión de este año, finalizada el 22 de abril, no solamente pidió al Gobierno “asegurar” que las recomendaciones de la Alta Comisionada sean implementadas “rápidamente” sino que le puso como límite de tiempo el primer semestre de 2005 para adoptar un cronograma de implementación.
Respondiendo a los intentos del Gobierno de debilitar el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Comisión manifestó su “fuerte apoyo” al trabajo de dicha Oficina, haciendo expresa su labor fundamental de monitoreo de la situación de derechos humanos, función que parece ser la más incómoda para el Ejecutivo. En contra de las pretensiones gubernamentales por negar el conflicto armado, la Comisión de Naciones Unidas se refirió claramente al “conflicto armado interno” y a la necesidad correspondiente de aplicar el derecho internacional humanitario y respetar el principio de distinción entre combatientes y población civil.
En medio del debate del proyecto de ley propuesto por el Gobierno para la negociación con grupos paramilitares, la Comisión urgió al Congreso y al Gobierno a establecer un marco jurídico que “reconozca plenamente y garantice los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones”. Precisó que dicho marco jurídico debe “reconocer el principio de que todas las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos y abusos no pueden ser favorecidas con impunidad”. Consternada por el creciente control paramilitar, denunciado por la Alta Comisionada en su informe, la Comisión expresó su seria preocupación por casos de apoyo, colusión, y complicidad de agentes estatales con grupos paramilitares, y llamó al gobierno a hacer uso de su poder discrecional de suspender a funcionarios vinculados con estos grupos. Finalmente “condenó fuertemente” las violaciones al cese de hostilidades cometidas por grupos paramilitares.
La Comisión expresó su “grave preocupación” por la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se mostró “alarmada por las violaciones registradas al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad, debido proceso, privacidad e intimidad (…), libertad de movimiento, residencia, opinión y expresión”. Además, la Comisión manifestó su “más alta preocupación por las ejecuciones extrajudiciales reportadas que fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad y a otros servidores públicos así como por detenciones masivas y allanamientos ilegales”. Inclusive, la Comisión manifestó su preocupación por el incremento de detenciones arbitrarias y por la estigmatización que estas conllevan. Expresó asimismo su preocupación grave por el “uso generalizado de la tortura y la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas”.
Además de llamar al Gobierno a tomar medidas urgentes frente a comunidades indígenas en riesgo de extinción, condenó especialmente la violencia contra ellas y contra comunidades afrocolombianas, así como contra mujeres y niñas y “el clima de impunidad en que estas violaciones ocurren”.
La Comisión hizo un llamado específico a que cualquier medida que se tome en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumpla con las obligaciones que tiene Colombia según el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En relación con las organizaciones defensoras de derechos humanos, llamó al Gobierno a “asegurar” que no se siguieran realizando declaraciones en contra de ellas que “puedan poner en riesgo sus vidas, integridad y seguridad”.
Condenó específicamente la masacre cometida contra ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo 4 niños, y llamó al Gobierno “a asegurar una investigación plena” y a que “los perpetradores sean sometidos a la justicia”.
La Comisión rechazó el reclutamiento de niños; de manera firme condenó el secuestro, el uso de minas antipersonales y llamó a todos los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos se sintonizó con el informe de la Alta Comisionada Louise Arbour -quien visitará a Colombia en mayo- y llamó fuertemente la atención del Gobierno colombiano para que tome medidas concretas en plazos determinados, dando así un paso más en la acción que ejerce para que cumpla los compromisos y obligaciones internacionales.
Al Gobierno le queda una ardua tarea para demostrar, en poco tiempo, resultados en materias en las que en dos años ha tenido un pobre desempeño. La comunidad internacional está cada vez más atenta a verificar si estos compromisos son honrados con seriedad por el Gobierno colombiano.
Colombia-United Nations demands-press release-2005 (text, PDF)
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que refuerza y respalda las acciones de la ONU en Colombia.
La CIJ y la Comisión Andina de Juristas, afiliada de la CIJ en la región, expresaron su profunda preocupación frente a la grave crisis judicial y política que vive Ecuador.
Las dos organizaciones hicieron un llamamiento a las autoridades de ese país a reestablecer el equilibrio institucional mediante el nombramiento de una Corte Suprema independiente e imparcial.
La Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Andina de Juristas expresan su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive el Ecuador. Dicha crisis se ha profundizado con la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2004 y la reciente injerencia del poder político en el poder judicial. Por ello, ambas organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades de dicho país a que nombre una Corte independiente e imparcial de conformidad con estándares internacionales y que garantice el normal funcionamiento del poder judicial. “El nuevo vacío institucional producido en Ecuador y la incertidumbre de cara al futuro del poder judicial constituyen una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho en dicho país”, dijeron las organizaciones. “El equilibrio institucional debe reestablecerse cuanto antes, pero no sin garantizar un mecanismo de selección de jueces en el que la idoneidad de los candidatos, y no afiliación partidista, sea el factor determinante en los nombramientos. No se puede abusar del estado de emergencia para desnaturalizar el normal funcionamiento del poder judicial”. Los 31 jueces que constituían la Corte Suprema fueron removidos por decreto presidencial el pasado 15 de abril.
Anteriormente, el Presidente Gutiérrez había decretado el estado de excepción en un intento por controlar las manifestaciones que pedían su renuncia y la de los jueces de la Corte Suprema. Los jueces destituidos habían sido nombrados por el Congreso en diciembre pasado tras la remoción de la totalidad de los jueces de la Corte anterior. La remoción y los nombramientos se produjeron en el lapso de dos días, lo que motivó la preocupación de la CIJ y la CAJ. De acuerdo con el nuevo decreto, ninguno de los jueces anteriores como así tampoco ninguno de los recientemente removidos puede volver a ocupar su cargo. “El poder judicial constituye una de las piedras angulares sobre las que reposa toda democracia; la remoción de dos Cortes Supremas en cinco meses es desalentador y preocupante y supone un serio atentado contra la democracia en Ecuador”, subrayaron ambas Comisiones. “Urge nombrar una Corte que garantice la independencia e imparcialidad de sus miembros y que se encuentre legitimada y capacitada para revisar todos los actos del Gobierno”.
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UN HRC: ICJ Statement on the Human Rights Situation in Venezuela
FES-ICJ High-Level Conference: The role of civil society in the UN80 Initiative
Laos: After 13 years, renewed international action needed to ensure justice in Sombath Somphone’s enforced disappearance