Nombramiento de Corte Suprema debe respetar independencia
La CIJ y la Comisión Andina de Juristas, afiliada de la CIJ en la región, expresaron su profunda preocupación frente a la grave crisis judicial y política que vive Ecuador.
Venezuela: juristas condenan acoso contra abogado de derechos humanos
En una carta dirigida hoy al Fiscal General venezolano, la CIJ expresó su preocupación frente a la intimidación de la que es víctima Carlos Ayala, abogado defensor de derechos humanos.
La CIJ llamó al Fiscal General a cesar toda intimidación contra el abogado.
Venezuela-harassment lawyer-open letter-2005 (full text in Spanish, PDF)
El gobierno debe exigirle a ECOPETROL que cumpla con el fallo
ECOPETROL presentó una petición de nulidad del laudo arbitral que ordenó el reintegro de 106 de los 248 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente durante la huelga realizada en 2004.
Tambien ECOPETROL inició procesos disciplinarios contra los trabajadores con el fin de despedirlos.
El fallo del tribunal de arbitramento voluntario, pactado el 26 de mayo de 2004 para poner fin a la huelga que realizó el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), se acordó que sería inapelable. Por su parte, la USO a pesar de que el fallo no accedió a todas sus pretensiones, decidió respetar y acatar la decisión allí contenida.
Las acciones de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), son un abierto desacato a los acuerdos del 26 de mayo, desconocen la legalidad y no hacen honor al compromiso de cumplir el fallo unánime del tribunal de arbitramento voluntario, integrado por 2 árbitros nombrados por la empresa, dos por la USO y uno escogido de común acuerdo por la Iglesia Católica y la Cámara de Comercio de Bogotá. Persistir en esta actitud, subvierte el ordenamiento jurídico y pone a la empresa en abierta contradicción con el gobierno central, que acompañó y avaló el acuerdo que hoy se pretende desconocer. El Gobierno debe hacer que la empresa estatal cumpla su compromiso y, así como estuvo presto a declarar la ilegalidad de la huelga, ahora debe ordenarle a ECOPETROL que acate el fallo y no obstaculice su cumplimiento con argumentos torticeros.
Conviene recordar que la decisión sobre la legalidad de la huelga quedó en manos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), tal y como se pactó en los acuerdos del 26 de mayo.{{1}} El Comité de Libertad Sindical conoce del caso desde junio de 2004 y en los próximos meses adoptará sus recomendaciones que, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, serán de obligatorio cumplimiento para el Gobierno de Colombia.{{2}}
Confiamos en que la OIT dará la razón a la Unión Sindical Obrera y, a través de ella, al conjunto del movimiento sindical colombiano, afianzando el exitoso movimiento que ha venido liderando la USO en defensa de ECOPETROL y de las libertades sindicales.
Más información:
Carlos Rodríguez Mejía
Cel: 300 210 1545
Tel. 376 8200 Bogotá
Colombia-ecopetrol-news-2005-spa (en PDF)
Colombia-ecopetrol-annex-news-2005-spa (en PDF)
Footnotes:
[[1]] “con el propósito de garantizar el armonioso desarrollo y la permanencia óptima de manera inmediata de las relaciones Empresa-Sindicato, las partes sólo podrán iniciar las acciones legales que consideren contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga o del laudo arbitral”. Acta de acuerdo Gobierno nacional-Ecopetrol-Uso.
[[2]] Corte Constitucional, Sentencia T. 568 de 1999.
El gobierno debe exigirle a ECOPETROL que cumpla con el fallo
ECOPETROL presentó una petición de nulidad del laudo arbitral que ordenó el reintegro de 106 de los 248 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente durante la huelga realizada en 2004.
Colombia: la CIJ conluye misión de alto nivel
Al terminar su misión de diez días en Colombia, la CIJ presenta sus conclusiones preliminares acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de “seguridad democrática” sobre los derechos humanos y el estado de derecho.
La CIJ expresa su más alta preocupación por la impunidad que rodea la desmovilización de grupos paramilitares.
Dichos grupos siguen en la mesa de negociación haciéndose acreedores de beneficios jurídicos a pesar de que no han respetado el cese de hostilidades pactado en diciembre de 2002.
La CIJ ha recibido información de que, entre diciembre de 2002 y agosto de 2004, estos grupos han cometido por lo menos 1.899 asesinatos y desapariciones forzadas.
La CIJ considera que el proceso, de la manera en que se está adelantando perpetúa la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además no existe un marco legal adecuado que contemple un mecanismo eficaz de verificación del proceso y que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Durante su misión, la CIJ tuvo conocimiento de que el Gobierno se empeña en negar la existencia de un conflicto armado.
Esta apreciación es contraria a todas las evidencias. A raíz de este conflicto, el país sigue viviendo una grave crisis humanitaria puesto que cuenta con tres millones de personas internamente desplazadas.
En nombre de la lucha antiterrorista y para implementar la política de “seguridad democrática”, el Gobierno ha adoptado o promovido la adopción de varias medidas que han generado una degradación de la situación de derechos humanos. Particularmente alarmante es la práctica sistemática de detenciones masivas o individuales y de allanamientos arbitrarios por parte de la fuerza pública.
En Arauca, donde dicha fuerza tiene una presencia muy fuerte, se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información no corroborada proveniente de miembros de la red de informantes o de reinsertados, que a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos y jurídicos.
En Arauca, la misión ha sido testigo también del hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y de la estigmatización de su labor.
En el marco de la política de “seguridad democrática”, se han promovido también reformas constitucionales que afectan la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Resultan preocupantes los varios intentos de limitar las competencias de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la CIJ pide a la comunidad internacional que en la reunión que se llevará a cabo con el Gobierno colombiano en Cartagena los días 3 y 4 de febrero, condicione su apoyo al actual proceso de desmovilización a: la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra y a la adopción de un marco legal compatible con el derecho internacional y de medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Asimismo, pide a la comunidad internacional que insista en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que se publicará antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2005.
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