ECOPETROL presentó una petición de nulidad del laudo arbitral que ordenó el reintegro de 106 de los 248 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente durante la huelga realizada en 2004.
Al terminar su misión de diez días en Colombia, la CIJ presenta sus conclusiones preliminares acerca del actual proceso de desmovilización con grupos paramilitares y las consecuencias de la política de “seguridad democrática” sobre los derechos humanos y el estado de derecho.
La CIJ expresa su más alta preocupación por la impunidad que rodea la desmovilización de grupos paramilitares.
Dichos grupos siguen en la mesa de negociación haciéndose acreedores de beneficios jurídicos a pesar de que no han respetado el cese de hostilidades pactado en diciembre de 2002.
La CIJ ha recibido información de que, entre diciembre de 2002 y agosto de 2004, estos grupos han cometido por lo menos 1.899 asesinatos y desapariciones forzadas.
La CIJ considera que el proceso, de la manera en que se está adelantando perpetúa la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Además no existe un marco legal adecuado que contemple un mecanismo eficaz de verificación del proceso y que garantice el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Durante su misión, la CIJ tuvo conocimiento de que el Gobierno se empeña en negar la existencia de un conflicto armado.
Esta apreciación es contraria a todas las evidencias. A raíz de este conflicto, el país sigue viviendo una grave crisis humanitaria puesto que cuenta con tres millones de personas internamente desplazadas.
En nombre de la lucha antiterrorista y para implementar la política de “seguridad democrática”, el Gobierno ha adoptado o promovido la adopción de varias medidas que han generado una degradación de la situación de derechos humanos. Particularmente alarmante es la práctica sistemática de detenciones masivas o individuales y de allanamientos arbitrarios por parte de la fuerza pública.
En Arauca, donde dicha fuerza tiene una presencia muy fuerte, se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información no corroborada proveniente de miembros de la red de informantes o de reinsertados, que a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos y jurídicos.
En Arauca, la misión ha sido testigo también del hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y de la estigmatización de su labor.
En el marco de la política de “seguridad democrática”, se han promovido también reformas constitucionales que afectan la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Resultan preocupantes los varios intentos de limitar las competencias de la Corte Constitucional, garante del estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales.
Por todo lo anterior, la CIJ pide a la comunidad internacional que en la reunión que se llevará a cabo con el Gobierno colombiano en Cartagena los días 3 y 4 de febrero, condicione su apoyo al actual proceso de desmovilización a: la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra y a la adopción de un marco legal compatible con el derecho internacional y de medidas efectivas que garanticen el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Asimismo, pide a la comunidad internacional que insista en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que se publicará antes de la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2005.
The ICJ presents its preliminary conclusions on the current process of demobilization of paramilitary groups and on the consequences of the “democratic security” policy on human rights, the administration of justice and the rule of law.
The ICJ begins a ten-day high-level mission to Colombia today to assess the impact of the “democratic security policy” on human rights, the administration of justice and the rule of law in the country.
La CIJ empieza hoy una misión de alto nivel de diez días en Colombia para evaluar el impacto de la “política de seguridad democrática” sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho en el país.
La misión estará compuesta por Mariclaire Acosta (ex-Vicecanciller para los Derechos Humanos del Gobierno de México), Carlos Castresana (Fiscal Anticorrupción español) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.
Durante décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus informes.
Desde 2002, y en nombre de la lucha antiterrorista, el Gobierno colombiano ha promovido una nueva política de seguridad llamada política de “seguridad democrática”. En la implementación de esta política, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran reformas constitucionales y legales y una creciente participación de la población civil en el conflicto armado. Algunas de estas medidas afectan principios básicos del estado de derecho, la administración de justicia y resultan en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias masivas o individuales.
Asimismo, en el marco del actual proceso de desmovilización paramilitar, el Gobierno ha adoptado y pretende adoptar medidas legales que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, la misión de la CIJ evaluará esta situación.
Los miembros de la misión se reunirán con representantes del Gobierno colombiano, miembros del Congreso y del Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional. Producirán un informe que será difundido internacionalmente y presentado durante la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Colombia-paramillitary-news-2005-spa (en PDF)
Kyrgyz Republic: ICJ welcomes Constitutional Court ruling blocking reintroduction of the death penalty
UN HRC: ICJ Statement on the Human Rights Situation in Venezuela
FES-ICJ High-Level Conference: The role of civil society in the UN80 Initiative
Laos: After 13 years, renewed international action needed to ensure justice in Sombath Somphone’s enforced disappearance