The ICJ presents its preliminary conclusions on the current process of demobilization of paramilitary groups and on the consequences of the “democratic security” policy on human rights, the administration of justice and the rule of law.
The ICJ begins a ten-day high-level mission to Colombia today to assess the impact of the “democratic security policy” on human rights, the administration of justice and the rule of law in the country.
La CIJ empieza hoy una misión de alto nivel de diez días en Colombia para evaluar el impacto de la “política de seguridad democrática” sobre los derechos humanos, la administración de justicia y el estado de derecho en el país.
La misión estará compuesta por Mariclaire Acosta (ex-Vicecanciller para los Derechos Humanos del Gobierno de México), Carlos Castresana (Fiscal Anticorrupción español) e Isabelle Heyer, representante del Secretariado de la CIJ.
Durante décadas, Colombia ha sido el escenario de graves y persistentes violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario. Dichas violaciones han sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, paramilitares y grupos armados de oposición. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha calificado tales violaciones como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en sus informes.
Desde 2002, y en nombre de la lucha antiterrorista, el Gobierno colombiano ha promovido una nueva política de seguridad llamada política de “seguridad democrática”. En la implementación de esta política, el Gobierno ha adoptado o anunciado diversas medidas, entre las que se encuentran reformas constitucionales y legales y una creciente participación de la población civil en el conflicto armado. Algunas de estas medidas afectan principios básicos del estado de derecho, la administración de justicia y resultan en nuevas formas de violaciones a los derechos humanos tales como las detenciones arbitrarias masivas o individuales.
Asimismo, en el marco del actual proceso de desmovilización paramilitar, el Gobierno ha adoptado y pretende adoptar medidas legales que pueden resultar en la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, la misión de la CIJ evaluará esta situación.
Los miembros de la misión se reunirán con representantes del Gobierno colombiano, miembros del Congreso y del Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y representantes de la comunidad internacional. Producirán un informe que será difundido internacionalmente y presentado durante la próxima sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Colombia-paramillitary-news-2005-spa (en PDF)
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a la remoción expedita, por parte del Parlamento ecuatoriano, de 27 de los 31 jueces que integraban la Corte Suprema de dicho país.
“La destitución de este tribunal de alta jerarquía constituye un grave ataque a la independencia del poder judicial y es incompatible con estándares internacionales y con el principio de separación de poderes”, declaró hoy la Comisión internacional de juristas.
El pasado miércoles 8, el Congreso, reunido en una sesión extraordinaria convocada por el Presidente Lucio Gutiérrez, destituyó mediante una resolución a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Esta resolución, calificada de inconstitucional por los partidos de oposición y los mismos magistrados, tuvo efecto inmediato. El viernes 10, el Congreso nombró a la nueva Corte.
La razón invocada por el órgano legislativo fue que el mandato de estos jueces se había prorrogado desde enero de 2003, fecha en la que presuntamente debían ser reemplazados. “La terminación abrupta, casi después de dos años de haber vencido este plazo, pone en duda los motivos esgrimidos por el Congreso para removerlos”, dijo la CIJ.
“Sin entrar en la legitimidad del Congreso para declarar la destitución de los jueces de la Corte, la rapidez con la que se arribó a esta decisión deja serias dudas con respecto a su imparcialidad y el respeto por las garantías procesales,” añadió la CIJ.
Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer al + 41 22 979 38 00
Ecuador-indepjudges-news-2004-spa (en PDF)
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a la remoción expedita, por parte del Parlamento ecuatoriano, de 27 de los 31 jueces que integraban la Corte Suprema de dicho país.
El Salvador: Crimes against humanity within the framework of public security policy
HRC61: Joint oral statement of The ICJ in the interactive dialogue with the Special Rapporteur on Counter-terrorism and Human Rights
A Human Rights-Based Approach to Decriminalizing Conduct Associated with Poverty and Status
HRC61: Oral statement of The ICJ in the interactive dialogue with the Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities