Ecuador: remoción en masa de magistrados de la Corte Suprema

Ecuador: remoción en masa de magistrados de la Corte Suprema

La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a la remoción expedita, por parte del Parlamento ecuatoriano, de 27 de los 31 jueces que integraban la Corte Suprema de dicho país.

“La destitución de este tribunal de alta jerarquía constituye un grave ataque a la independencia del poder judicial y es incompatible con estándares internacionales y con el principio de separación de poderes”, declaró hoy la Comisión internacional de juristas.

El pasado miércoles 8, el Congreso, reunido en una sesión extraordinaria convocada por el Presidente Lucio Gutiérrez, destituyó mediante una resolución a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Esta resolución, calificada de inconstitucional por los partidos de oposición y los mismos magistrados, tuvo efecto inmediato. El viernes 10, el Congreso nombró a la nueva Corte.

La razón invocada por el órgano legislativo fue que el mandato de estos jueces se había prorrogado desde enero de 2003, fecha en la que presuntamente debían ser reemplazados. “La terminación abrupta, casi después de dos años de haber vencido este plazo, pone en duda los motivos esgrimidos por el Congreso para removerlos”, dijo la CIJ.

“Sin entrar en la legitimidad del Congreso para declarar la destitución de los jueces de la Corte, la rapidez con la que se arribó a esta decisión deja serias dudas con respecto a su imparcialidad y el respeto por las garantías procesales,” añadió la CIJ.

Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer al + 41 22 979 38 00

Ecuador-indepjudges-news-2004-spa (en PDF)

Juristas condenan asesinato de Fiscal

Juristas condenan asesinato de Fiscal

La CIJ condenó el asesinato de un fiscal venezolano y llamó a las autoridades de dicho país a llevar a cabo una investigación de los hechos y a llevar ante la justicia a los responsables.

La CIJ llama a la Unión Europea a demorar apoyo financiero para la reinserción de paramilitares colombianos

La CIJ llama a la Unión Europea a demorar apoyo financiero para la reinserción de paramilitares colombianos

En la víspera de la reunión del Comité América latina del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la CIJ llama a los Estados Miembros a que no contribuyan ciegamente al programa colombiano de desmovilización y reinserción de paramilitares y grupos armados de oposición.

De acuerdo con los planes del gobierno colombiano, los paramilitares o los grupos armados de oposición que se acojan a la desmovilización pueden ser indultados incluso por violaciones graves a los derechos humanos tales como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. “El derecho internacional dice claramente que no puede haber amnistía o indulto para crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.

“Antes de comprometerse a apoyar financieramente al programa de reinserción, la Unión Europea debería cerciorarse de que todo proceso de negociación con los grupos armados provea verdad, justicia y reparación, no más impunidad. La voz de las víctimas en Colombia debe ser escuchada en Bruselas,” añadió Nicholas Howen.

Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Extranjera y de Seguridad Común, reiteró en el pasado mes de septiembre el apoyo político de la Unión Europea a los procesos de desmovilización y reinserción de los grupos armados ilegales en una reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, Carolina Barco. Durante su visita a Bruselas, la Ministra solicitó el apoyo financiero de la Unión Europea para este nuevo programa. Dicha solicitud debe ahora ser examinada por el Consejo y el Parlamento europeos.

La CIJ manifiesta su preocupación por el hecho de que la reunión del Comité América latina mañana en Bruselas pueda ser un primer paso hacia la adopción, por el Consejo y el Parlamento europeos, de un elemento nuevo en la cooperación europea con Colombia.

“Es inconcebible que la Unión Europea coopere con el gobierno colombiano en un programa que tendrá como resultado la impunidad de quienes cometieron crímenes tan graves”, dijo Nicholas Howen.

Antecedentes

En julio de 2004 el gobierno colombiano inició un diálogo de paz con las AUC (Autodefensas unidas de Colombia), mayor grupo paramilitar en Colombia. Miles de paramilitares están ahora esperando su desmovilización. Para facilitar este diálogo, se aprobó el Decreto n°128 que indulta a los miembros de grupos armados que no han sido condenados o que no han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con un proyecto de ley bajo debate en el Congreso, los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos los responsables de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, podrían ser liberados.
La CIJ ha venido siguiendo de cerca las negociaciones entre el gobierno colombiano y los paramilitares. En junio de 2004, la organización presentó una intervención de Amicus Curiae sobre el Decreto 128 ante el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo del país.

Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer, al +41 22 979 38 21.

Colombia-paramillitary-news-2004-spa (en PDF)

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