Jun 22, 2021 | News, Publications, Reports, Thematic reports
Venezuela’s judiciary has become a tool for political control of the country by the Executive branch rather than a defender of the rule of law, said the ICJ in a report launched today.
The 55-page report Judges on the Tightrope documents the undermining of judicial independence in the country, due to the political control or influence on the judiciary, and because of the role the Supreme Court of Justice (SCJ) has played in undermining the independence of judges around the country.
“Justice is a human right and it is a fundamental right for the protection of other rights. Without the essential guarantees of the independence and impartiality of judges, we do not have justice. In Venezuela today, the right to justice is not guaranteed, to the extent that we do not have a system of independent and impartial judges,” said Carlos Ayala, ICJ’s vice president.
Venezuela’s Supreme Court of Justice, long controlled by the country’s Executive branch, has overseen a collapse of the rule of law in the country, with some 85 percent of judges holding provisional posts that subject them to political pressure, and courts receiving direct pressure to return verdicts in support of the government and against human right defenders and critics of the government.
“The political takeover of the SJC has placed judges on a tightrope in Venezuela, rendering them unable to defend the rule of law, to provide accountability for the many gross human rights violations in the country, or to protect the rights of the Venezuelan people”, said Sam Zarifi, ICJ’s Secretary General.
The ICJ recommended Venezuela to depoliticize the judiciary in general, and specifically the Supreme Court of Justice. In addition, the report sets a series of specific recommendations to achieve these goals, in particular by:
- Advancing with appointment processes for judges in accordance with constitutional provisions and international standards;
- Establishing independent and autonomous mechanisms within the judiciary for the selection of judges and for exercising of disciplinary functions; and
- Strengthening transparency and accountability in the justice system.
The ICJ called on Venezuelan authorities to comply with international human rights law and international standards related to judicial independence, as well as with the decisions and recommendations that different bodies in the United Nations and Inter-American Human Rights System have made, and allow access to the country for international human rights procedures and mechanisms that will contribute to accountability and the restoration of the rule of law.
The ICJ also urged the UN Human Rights Council to maintain a mechanism to address proper accountability for gross human rights violations until the Venezuelan prosecutors, courts and tribunals are capable of effectively investigating, prosecuting and judging with independence and impartiality those violations.
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Carolina Villadiego Burbano, Latin American Legal and Policy Adviser, email: carolina.villadiego(a)icj.org
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Jun 5, 2021 | Noticias
Las autoridades colombianas deben impedir de manera inmediata que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilicen fuerza excesiva en respuesta a las protestas. Además, deben retirar las funciones de mantenimiento del orden público que se les han asignado a las fuerzas militares, dijo hoy la CIJ.
Durante el transcurso de las actuales protestas, que se siguen en contra de las actuales condiciones sociales y culturales, múltiples organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han documentado violaciones masivas a los derechos humanos, incluidos casos de tortura y malos tratos, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
“Los reportes de violencia y uso excesivo y, frecuentemente innecesario, de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, son parte de un fracaso más amplio de las autoridades de adoptar medidas efectivas para proteger y garantizar el derecho a la vida y el derecho a la protesta pacífica”, dijo Carolina Villadiego, Asesora Legal de la CIJ para América Latina.
Según Indepaz una organización no gubernamental local, al 30 de mayo de 2021, al menos 71 personas habían muerto, posiblemente de manera ilícita, en el marco de las protestas. La situación es particularmente grave en Cali. En esta ciudad, en un solo día, el 28 de mayo de 2021, fue reportado que al menos 13 personas murieron.
Adicionalmente, en Cali, se ha documentado que individuos armados hicieron disparos y usaron fuerza letal contra manifestantes, incluyendo a manifestantes pertenecientes a grupos étnicos. En al menos un incidente, múltiples videos muestran que oficiales de policía estuvieron presentes cuando particulares dispararon armas de fuego sin que hubieran tomado medidas para evitar los disparos o arrestar a los individuos armados.
“Las autoridades deben adelantar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales por estas violaciones, con miras a enjuiciar a los responsables de los hechos”, dijo Carolina Villadiego.
La CIJ también está profundamente preocupada con la militarización de varias regiones del país, como respuesta a la protesta. El 28 de mayo de 2021, el presidente Duque expidió el Decreto 575 de 2021.
Este Decreto autoriza la intervención de las fuerzas militares en al menos ocho de los treinta y dos departamentos del país con el fin de levantar los bloqueos de vías e impedir la instalación de nuevos bloqueos por partes de los manifestantes.
El Decreto omite incorporar limitaciones al uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares, que es fundamental de acuerdo con estándares internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
Adicionalmente, el Decreto establece un amplio margen de maniobra para las actuaciones de las fuerzas militares en actividades de mantenimiento del orden público en escenarios de protestas y manifestaciones. Lo anterior, a pesar de que estas fuerzas no han sido diseñadas ni entrenadas para proteger a los civiles o hacer labores de vigilancia durante las protestas o escenarios de alteración del orden público.
La CIJ urge a las autoridades colombianas a que den fiel cumplimiento a lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego y otros estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza y con la intervención de las fuerzas militares para el control de protestas y manifestaciones. En este tema, el gobierno debe dar fiel cumplimiento a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de septiembre de 2020 sobre medidas para garantizar la protesta pacífica.
En dicha sentencia, la Corte Suprema identificó serias violaciones en la intervención de agentes encargados de hacer cumplir la ley, especialmente la Policía Nacional, en las protestas y manifestaciones. La Corte identificó violencia sistemática contra los manifestantes, la existencia de estereotipos y prejuicios en contra de quienes han criticado las políticas del gobierno y una falta de mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
En consecuencia, la Corte ordenó varias medidas para hacer frente a la situación y garantizar el derecho a la protesta pacífica. Entre estas medidas, la Corte ordenó la adopción de un protocolo para regular el uso de la fuerza durante las protestas, el cual debe estar en concordancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La CIJ llama al Gobierno colombiano a garantizar el derecho a la protesta pacífica. De acuerdo con lo mencionado por el Comité de Derechos Humanos, el derecho a la protesta puede generar perturbaciones o bloqueos al movimiento peatonal o vehicular, que pueden dispersarse “por regla general, solo si la perturbación es “grave y sostenida””.
La CIJ también urge al Gobierno Nacional a cooperar completamente con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tendrá lugar entre el 8 de junio al 10 de junio de 2021. El Gobierno debe respetar y asegurar la independencia e imparcialidad de la CIDH durante la visita.
Finalmente, si bien la gran mayoría de los manifestantes han actuado de manera pacífica, han existido algunos incidentes violentos. La CIJ llama a todas las personas a evitar la violencia durante las protestas y condena los crímenes cometidos contra algunos oficiales de policía, incluyendo el homicidio de dos oficiales, las heridas graves que sufrió un oficial luego haber sido impactado por una bomba Molotov y el ataque sexual del cual fue víctima una oficial.
La CIJ también deplora que algunos bloqueos de las vías hayan afectado el suministro de servicios médicos esenciales y rechaza el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá y de otros edificios públicos. Cualquier persona involucrada en acciones delictivas debe ser investigada por un órgano independiente, y de ser hallada culpable en un juicio imparcial, debe ser debidamente sancionada.
Contactos:
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: carolina.villadiego@icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. Email: rocio.quintero@icj.org
Jun 4, 2021 | News
Colombian authorities should immediately stop law enforcement officials from using excessive force to respond to protests and withdraw the military from law enforcement functions, said the ICJ today.
Over the course of ongoing protests, largely against economic and social conditions, multiple human rights and other civil society organizations have documented widespread human rights violations, including instances of torture and ill-treatment, sexual violence, extrajudicial killings, and enforced disappearances.
“The reports of violence and excessive and often unnecessary use of force by law enforcement officials are part of a wider failure of the authorities to adopt effective measures to protect and guarantee the right to life and the right to peaceful protest” said Carolina Villadiego, ICJ legal adviser for Latin America.
According to Indepaz, a local Non-Governmental Organization, as of 30 May 2021, at least 71 people had been killed, likely unlawfully, in the context of the protests. The situation is particularly dire in Cali where in just one day, 28 May 2021, 13 people were reportedly killed. In addition, it has been documented that firearms and lethal force have been deployed against protestors, including indigenous persons, by armed individuals in Cali. In at least one incident, multiple video recordings show police officials were present during the shootings and took no action to stop the shootings or apprehend the armed individuals.
Police and other law enforcement officials have the obligation to defend the rights of people, including their right to protest, and to protect them from violence by others. Colombian law enforcement officials have not only violated their obligation to avoid use of unnecessary or excessive use of force against people, but in Cali, they seem to have failed to prevent criminal violence by armed individuals as well.
“There must be a prompt, thorough and impartial investigation into these violations with a view to holding accountable those responsible”, said Carolina Villadiego.
The ICJ is also deeply concerned with militarization of the response to the protests. On 28 May 2021, President Duque issued Decree 575 of 2021 that authorizes the intervention of military forces in at least eight departments out of thirty two in the country, to assist in the lifting of any kind of roadblocks and to prevent the installation of new blockades by protesters. The Decree fails to consider any limitation of the use of force by military forces in line with international law standards such as the UN Basic Principles on the Use of Force by Law Enforcement.
Additionally, the sweeping and overbroad scope of the Decree to involve the military forces in what are inherently law enforcement functions does not consider that they are not trained or designed to protect civilians during protests or scenarios of public order disruption.
The ICJ urges the Colombian Government to fully respect the UN Basic Principles and other international standards on the use of force and the intervention of military forces to control protests and demonstrations. In this regard, the Government must fully comply with the September 2020 ruling on measures to guarantee peaceful protests issued by the Colombian Supreme Court.
In the ruling, the Supreme Court identified serious violations regarding the intervention of law enforcement officials, especially police officials, in protests and demonstrations. The Court identified systematic violence against demonstrators, the existence of stereotypes and prejudice against those who criticize the government’s policies, and a lack of mechanisms to hold the officials accountable.
Consequently, the Court ordered several measures to address this situation and guarantee the right to peaceful protest, including adopting and implementing a protocol to regulate the use of force during protests and manifestations, in accordance with international human rights standards.
The ICJ also calls on the Colombian Government to guarantee the right to peaceful protest. As the UN Human Right Committee has clearly affirmed, the right to peaceful protest may entail the disruption of vehicular or pedestrian movement, which “may be dispersed, as a rule, only if the disruption is “serious and sustained””.
While the vast majority of protestors have acted peacefully, there have been some instances where they have not. The ICJ calls on all persons to avoid violence during the protests and condemns the crimes committed against police officials, including the killing of at least two police officers, the serious injuries suffered by one police officer after being hit by a Molotov cocktail, and the sexual violence suffered by a police woman.
The ICJ deplores the particular use of some roadblocks that have affected the delivery of essential medical services, as well as the fires at the courthouse in Tuluá and other public buildings. Any individual engaging in criminal behaviour must be impartially investigated and, if found guilty in a fair trial, brought to account.
Finally, the ICJ also urges the National Government to fully cooperate with the mission of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to Colombia that will take place from 8 June to 10 June 2021. The Government should respect and ensure the IACHR’s independence and autonomy during the visit.
Contacts:
Carolina Villadiego Burbano, Latin American Legal and Policy Adviser, email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Latin American Legal Adviser, email: rocio.quintero(a)icj.org
May 12, 2021
An opinion editorial by ICJ’s Commissioner, Rodrigo Uprimny. He presents seven measures to overcome the serious crisis Colombia is facing. He argues that authorities must make efforts to de-escalate violence and, in turn, escalate the protection of human rights.
The current crisis is severe. In a few days, more than 30 people have died, several of them from police bullets. There are also numerous disappeared persons. And there have been acts of extreme criminal vandalism, such as the attempt to incinerate several police officers inside a police station.
Apart from the severity, the crisis is complex. It is a result of a combination of old and new tensions, which have been accumulated and exploded due to a tax-reform bill proposal. But despite the complexity and severity, which make the crisis challenging to resolve, or perhaps precisely because of that, it is necessary to take measures to prevent the situation from getting worse.
The Government and political and social leaders must make efforts to deescalate violence. This requires escalating human rights, putting them at the centre of crisis management. So I propose seven measures oriented in that direction.
First, the president and, in general, all high-level government official must unequivocally condemn abuses by law enforcement officials. They must state that these acts will not be tolerated and will be investigated and punished. Unfortunately, those statements have not occurred.
Second, the organizers of the protests and those of us who share the protests must condemn not only the police abuses but also the acts of violence in the protests.
Third, the Office of the Ombudsperson and the Office of the Inspector General must remember that they are independent from the Government. They must take their independent role seriously. They must fulfil their constitutional function of defending human rights and denouncing abuses committed by authorities.
Unfortunately, despite the commitment of their officials, the interventions of these organizations have been weak due to the closeness of the Ombudsman and the Inspector General to the Government.
Fourth, authorities must identify and punish those who commit vandalism in the protests, especially against other people. At the same time, they must guarantee the right to peaceful protest, without stigmatizing the protest, and avoiding any excess in the use of force.
Thus, fifth, the Government and law enforcement officials must strictly comply with the ruling of the Supreme Court handed down in September 2020. In the ruling, the Supreme Court protected the right to peaceful protest and ordered authorities to refrain from stigmatizing the social protest and to adopt protocols to avoid excesses in the use of force.
Nevertheless, the ruling has not been applied in the ongoing protests. That is why several human rights organizations, including Dejusticia, filed a formal petition (incidente de desacato) against the Government.
Sixth, the Office of the General Prosecutor must investigate all violence committed during these protests, including those committed by the police, because if the crime is clearly contrary to the constitutional function of the law enforcement agencies, the case must go to the ordinary jurisdiction, in accordance with constitutional jurisprudence and with article 3 of Law 1407.
Seventh, the support of international human rights organizations should be sought. Consequentially, instead of obstructing the verification work of the Office in Colombia of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as the Deputy Foreign Minister tried to do, the Government should facilitate the presence of other international bodies, such as the Inter-American Commission on Human Rights.
These measures and others of a similar nature, which put human rights at the centre of the crisis management, would help de-escalate the ongoing violence. At the same time, these measures would facilitate the necessary conversations to reach genuine national agreements on the ways to confront the underlying problems and tensions that fuelled the protests.
Notes:
Commissioner Uprimny is also Researcher at Dejusticia and member of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
This op-ed was first published in Spanish in El Espectador on May 9, 2021
May 12, 2021 | Editorial, Noticias
En esta columna de opinión, el Comisionado de la CIJ, Rodrigo Uprimny, presenta siete medidas para superar la grave crisis que atraviesa Colombia, y para que el Gobierno y los líderes políticos hagan esfuerzos por desescalar la violencia y, a su vez, escalar la protección de los derechos humanos.
Esta crisis actual es muy grave. En pocos días han muerto más de 30 personas, varias de ellas por balas de la policía. Hay además numerosos desaparecidos. Y ha habido actos de vandalismo criminal extremo, como el intento de incinerar en un CAI a varios agentes de la policía.
Además de grave, esta crisis es compleja pues resulta de una combinación de tensiones viejas y nuevas, que se han acumulado y explotaron con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Pero a pesar de su complejidad y gravedad, que hacen que la crisis sea difícil de resolver, o tal vez precisamente por eso, es necesario tomar medidas para evitar que se agrave más.
El Gobierno y los líderes políticos y sociales deben hacer esfuerzos por desescalar la violencia, para lo cual es necesario escalar los derechos humanos, poniéndolos en el centro del manejo de la crisis. Propongo entonces siete medidas orientadas en esa dirección.
Primero, el presidente y en general todo el alto Gobierno deben condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y señalar que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Infortunadamente esas declaraciones no han ocurrido.
Segundo, los promotores del paro y quienes compartimos la protesta debemos condenar no sólo los abusos policiales sino también los actos de violencia en las protestas.
Tercero, la Defensoría y la Procuraduría deben recordar que son instituciones independientes del Gobierno y que deben tomar en serio y cumplir su función constitucional de defender los derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades. Infortunadamente, a pesar del compromiso de sus funcionarios, las intervenciones de esos organismos han sido débiles por la cercanía de sus jefes con el Gobierno.
Cuarto, las autoridades deben detectar y sancionar a quienes en las protestas comenten actos vandálicos, especialmente contra otras personas, pero garantizando la protesta pacífica, sin estigmatizarla, y evitando cualquier exceso en el uso de la fuerza.
Por esa razón, quinto, el Gobierno y la Fuerza Pública deben cumplir estrictamente la sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre 2020, que al amparar el derecho a la protesta pacífica ordenó a las autoridades que se abstuvieran de estigmatizar la protesta y que adoptaran protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza.
Pero esa sentencia no ha sido cumplida en estas protestas, por lo cual los peticionarios de esa tutela, que fue apoyada por varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales está Dejusticia, presentaron un incidente de desacato contra el Gobierno.
Sexto, la Fiscalía debe investigar todas las violencias ocurridas en estas protestas, incluidas las de la policía, pues si el delito es claramente contrario a la función constitucional de la Fuerza Pública, el caso debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional y al artículo 3 de la Ley 1407.
Séptimo, debemos buscar el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos. Por eso, en vez de obstruir la labor de verificación de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como intentó hacer la viceministra de Relaciones Exteriores, el Gobierno debería facilitar la presencia de otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana, para que nos ayuden a enfrentar la crisis.
Esas medidas y otras del mismo carácter, que ponen los derechos humanos en el centro del manejo de la crisis, ayudarían a desescalar las violencias, lo cual facilitaría al mismo tiempo los necesarios diálogos en la búsqueda de acuerdos nacionales genuinos para enfrentar los problemas y las tensiones subyacentes que alimentaron estas protestas.
Notas:
El Comisionado Uprimny también es Investigador en Dejusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta columna se publicó por primera vez en El Espectador el 9 de mayo de 2021.
