Nov 17, 2015 | News
La CIJ demanda a las autoridades guatemaltecas terminar con la impunidad que rodea el caso Siekavizza.
La CIJ ante la impunidad prevaleciente en el caso Siekavizza expresa:
El llamado “caso Siekavizza” constituye un caso paradigmático de femicidio supuestamente cometido por el esposo de la víctima Cristina Siekavizza, el 16 de julio de 2011. El cuerpo de la víctima no ha aparecido hasta ahora.
- Por las circunstancias que rodean este caso la CIJ ha solicitado reiteradamente que éste sea conocido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); no solo porque el principal sospechoso es hijo de una ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino porque existen elementos suficientes para considerar que puede haber existido una conjura criminal para mantener el caso en la impunidad.
- Desde que se dieron los hechos tan deplorables, el Sistema de Justicia de Guatemala mostró ineficiencia y falta de voluntad política para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al o a los supuestos responsables. Las autoridades estatales no adoptaron las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente y rápida.
- Lo anterior permitió que se afectara la escena del crimen y que el presunto responsable se refugiara en otro país y escapara a la justicia.
- Los cuatro años de impunidad que lleva el caso, han provocado un profundo pesar a los familiares de Cristina Siekavizza a quienes en su momento, el Estado deberá resarcir los daños causados.
- Este es tan solo uno de los miles de casos criminales que se mantienen en la impunidad frente a la pasividad de las autoridades correspondientes. En general la justicia en Guatemala sigue seriamente afectada por altos índices de impunidad.
Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza expresó: “Seguiremos observando el desarrollo de este caso; hacemos un enérgico llamado a todos los operadores de justicia involucrados, para que pongan el más riguroso empeño para permitir esclarecer un crimen tan grave. La impunidad que rodea el caso debe superarse cuanto antes.”
Nov 13, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Las autoridades peruanas deben revisar algunas de sus leyes y políticas para proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en el país, pidió hoy en Lima la CIJ.
La petición se hace al final de una misión de una semana realizada por la CIJ para recoger información y evaluar el impacto de las industrias extractivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial, los campesinos y las comunidades indígenas.
En particular, la CIJ está preocupada por el impacto negativo en los derechos humanos del Decreto 30230, que busca facilitar la inversión privada.
Mientras la inversión puede contribuir de manera importante al disfrute de los derechos humanos, la CIJ considera que esta norma en particular conduce en la práctica a la falta de respeto de los derechos humanos en cuanto reduce los estándares de protección ambiental y social.
La CIJ saluda la adopción de legislación que protege los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Sin embargo, la CIJ nota que con frecuencia esas leyes en la práctica no son implementadas efectivamente.
Durante su misión, la CIJ pudo verificar la información sobre el incremento del número de conflictos violentos y de protestas sociales relacionadas con los proyectos mineros.
“Un gran número de los conflictos sociales actuales tienen lugar en áreas donde se llevan a cabo actividades de la industria extractiva. La tendencia a disminuir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del ambiente, para facilitar la inversión, genera un alto riesgo de que la violencia de los conflictos se incremente”, dijo Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del programa de la CIJ para los derechos económicos, sociales y culturales.
“Hay una brecha entre las obligaciones internacionales de Perú de respetar y proteger los derechos humanos y las amenazas sistemáticas que enfrentan las comunidades que se encuentran en las áreas mineras para disfrutar realmente derechos como el derecho al agua, a la salud y a la vivienda o a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, agregó.
La CIJ está particularmente preocupada por las afirmaciones de uso contrario al derecho internacional de la fuerza letal para controlar las manifestaciones y las protestas en zonas mineras, como ocurrió recientemente en Las Bambas.
La CIJ recibió información de diversas fuentes en el sentido que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad han usado la fuerza en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La CIJ exhorta a las autoridades peruanas a tomar las siguientes medidas para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país:
- Mantener y fortalecer las leyes y las políticas que protegen los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y del ambiente;
- En consecuencia, revisar la legislación que impida que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al disfrute de derechos como el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud y al agua potable o el derecho a la protección frente a desalojos forzados;
- Asegurar plenamente el ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión de las personas y los grupos, incluidos los defensores de derechos humanos.
Información adicional
La misión de la CIJ incluyó a María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en derecho internacional de los derechos humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano y Coordinador General del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del Programa de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la CIJ y Olivier van Bogaert, Director de prensa y comunicaciones de la CIJ.
La delegación se reunió con autoridades de varios ministerios, representantes de empresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. En diciembre, la CIJ publicará el informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las industrias extractivas y el aumento de los conflictos sociales en el Perú.
Contacto:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen@icj.org
Nov 13, 2015 | News
The Peruvian authorities must revise a number of its laws and policies to better protect economic, social and cultural rights (ESCR) in the country, the ICJ says.
The call comes at the end of a one-week mission by the ICJ to gather information on and assess the impact of extractive industries on the economic, social and cultural rights of local populations, especially peasant and indigenous communities.
In particular, the ICJ is concerned at the adverse human rights impact of “Ley 30230” that aims at facilitating investment.
While investment can make an important contribution to the realization of human rights, the ICJ considers that this particular law effectively leads to a degradation of human rights by lowering social and environmental protection standards.
The ICJ does welcome the enactment of protective legislation by Peru, including that protecting and implementing the right to free, prior and informed consent of indigenous peoples or regulating the use of force by the police.
However, the ICJ notes these laws are often not effectively implemented in practice.
During the mission the ICJ verified information on the increasing number of violent conflict and social protests relating to mining projects.
“A large proportion of current social conflicts in the country is taking place in areas of extractive industrial activities. With a trend to lower the protection of economic and social rights and the environment in order to facilitate investment, there is a high risk that violent conflict will increase even more,” said Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights.
“There is a gap between Peru’s international law obligations to respect and protect human rights and the systematic threats to the enjoyment of rights, such as the right to water, to health or to housing, or to free and prior, informed consent that communities in mining areas are facing,” she added.
The ICJ is particularly concerned at the alleged unlawful use of lethal force to suppress demonstrations and social protests in mining areas such as in the recent case of Las Bambas.
The ICJ received information from various sources that in some instances the security forces had used such force in contravention of the principles of necessity and proportionality.
The ICJ urges the Peruvian authorities to take the following measures to strengthen the protection of Economic, Social and Cultural Rights in the country:
- maintain and strengthen the national laws and policies protecting human rights, particularly economic, social and cultural rights and the environment;
- accordingly revise legislation that obstructs the State to comply with its international human rights obligations, including those related to the realization of rights such as the right to decent work the rights to health and safe water or the right to be protected against forced evictions;
- fully ensure the free exercise of the right to peaceful assembly and of freedom of expression of individuals and peoples, including human rights defenders.
Additional information:
The ICJ mission included: María Clara Galvis, a Colombian lawyer specialized in international human rights law and Professor at Universidad Externado de Colombia ; Rafael Uzcátegui, a Venezuelan sociologist and Coordinator General of the Venezuelan Programme of Education and Action on Human Rights (PROVEA); Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights; and Olivier van Bogaert, ICJ Director of Media and Communications.
The delegation met with authorities from various Peruvian Ministries, representatives from extractive companies, cooperation agencies, human rights non governmental organizations, trade unions and community-based organizations.
In December, the ICJ will release a final report containing its findings and recommendations on the situation of economic, cultural and social rights in the context of extractive activities and the rise of social conflicts in Peru.
Contact:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen(a)icj.org
Peru-ESCR mission-News-Press release-2015-SPA (full press release in PDF, Spanish)
Photo credit: Jonas Hulsens
Oct 29, 2015 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ hizo público su informe Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho.
Este informe es el resultado del seguimiento que la CIJ viene haciendo desde hace varios años sobre la situación del Poder judicial y de los derechos humanos en Venezuela, así como de la Misión in situ liderada por Alejandro Salinas, realizada en agosto de 2015.
Desde su anterior Informe, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela (2014), la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los Derechos Humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del Estado de Derecho en Venezuela.
“Hay un claro divorcio entre el deber ser establecido en la Constitución y los compromisos internacionales y por otro lado lo que se refleja en la realidad,” dijo Alejandro Salinas, el autor del informe.
“Esta situación ya observada en años anteriores, se ve agravada por una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales,” añadió.
En las últimas semanas, la CIJ ha constatado una acelerada escalada de los ataques contra los defensores de derechos humanos y toda forma de oposición social y política.
“La situación en Venezuela es, sin lugar a duda, configura una grave y persistente crisis de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho. La Comunidad internacional está en mora y debe reaccionar bajo del derecho internacional,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ.
La CIJ ha visto agravada la situación de la falta de independencia de la justicia en general, en virtud no sólo de la falta de independencia del Poder Judicial dada la inexistencia de estabilidad de la gran mayoría de los jueces y de la casi totalidad de los fiscales del Ministerio Público; así como también, la falta de garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos y en algunos casos de la profesión de abogado.
En este sentido, la CIJ manifiesta su preocupación frente las consecuencias representadas en los altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos comunes en general, lo cual contrasta con la inusual prontitud con la que se abren juicios, se dictan medidas cautelares restrictivas y se condenan a miembros activos de la sociedad civil, líderes sociales y a opositores políticos.
Entre los casos que más representativos de esta situación se encuentran, entre otros, la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni; la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche; la orden de captura contra los miembros directivos y de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; y la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión.
Finalmente, la CIJ desea llamar la atención sobre la gravedad que significa que desde el mes de agosto del presente año 2015, 23 municipios en Venezuela hayan estado siendo sometidos a estados de excepción con la restricción de varios de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que estén claramente cumplidos los requisitos internacionales como la gravedad de la situación que no pueda ser enfrentada con los poderes ordinarios del estado, la estricta necesidad y proporcionalidad de las medidas.
Es de gran preocupación para la CIJ las medidas arbitrarias tomadas contra nacionales colombianos que han sido deportados masivamente, incluidos menores de edad; y además, que estando por darse inicio a la campaña política para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, se hayan restringido – sin justificación – los derechos de reunión pública y de manifestación pacífica, por el efecto restrictivo que ello implica para el ejercicio libre de los derechos políticos en una sociedad democrática.
Contact:
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Alejandro Salinas, autor del informe, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com
Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (Informe en PDF)
Oct 29, 2015
A report launched today by the ICJ highlights a significant degradation in recent years of the situation of human rights and independence of the judiciary in Venezuela.
In its report, Venezuela: The Sunset of the Rule of Law, the ICJ underlines that since the publication of its June 2014 report– Strengthening the Rule of Law in Venezuela – there have been accelerated, serious and systematic attacks on the independence and impartiality of the judiciary, and a severe erosion of the rule of law.
“There is a clear disconnect between what is contained in the country’s Constitution and international obligations, and what happens in practice,” said Alejandro Salinas, the author of the report, who led a fact-finding mission for the ICJ in August 2015.
“This already grave situation has been aggravated by the fact that the Government has now effectively ceded a part of its sovereignty and authority to criminal organizations, through the establishment of so called ‘peace territories’,” he added.
As a result, there has been recently a clear escalation of attacks against human rights defenders and any form of social and political opposition, the ICJ says.
The high level of legal impunity for perpetrators of human rights violations and common felonies stands in stark contrast to the robust manner in which preventive and restrictive measures and prosecutions have been deployed to silence members of civil society, social activists and political opponents, the ICJ further notes.
“Without a doubt, there is a severe and persistent crisis of human rights, democracy and the rule of law in Venezuela. The international community has a duty to urgently address the situation in accordance with international law,” said Wilder Tayler, ICJ Secretary General.
The report also shows a worsening of the state of independence of the judiciary due to the lack of security of tenure enjoyed by most judges and prosecutors, and the failure of the State to guarantee human rights defenders and lawyers the full exercise of their rights and professional functions.
Some of the representative cases highlighted in the report include the reopening of the criminal trial against judge María Lourdes Afiuni; the preventive detention of lawyer Tadeo Arrieche; the arrest warrant against the executive members of the editorial board of the media “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; and the sentencing of the political opposition figure Leopoldo López to almost 14 years’ imprisonment.
In addition, the ICJ expressed concern at the state of emergency declared in 23 municipalities since August 2015. Persons in these municipalities have been subject to unjustified and unlawful restriction of certain of their rights guaranteed under the International Covenant on Civil and Political Rights.
The ICJ in its report also underscored the arbitrary measures taken against Colombian citizens, including children, who have been subject to deportation, as well as the unjustified restriction of rights, such as freedom of assembly and peaceful demonstration, ahead of the elections for the National Assembly scheduled for 6 December.
Contact:
Wilder Tayler, ICJ Secretary General, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Alejandro Salinas, author of the report, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com
Venezuela-Ocaso Estado Derecho-News-Press releases-2015-SPA (full press release in PDF, Spanish)
Venezuela-Sunset of Rule of Law-Publications-Reports-2015-ENG (full report in PDF, English)
Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (full report in PDF, Spanish)
