Aug 26, 2015 | Incidencia
Hoy, la CIJ y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron a un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de Colombia, sobre una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 25 de junio 2015, “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”).
Esta reforma constitucional pretende ampliar de forma exhorbitante el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar y niega los principios de complementariedad entre el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y de la doble protección del ser humano bajo estas dos ramas del Derecho Internacional en las situaciones de conflicto armado.
La reforma constitucional fue demandada ante la Corte Constitucional por la Comisión Colombia de Juristas, varias Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos de Colombia.
Colombia-AmicusCuriaeCIJOMCT-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
Jul 22, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Ante los procesos penales que ha iniciado la Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país, la CIJ expresa su absoluto apoyo al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez por la batalla que está librando por la depuración del Estado de Guatemala y contra la corrupción.
Todos los casos develados por la CICIG están demostrando los niveles de impunidad existentes, debido a la persistencia de diferentes estructurales criminales, que cuentan con participación de altos funcionarios de Gobierno.
La CIJ lamenta que un partido político esté promoviendo acciones en contra de la CICIG y manifestaciones de diversa índole, para desestabilizar al país y evitar que sus miembros y candidatos sean investigados.
La CIJ se permite recordar que los actos de corrupción afectan seriamente la vida de toda la población guatemalteca, el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de las mayorías y corroe los cimientos básicos del Estado de derecho.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, declaró: “Hacemos un llamado a todos los partidos políticos, para que apoyen la gestión de la CICIG y faciliten toda la información que coadyuve a las investigaciones que la CICIG está llevando a cabo para erradicar la corrupción en el país.”
Jul 22, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
El genocidio perpetrado contra población Ixil de Guatemala será debatido en el segundo juicio seguido en contra del ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt y el ex Director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El juicio está por reiniciarse el 23 de julio. Lamentablemente, este segundo juicio ya se ha visto afectado por diferentes hechos, que a continuación describimos.
La recusación de la jueza Presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, debido a la redacción de su tesis doctoral sobre el delito de Genocidio, no debió de haber sido aceptada por no existir una causa razonable, ya que dicho trabajo de tesis se relaciona con su formación académica especializada en justicia de transición.
Posteriormente, la jueza fue sustituida por un juez que ha evidenciado relaciones de amistad a través de las redes sociales con uno de los abogados defensores del acusado Ríos Montt (photo).
Nuevamente la defensa busca que por lo menos un juez “amigo” integre el tribunal. A ello se suma el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) emitió un informe que hace referencia al supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt.
La CIJ de la manera más enérgica expresa que estos actos son parte de una estrategia que tiene como propósito eludir la acción de la justicia.
La CIJ considera que ello constituye una violación al derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contra el derecho a un juicio justo, libre de intromisiones de todo actor externo.
La CIJ se permite recordar al Poder Judicial que el combate a la impunidad de acuerdo con los estándares internacionales la justicia debe obedecer a tres imperativos: juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, como el genocidio; satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido y obtener reparación integral; y fortalecer la independencia de las autoridades judiciales.
El supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt podría ser solo una simulación, para evitar que sea nuevamente llevado a juicio.
Al respecto, la CIJ denuncia las acciones violatorias del debido proceso realizadas una vez más, por la jueza Carol Patricia Flores, quien ordenó se le practicasen exámenes médicos a Ríos Montt, para averiguar acerca de su estado de salud físico y mental.
Esta orden de la jueza Flores es ilegal, debido a que el proceso ya se encontraba a cargo del tribunal de Sentencia Penal B de Mayor Riesgo y ella carecía de competencia para ordenar tal medida.
La CIJ insta a los jueces a ejercer su poder de contralores del proceso penal, rechazando todos los actos de litigio de mala fe que sean promovidos por la defensa de los procesados.
Se requiere que los jueces a cargo del juicio se encuentren libres de toda presión externa que pueda intimidarlos en su función.
Para garantizar su independencia deben contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, quien debe velar por su seguridad y por el desarrollo del proceso en un marco de respeto.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “Otra vez estamos ante una serie de medidas dilatorias, que demuestran que existen jueces que se prestan a promover la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.”
Jul 22, 2015 | News
El genocidio perpetrado contra población Ixil de Guatemala será debatido en el segundo juicio seguido en contra del ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt y el ex Director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El juicio está por reiniciarse el 23 de julio. Lamentablemente, este segundo juicio ya se ha visto afectado por diferentes hechos, que a continuación describimos.
La recusación de la jueza Presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, debido a la redacción de su tesis doctoral sobre el delito de Genocidio, no debió de haber sido aceptada por no existir una causa razonable, ya que dicho trabajo de tesis se relaciona con su formación académica especializada en justicia de transición.
Posteriormente, la jueza fue sustituida por un juez que ha evidenciado relaciones de amistad a través de las redes sociales con uno de los abogados defensores del acusado Ríos Montt (photo).
Nuevamente la defensa busca que por lo menos un juez “amigo” integre el tribunal. A ello se suma el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) emitió un informe que hace referencia al supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt.
La CIJ de la manera más enérgica expresa que estos actos son parte de una estrategia que tiene como propósito eludir la acción de la justicia.
La CIJ considera que ello constituye una violación al derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contra el derecho a un juicio justo, libre de intromisiones de todo actor externo.
La CIJ se permite recordar al Poder Judicial que el combate a la impunidad de acuerdo con los estándares internacionales la justicia debe obedecer a tres imperativos: juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, como el genocidio; satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido y obtener reparación integral; y fortalecer la independencia de las autoridades judiciales.
El supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt podría ser solo una simulación, para evitar que sea nuevamente llevado a juicio.
Al respecto, la CIJ denuncia las acciones violatorias del debido proceso realizadas una vez más, por la jueza Carol Patricia Flores, quien ordenó se le practicasen exámenes médicos a Ríos Montt, para averiguar acerca de su estado de salud físico y mental.
Esta orden de la jueza Flores es ilegal, debido a que el proceso ya se encontraba a cargo del tribunal de Sentencia Penal B de Mayor Riesgo y ella carecía de competencia para ordenar tal medida.
La CIJ insta a los jueces a ejercer su poder de contralores del proceso penal, rechazando todos los actos de litigio de mala fe que sean promovidos por la defensa de los procesados.
Se requiere que los jueces a cargo del juicio se encuentren libres de toda presión externa que pueda intimidarlos en su función.
Para garantizar su independencia deben contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, quien debe velar por su seguridad y por el desarrollo del proceso en un marco de respeto.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “Otra vez estamos ante una serie de medidas dilatorias, que demuestran que existen jueces que se prestan a promover la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.”
Jul 4, 2015 | Artículos, Noticias
Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, indicaron hoy 28 organizaciones de derechos humanos internacionales y latinoamericanas.
Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.
Las autoridades venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias, dijeron las organizaciones.
La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.
Venezuela-Harassment of HRDs-News-web stories-2015-SPA
Venezuela-Harassment of HRDs-News-web stories-2015-POR (em Português)
