Aug 20, 2013 | Incidencia
Por primera vez un Tribunal de Canadá conocerá una demanda de daños y perjuicios en contra de una empresa canadiense por hechos cometidos en Guatemala.
Un Juez de la Corte de Ontario resolvió en el mes de Julio del presente año, que los casos que se siguen en contra de la empresa Hudbay Minerals Inc. por supuestos hechos cometidos en contra de dirigentes comunitarios en el Departamento de Izabal, pueden ser juzgados en Canadá por tribunales canadienses.
Este es un hecho histórico, ya que por primera vez una demanda por daños y perjuicios en contra de una compañía canadiense, relacionada con abusos a los derechos humanos, podrá ser conocida por tribunales canadienses.
Esta resolución permite que se respete el derecho de las víctimas guatemaltecas, de buscar justicia en otro país, en este caso Canadá, por hechos supuestamente cometidos en Guatemala, en los que una empresa privada de extracción de minerales (niquel) de Canadá (Hudbay Minerals Inc.), está siendo demandada.
El Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, a solicitud de los abogados que llevan el caso en Canadá, presentó su opinión en las cortes canadienses sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala, habiendo recomendado que el caso fuese conocido en Canadá, por considerar que la impunidad existente en Guatemala hacía imposible que el caso de daños y perjuicios fuese ventilado en las cortes guatemaltecas (ver adjunto el texto del peritaje sobre El Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala de Ramón Cadena versión en inglés).
La Comisión Internacional de Juristas en Guatemala publicará próximamente un estudio sobre este caso.
Guatemala-UE Peritaje Canadá Hudbay-expert opinion-advocacy-2013-eng (full text in pdf)
Aug 5, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ condena acciones de intimidación en contra del Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS).
El día jueves 1 de agosto, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto DEMOS y a las oficinas del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Frank Larue.
Un día antes, en su columna de opinión el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo, escribió en contra del Sr. Larue, acusándolo falsamente de diferentes hechos criminales, supuestamente cometidos por él durante el conflicto armado interno.
Desde hace ya varios meses, en su calidad de Director de la Fundación contra el Terrorismo, el Sr. Méndez-Ruiz ha asumido una posición intimidatoria en contra de personas, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, misiones diplomáticas y dirigentes comunitarios, tratando así de afectar el trabajo que estas personas o instituciones realizan en favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
La Fundación contra el Terrorismo, representada por el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz anunció días atrás, diferentes acciones en contra de organizaciones no gubernamentales.
Es así como, en el mes de marzo del presente año, después de dicho anuncio, el Director de la Organización Centro para la Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y su asesor legal, sufrieron amenazas y serias intimidaciones.
Posteriormente, la organización Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) fue acusada en el mes de julio de diferentes falsedades en una publicación anónima, claramente con el objeto de intimidar al personal que lleva a cabo acciones a favor de las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, el 1 de agosto, las oficinas del Instituto DEMOS y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, también sufrieron un ingreso ilegal y sustracción de documentos.
La Comisión Internacional de Juristas, hondamente preocupada por estas amenazas, pide a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación rigurosa, para determinar quién está detrás de todos estos hechos violentos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dicha investigación debería extenderse en contra de la Fundación contra el Terrorismo y su Director Sr. Méndez-Ruiz, con el objeto de identificar posibles vínculos con los hechos mencionados, sobre todo tomando en cuenta el contenido de múltiples publicaciones realizadas por la Fundación contra el Terrorismo en los últimos meses.
Asimismo, pide al Estado de Guatemala que brinde garantías y protección a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones y dirigentes comunitarios que llevan a cabo actividades a favor del respeto de los derechos humanos.
Dichas garantías deberían extenderse al trabajo que realiza el Sr. Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas Sr. Frank Larue.
Foto: UN /Jean-Marc Ferré
Jul 27, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña.”
Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país,” añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato.
La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 27, 2013 | News
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña”. Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país”, añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato. La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
