La criminalización de la protesta social en Guatemala es un fenómeno recurrente, con el objeto de deslegitimar a sus actores y anular el impacto político de las organizaciones sociales a través del uso del Derecho Penal como un instrumento de represión.
La criminalización de la protesta social en Guatemala es un fenómeno recurrente, con el objeto de deslegitimar a sus actores y anular el impacto político de las organizaciones sociales a través del uso del Derecho Penal como un instrumento de represión.
La región latinoamericana se ha caracterizado por una serie de confl ictos armados durante las últimas décadas del siglo XX y persisten las políticas discriminatorias que han generado descontento en la sociedad.
Las demandas sociales no han encontrado los canales adecuados para materializarse y la protesta social cada vez encuentra más represión por parte de agentes estatales y no estatales.
Con este fin se reprimen las libertades de pensamiento, expresión y reunión fuera de los límites establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
La presente publicación aborda la criminalización de la protesta social en Guatemala y de sus actores a través del análisis de diferentes conceptos que se relacionan con la temática y de varios casos vinculados a la defensa de los derechos humanos.
En el primer capítulo se aborda la conceptualización de la protesta social y el rol que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos que deriva en la penalización de sus acciones.
En el segundo capítulo se aborda el contenido de las libertades de pensamiento, expresión y reunión que pueden se objeto de determinadas limitaciones acordes a la normativa internacional de derechos humanos.
En el tercer capítulo se establecen los mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como nacional.
En el cuarto capítulo se analizan los patrones de criminalización de la protesta social en algunos casos paradigmáticos en Guatemala, vinculados a la defensa de los recursos naturales de pueblos indígenas.
Guatemala-Criminalizacion de la protesta social-publications-2012-spa (full text in pdf)
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios de San Andrés y La Libertad, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
El informe cubre el período de enero de 2010 a julio de 2011.
El informe ha sido preparado en el marco del proyecto sobre Reforma a la Justicia y Fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala (EIDHR/2,009/224-504) que la CIJ implementó con apoyo de la Unión Europea; una de las actividades de dicho proyecto consistió en brindar asesoría puntual a las comunidades indígenas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La CIJ ha estado llevando a cabo varias actividades relacionadas con la situación de los derechos humanos en el departamento de Petén, sobre todo en los municipios de San Andrés y La Libertad, en donde radican diferentes comunidades que enfrentan serias violaciones a los derechos humanos, mismas que están generando un delicado confl icto social que afecta a los hombres, mujeres y niños que habitan esas zonas.
Además, en el marco de dicho proyecto, era necesario elaborar un informe sobre el derecho de acceso a la justicia, partiendo de un caso concreto.
La CIJ decidió llevar a cabo este informe, tomando como caso paradigmático la situación que viven las comunidades del departamento de Petén.
En el contexto de este proyecto, a partir de enero de 2010 la CIJ asesoró a varias personas con el objeto de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la prórroga del Contrato Petrolero 2-85, que el Estado de Guatemala autorizó aún en contra de la legislación constitucional y ambiental.
La compañía petrolera PERENCO ha operado en el departamento de Petén desde 1985; la zona en donde está dicha compañía fue declarada “zona protegida” por la legislación ambiental aprobada en la década de los años noventa.
Ante el vencimiento de su contrato de operaciones petroleras veinticinco años después, el Estado de Guatemala llevó a cabo una reforma legal que permitió la prórroga por quince años más de todo contrato petrolero; dicha reforma debería entenderse para todos aquellos futuros contratos petroleros o sea que a partir de dicha reforma, todos los contratos que se aprobasen en el futuro, podrían prorrogarse por 15 años más.
Sin embargo, mediante la aplicación retroactiva de la ley y de otras ilegalidades como la violación al debido proceso y a otras garantías, se aprobó la prórroga del contrato mencionado.
La CIJ presentó la acción de inconstitucionalidad referida con anterioridad, que fue rechazada in limine, o sea que la Corte de Constitucionalidad ni siquiera entró a conocer el fondo del asunto.
Por otro lado, mientras que a la compañía PERENCO se le prorrogaba el contrato 2-85 aún en contra de disposiciones constitucionales, a las comunidades se les venía calificando permanentemente como “población invasora” de la zona protegida.
Tanto las comunidades como la compañía PERENCO, se encuentran dentro de la zona protegida por el Estado, zona que se considera debe ser protegida por existir una de las reservas de humedales más importantes de Latinoamérica. Según dirigentes de diferentes comunidades, la compañía petrolera está perforando pozos en la zona central del área protegida causando daños irreparables al medio ambiente.
Los techos de lámina de sus viviendas también han sido afectados por los gases que emanan de dicha actividad, daño que se extiende a la salud de los pobladores.
En general, la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad es de suma vulnerabilidad.
La CIJ ha constatado que entre las causas principales de esta vulnerabilidad se cuentan la negación por parte del Estado de toda posibilidad de acceso a la justicia, la extrema pobreza en que viven, la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, la política de desalojos que el Estado ha venido implementando desde el segundo semestre de 2010, la presencia del narcotráfico en sus zonas o regiones, la política de remilitarización y las consecuencias de la exploración y explotación petrolera que afectan su salud y otros derechos.
A esto debe sumarse la falta de respeto al derecho a la consulta. A estas comunidades se les niegan sus derechos con el argumento que son “invasoras” y que están ilegalmente en una zona protegida, mientras que a la compañía PERENCO se le prorroga el contrato petrolero.
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios mencionados, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
Guatemala-Informe Acceso a la Justicia-Caso SA y LT Peten-publications-2012-spa (full text in pdf)
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios de San Andrés y La Libertad, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
The ICJ has brought to the attention of the UPR mechanism issues concerning Colombia’s responsibility to combat the persistent impunity of perpetrators of gross human rights violations, as well as other key issues to be addressed in the review of Colombia’s compliance with international human rights.
From 22 April to 3 May 2013, the Human Rights Council’s Working Group on the UPR will consider the situation of human rights in Colombia. Ahead of the Working Group’s review, the ICJ has made a submission in which it has made suggested recommendations concerning:
Colombia-UPR16-StakeholderSubmission-legal submission (2012) (download full submission in PDF)
Colombia-UPR16-AdvocacyNote-NonLegalSubmission-2013 (download advocacy note in PDF)
IColombia-UPR16-ComparisonChart-NonLegalSubmission-2013 (download comparison with first cycle UPR of Colombia)
El Salvador: Crimes against humanity within the framework of public security policy
HRC61: Joint oral statement of The ICJ in the interactive dialogue with the Special Rapporteur on Counter-terrorism and Human Rights
A Human Rights-Based Approach to Decriminalizing Conduct Associated with Poverty and Status
HRC61: Oral statement of The ICJ in the interactive dialogue with the Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities