Para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19, el gobierno chileno hizo un uso inapropiado de los poderes de emergencia. Esto ilustra la necesidad de que se utilice el proceso constituyente para incorporar protecciones a los derechos económicos, sociales y culturales y limitar los poderes de emergencia, dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en un informe (en inglés) publicado hoy.
El informe “Las vacunas no son suficientes: cómo la falta de protección de los derechos humanos comprometió la respuesta de Chile al COVID-19” (Vaccines are Not Enough: How Failure to Protect Human Rights compromised Chile’s COVID-19 response) documenta el efecto de la pandemia COVID-19 sobre la pobreza y la desigualdad existente y las violaciones de los derechos humanos resultantes de la respuesta del gobierno chileno a la pandemia del COVID-19. A pesar de la exitosa campaña de vacunación, mediante la cual, según datos oficiales del gobierno, el 89,05% de la población ha sido completamente vacunada, persisten las preocupaciones sobre la respuesta, a veces dura, de Chile a la pandemia.
“La declaración del estado de excepción en Chile otorgó, de manera inapropiada, poderes extremadamente amplios a miembros de las fuerzas armadas para que implementaran medidas sanitarias durante más de un año y medio. Esto se hizo con base a disposiciones constitucionales arcaicas que no establecen límites y restricciones necesarias al poder ejecutivo durante los estados de excepción”, dijo Rocío Quintero, asesora jurídica de la CIJ.
En el informe, la CIJ enfatizó que, en una parte significativa del territorio chileno, el gobierno impuso severas restricciones al derecho a la libertad de locomoción. Sanciones penales fueron usadas para castigar a quienes violaron las restricciones.
“Con la redacción de una nueva Constitución, Chile tiene la oportunidad de comprometerse con un conjunto integral de derechos económicos, sociales y culturales plenamente justiciables. Esto requerirá que el gobierno implemente medidas sociales y económicas mucho más estrictas y de largo plazo para eliminar la pobreza y erradicar la desigualdad”, dijo Quintero.
La CIJ también señaló que una nueva constitución es una oportunidad para que Chile sea un Estado pionero en la revisión de disposiciones constitucionales para garantizar que las restricciones que se adopten en situaciones de emergencia tengan un enfoque de derechos humanos. Esto requiere que las restricciones sean necesarias, proporcionales y basadas en evidencia. Igualmente, las medidas de emergencia deben respetar el Estado de Derecho. Para ello, deben existir controles judiciales y legislativos efectivos sobre la acción ejecutiva, incluso en el contexto de emergencias de salud pública como las provocadas por pandemias. Los militares simplemente no deberían tener un papel central en la respuesta a emergencias de salud pública.
El informe ofrece recomendaciones a las autoridades chilenas para diseñar e implementar medidas de respuesta al COVID-19. Por ejemplo, se enfatiza que las medidas sanitarias, como cuarentenas y toques de queda, deben respetar plenamente los derechos a la libertad de circulación y de reunión pacífica. Todas las medidas que restrinjan o limitan los derechos deben ser no discriminatorias, necesarias y proporcionadas a la situación. En emergencias de salud, la implementación y el cumplimiento de las medidas de salud pública deben ser responsabilidad de las autoridades civiles competentes y los expertos en salud pública, no del personal militar.
Adicionalmente, el informe proporciona recomendaciones a la Convención Constitucional, incluida la incorporación de una gama completa de derechos económicos, sociales y culturales en una nueva Constitución. También se menciona la necesidad de una mejor regulación de los estados de excepción para garantizar que la legislación chilena respete los estándares internacionales de derechos humanos.
Antecedentes
El Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por Calamidad Pública, que permitió la declaración de cuarentenas y toques de queda, fue declarado por el gobierno el 18 de marzo de 2020 y continuó hasta el 30 de septiembre 2021. Esto, a pesar de que la transmisión de COVID-19 disminuyó significativamente desde julio de 2021. Aunque el gobierno de Chile ha promulgado varias medidas de ayuda social para compensar los efectos sociales y económicos causados por la pandemia, la naturaleza temporal de estas medidas y el grado de intervención es motivo de preocupación.
Chile se encuentra en un proceso de revisión constitucional, luego de que un referéndum nacional en 2020 aprobó la sustitución de la Constitución de 1980, promulgada durante la dictadura militar de Pinochet. Este proceso fue desencadenado por el estallido social de 2019, durante el cual miles de chilenos salieron a las calles a exigir cambios fundamentales al modelo social y económico adoptado por Chile. El 15 de noviembre de 2019, el Congreso de Chile aprobó la propuesta del presidente para desarrollar una nueva constitución. En mayo de 2021 fueron elegidos los 155 miembros de la Convención Constituyente. Se espera que se apruebe una nueva Constitución a mediados de 2022.
El informe completo se encuentra disponible en inglés.
El resumen ejecutivo en español puede consultarse Chile-Vaccine-COVID-19-Executive-Summary-2021-SPA.
Más información:
Rocío Quintero Martínez, Asesora Legal para América Latina de la CIJ
Correo electrónico: rocio.quintero@icj.org
Tim Fish Hodgson, Asesor legal de la CIJ en derechos económicos, sociales y culturales
Correo electrónico: timothy.hodgson@icj.org