Hoy, la CIJ publica un documento informativo (briefing paper) en inglés sobre el limitado acceso a vacunas contra el COVID-19, por parte de personas que no son ciudadanas colombianas, y sobre el fracaso de las autoridades colombianas en hacer público los contratos sobre vacunas contra el COVID-19 firmados con compañías farmacéuticas. Se trata de dos de los principales desafíos en la protección de los derechos humanos en el plan de adquisición y despliegue de vacunas contra el COVID-19 en el país.
El 11 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno colombiano hacer público los contratos firmados con las compañías farmacéuticas sobre vacunas contra el COVID-19. Adicionalmente, el Tribunal ordenó al Gobierno entregar copia de la información sobre las reuniones de trabajo o cualquier contacto con compañías farmacéuticas “dirigidas a la posible adquisición de vacunas para la prevención o tratamiento del COVID-19”.
Hoy, junto con el documento informativo, la CIJ publica un resumen en inglés de esta decisión pionera, que podría actuar como catalizador para que, en otras partes del mundo, se realicen litigios similares para reivindicar derechos humanos. Un informe de Transparencia Internacional, publicado en mayo de 2021, reveló que, de 182 acuerdos para la compra de 12 vacunas contra el COVID-19, solo un seis por ciento de dichos contratos se han publicado a través de canales formales, y solo uno de ellos se ha publicado de manera integral.
“A nivel mundial, a pesar del discurso sobre las vacunas COVID-19 como un bien público y un derecho humano, casi todos los países han firmado acuerdos de confidencialidad con empresas farmacéuticas, que les impiden dar publicidad a dichos contratos. Esto a menudo constituye una violación de las leyes nacionales de contratación y de la legislación sobre el derecho a la información, pero también, de manera más general, constituye una violación de las obligaciones de los Estados en términos de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de información. En el contexto de la pandemia de COVID-19, el hecho de que los Estados no divulguen los contratos de compra de vacunas también viola el derecho a la salud al limitar el acceso a información vital relacionada con la salud. Se trata de información que es necesaria para atribuir responsabilidades a los gobiernos sobre la manera en cómo se ha hecho la provisión de vacunas contra el COVID-19”, Dijo Tim Fish Hodgson, asesor legal de la CIJ. “En este contexto, la decisión pionera del Tribunal colombiano sienta un precedente importante a favor de la ‘máxima divulgación’ que debe seguirse”, agregó Hodgson.
Además de resumir y analizar la importancia de la decisión del Tribunal, el documento informativo también analiza algunas deficiencias del despliegue de vacunas en Colombia. Entre estas, el acceso limitado a las vacunas contra el COVID-19 para los no ciudadanos colombianos, en particular, para los migrantes y refugiados venezolanos en el país. Lo anterior, a pesar de que, en una recientemente resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los derechos a la igualdad y a la no discriminación impone a los Estados el deber de brindar acceso a las vacunas COVID-19 a los migrantes, sin distinción alguna por su condición migratoria.
“El gobierno colombiano debe redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a la vacuna contra el COVID-19 para todas las personas que no son ciudadanas colombianas, independientemente de su situación migratoria, de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos que ha adquirido Colombia y con la propia Constitución colombiana. Ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”, dijo Rocío Quintero, asesora jurídica de la CIJ.
Vínculos:
Resumen de la decisión (en inglés)
Documento informativo (en inglés)
Contactos:
Tim Fish Hodgson, Asesor legal de la CIJ en derechos económicos sociales y culturales, correo electrónico: timothy.hodgson(a)icj.org
Rocío Quintero Martínez, Asesora Legal para América Latina de la CIJ, correo electrónico: [email protected]