Este documento informativo de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) analiza la instrumentalización del sistema penal venezolano para perseguir la disidencia. A través de tribunales especiales en “terrorismo” y el uso discrecional de legislación ambigua, el Estado ha sometido a miles de personas a procesos políticamente motivados. Estas acciones, que carecen de las garantías mínimas del debido proceso, se intensificaron drásticamente tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
La CIJ concluye que el sistema de justicia no solo es incapaz de proteger los derechos humanos por su falta de independencia, sino que opera deliberadamente como un órgano de persecución política. Los tribunales antiterroristas no cumplen con los estándares internacionales de organización ni funcionamiento, mientras que la aplicación de definiciones delictivas excesivamente amplias y vagas facilita la criminalización de actividades legítimas en derechos humanos.
Finalmente, la CIJ recomienda al Parlamento reformar urgentemente la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y adaptar la definición de “terrorismo” y otras conductas asociadas de forma precisa y restringida, para excluir la posibilidad de que pueda ser usada para criminalizar la libertad de expresión, el derecho a la reunión o la labor de defensa de derechos humanos. Asimismo, insta al Poder Judicial a garantizar plenamente el debido proceso y dejar sin efecto la jurisdicción especial contra el terrorismo.