En un nuevo informe (en inglés) publicado hoy, la CIJ llama a los Estados para que en sus respuestas a la emergencia de salud pública creada por el COVID-19 respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho a la salud.
El informe hace énfasis en el grave y discriminatorio impacto que la pandemia ha tenido en diferentes grupos que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. De igual manera, el informe subraya la importancia que se garantice el acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud, sin ningún tipo de discriminación.
El informe, titulado “Viviendo como personas que mueren lentamente: la necesidad de que las respuestas al COVID-19 estén conforme con el derecho a la salud”, documenta los efectos adversos sobre los derechos humanos que ha provocado la pandemia del COVID-19.
El título proviene de las palabras dichas por Mama Yuli, una mujer transgénero de Indonesia, quien afirmó que la pandemia había dejado a muchas mujeres transgénero de la tercera edad con la sensación que “vivían como personas que mueren lentamente”.
El informe subraya la necesidad de un enfoque de derechos humanos y de Estado de Derecho para hacer frente a la pandemia, lo que requiere que los Estados cooperen entre sí para responder a la actual crisis de salud, que por su naturaleza no conoce de fronteras.
“La pandemia del COVID-19 es una crisis de salud pública que representa una amenaza global inmensurable a los derechos humanos y al Estado de Derecho”, dijo Ian Seiderman, director legal y de política pública de la CIJ. “Pero lo que es crucial es que las respuestas de los Estados no solo sean inmediatas y efectivas al COVID-19 como emergencia de salud pública, sino también como una crisis de derechos humanos”, agregó Seiderman.
Tomando en consideración el trabajo previo que ha realizado la CIJ en materia del COVID-19, el informe detalla el impacto desproporcionado de la pandemia en los no ciudadanos, las personas mayores, las mujeres y niñas, la comunidad LGBT, las personas privadas de la libertad, las personas en situación de discapacidad, los trabajadores sexuales y los trabajadores de la salud.
El informe señala la necesidad de que se suministre información en materia de salud por parte de las autoridades estatales, en el contexto del COVID-19. El informe también analiza las medidas adoptadas por los Estados, las cuales, en muchas ocasiones, han restringido el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la privacidad.
Por ejemplo, aunque “medidas de rastreo” (contracting tracing measures) pueden ser efectivas, estas medidas también deben respetar los derechos humanos. En adición, la información recolectada a través del rastreo no debe ser usada de manera inapropiada o como un instrumente de represión de individuos o de defensores de derechos humanos.
Por otra parte, reconociendo la interdependencia de todos los derechos humanos, el informe enfatiza en la necesidad de que los Estados aseguren el acceso a los “determinantes sociales de la salud”, como la vivienda, la alimentación y el agua, los cuales, a su vez, son derechos humanos internacionalmente reconocidos.
El informe también ofrece recomendaciones a los Estados que, de aplicarse, contribuirían a asegurar que el derecho a la salud y los derechos humanos sean respetados en las respuestas a la pandemia del COVID-19.
Al respecto, en el informe, la CIJ llama a los Estados para que sigan los lineamientos ofrecidos por los distintos órganos de los tratados de derechos humanos y los expertos independientes de Naciones Unidas sobre las mejores maneras de respetar los derechos humanos mientras adoptan medidas para hacer frente a la pandemia.
Sin duda, el sistema de derechos humanos ofrece directrices esenciales para los Estados, las cuales no estaban disponibles, por ejemplo, durante la pandemia de influenza de 1918, por la cual murieron alrededor de 50 millones de personas.
“Los estados deben acatar los llamados por un enfoque de derechos humanos y de Estado de Derechos en las respuestas al COVID-19. De no hacerlo, sin duda, resultará en la muerte y el sufrimiento muchas personas, lo que aún puede evitarse,” manifestó Seiderman.
El informe también llama la atención sobre la importancia del cumplimiento por parte de las empresas, particularmente las empresas privadas del sector salud, de sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud.
Este aspecto es crítico, por ejemplo, para asegurar el éxito de los esfuerzos combinados de los Estados y compañías privadas en el desarrollo y distribución de una vacuna contra el COVID-19.
El informe se encuentra disponible en inglés.
Contacto
Timothy Fish Hodgson, Asesor legal de la CIJ en derechos económicos sociales y culturales.
Correo electrónico: timothy.hodgson(a)icj.org
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