La CIJ expresó su satisfacción ante la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que determinó que el Acuerdo para establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad es compatible con la Constitución. La CIJ había participado en dicho prodecimiento mediante la presentación de un amicus curiae relativo a la obligación internacional de combatir la impunidad.
El Acuerdo que establece una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha recibido un importante impulso para ser aprobado por el Congreso, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) tras conocerse la resolución favorable de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que determinó que el mencionado Acuerdo es compatible con la Carta Magna. El establecimiento de la CICIG, ya retrasado una vez debido a las inconstitucionalidades halladas por la misma Corte con respecto a su predecesora, la CICIACS, representa una oportunidad histórica para combatir a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y así cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.
“Esta sentencia constituye un importante paso jurídico para combatir la existencia de estructuras como las que investigará la CICIG, que representan un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho en Guatemala”, dijo la CIJ. “Frente a la absoluta impunidad con que operan estos grupos, es evidente que la acción de las autoridades guatemaltecas ha sido insuficiente para hacer frente a este grave flagelo; de allí la necesidad de la cooperación internacional”.
Según el Acuerdo suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, la CICIG recabará información sobre la existencia y accionar de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La CICIG se constituirá en querellante adhesivo, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. Con presencia internacional, la CICIG tendrá libertad de acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares, observando sólo lo preceptuado por la Constitución de Guatemala. En tal sentido, es de esperarse que el artículo 30 de la Carta Magna, que regula el secreto de Estado y que en ocasiones ha sido utilizado para obstaculizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos, sea interpretado acorde con la obligación internacional de combatir la impunidad.
“La sentencia de la Corte de Constitucionalidad deja el camino allanado para que el Congreso cumpla con su deber de adoptar las medidas que correspondan para luchar contra la impunidad”, manifestó la CIJ. “El Congreso de Guatemala cuenta con una importante oportunidad de dar un paso concreto en la investigación y desmantelamiento de estos grupos paralelos, por lo que esperamos que todas las bancadas parlamentarias actúen con la responsabilidad debida”.
Paralelamente al establecimiento de la CICIG, la CIJ insta al Gobierno de Guatemala a fortalecer al Ministerio Público y al Organismo Judicial con el fin de que se juzgue y castigue a los responsables de los numerosos crímenes cometidos por los grupos investigados de acuerdo con los estándares internacionales relativos a la administración de justicia.
La CIJ presentó un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad en el que se analizó el Acuerdo a la luz de las obligaciones de Guatemala en virtud del derecho internacional, en particular la obligación de combatir la impunidad. Dicho documento se encuentra disponible en el sitio web de la CIJ.
Guatemala-amicus curiae impunity commission-legal submission-2007 (full text of amicus curiae brief, PDF)
véase también Guatemala-impunity commission-press release-2007 (full text of press release, PDF)