Mar 13, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, conjuntamente con una jueza de Honduras y otra de Costa Rica, de sus respectivas asociaciones de jueces, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez más, pidieron la destitución del Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, ya que a partir de dicho nombramiento, las y los jueces más independientes e imparciales, empezaron a ser vigilados ilegalmente y se han sentido vulnerables e inseguros.
El día de hoy, gracias a una nota periodística, se supo que el Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, Roberto Mota Bonilla (foto), tiene orden de captura, por la supuesta comisión del delito de violencia contra la mujer.
Esta nueva acusación hace insostenible que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siga protegiendo y manteniendo en su puesto y el pleno de magistrados de dicha Corte debería ahora intervenir, por tratarse de un asunto relacionado directamente con la seguridad de jueces y juezas.
“Tal y como nos informara el día de ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en él recae la responsabilidad del nombramiento del Director de Seguridad Institucional, pero los asuntos de seguridad de jueces, debe discutirlos con el pleno de la Corte Suprema de Justicia,” expresó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
La CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Guatemala, para que respeten el Estado de Derecho y que cesen los ataques en contra de la independencia del Poder Judicial y de las y los jueces que administran justicia en forma independiente e imparcial.
Lamentablemente, tal y como lo confirmara el Presidente del Organismo Judicial, está a la espera de informe de Auditoría Interna para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, ante estos nuevos hechos, no debería esperar el informe para tomar una decisión. El Director de Seguridad Institucional Roberto Mota Bonilla, debería ser destituido en forma inmediata.
Jun 24, 2018 | Artículos, Noticias
Las y los comisionados de la CIJ en América Latina se reunieron recientemente en Bogotá y firmaron la siguiente declaración conjunta.
Las y los comisionados firmantes de la Comisión Internacional de Juristas, expresamos:
- Nuestra profunda preocupación por la delicada situación de la Independencia Judicial en Guatemala. Tenemos conocimiento que varios jueces y juezas se encuentran bajo hostigamiento y presiones del régimen disciplinario, usados indebidamente por grupos y personas descontentas con las decisiones judiciales en casos de alto impacto. En efecto, Jueces y Juezas de los Tribunales de Mayor Riesgo como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul y otros han sufrido una serie de denuncias infundadas ante los órganos disciplinarios.
- La compleja función que cumplen los jueces y juezas en el contexto actual en Guatemala, hace evidente que son objeto de ataques que buscan afectar su función como operadores de justicia honestos e imparciales. Según los estándares internacionales, la exigencia de responsabilidad de un Juez o Jueza, no ampara atentados contra la independencia judicial. Además, dichos estándares establecen que al llevar a cabo sus funciones, las y los jueces deben poder hacerlo libres de cualquier influencia y con total imparcialidad; sin ninguna restricción, incitación, presión, amenaza, ni injerencia, directa o indirecta, de cualquier origen o por cualquier motivo que sea.
- Asímismo, expresamos nuestro total apoyo al comisionado Iván Velásquez, Representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debido al cumplimiento de sus funciones, también viene sufriendo una serie de actuaciones y campañas de difamación. Asímismo, apoyamos a la CICIG, por la función que cumple en la lucha contra la impunidad y corrupción.
Ante todo ello, solicitamos a la Comunidad Internacional que sigan apoyando a la CICIG con suficientes recursos humanos y financieros; además, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Sub Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y al Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, para que visiten el país y puedan verificar “in situ”, la delicada situación de la independencia judicial en Guatemala.
Carlos Ayala, Vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas (Venezuela)
Mónica Pinto, Comisionada (Argentina)
Miguel Carbonnel, Comisionado (México)
Víctor Rodríguez Rescia, Comisionado (Costa Rica)
Wilder Tayler, Comisionado (Uruguay)
Belisário Dos Santos, Comisionado (Brasil)
Juan Méndez, Comisionado (Argentina)
Aejandro Salinas Rivera, Comisionado (Chile)
Roberto Garretón, Comisionado (Chile)
Jun 18, 2018 | Artículos, Noticias
Jueces de Centroamérica, conjuntamente con la CIJ inician Jornadas sobre Independencia Judicial en Guatemala.
Con el objeto de llevar a cabo diferentes reuniones en el contexto de las Jornadas sobre Independencia Judicial en Guatemala, la Jueza de Paz en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro y Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras; la Jueza de lo Contencioso Administrativo y Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD); el Magistrado de la Cámara Penal de Santa Ana y Primer Vocal de la Junta Directiva del Foro De Jueces Democráticos de El Salvador y el Coordinador de la Oficina Técnica de la Asociacion de Jueces por la Democracia de Honduras, con el apoyo de la CIJ, realizarán una visita a Guatemala los días 18 y 19 de junio.
En el transcurso de su visita, se reunirán con diferentes funcionarios del Poder Judicial y analizarán la situación que se está presentando en Guatemala de ataques contra la Independencia del Poder Judicial y de jueces y juezas independientes y honestas como Ericka Aifán, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, entre otros.
Además, analizarán la situación de la Independencia Judicial en la región centroamericana.
La oportunidad será propicia para llevar a cabo dos conversatorios con jueces del Poder Judicial los días 18 y 19 de junio, para poder analizar in situ las acciones que se están presentando en contra de estos jueces y que contravienen los principios básicos y estándares internacionales.
Al final de su visita, darán a conocer las conclusiones generales a las que han llegado y las propuestas que consideran podrían aliviar en parte esta situación.
May 29, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su profunda preocupación, por las diferentes acciones que se vienen dando en contra de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán se ha caracterizado siempre por ser recta en sus decisiones; honesta y apegada al Derecho en todos los casos que ha conocido; independiente, objetiva e imparcial en todas sus decisiones.
Para la CIJ, en los casos contra la Jueza Erika Aifán, existe un riesgo inminente de afectar la Independencia Judicial.
La CIJ considera que la independencia de jueces y juezas, es imprescindible en un Estado de Derecho, para que dichos funcionarios públicos puedan garantizar efectivamente, mediante una recta administración de justicia, el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Por tal razón y con base en la Constitución Política de la República de Guatemala y Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala debería intervenir en la defensa de la independencia judicial.
Tal y como lo establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general de derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales”.
En tal sentido, la CIJ considera que la Corte Suprema de Justicia debe asumir un papel activo en la defensa de la independencia judicial en general y específicamente, en el caso de la Jueza Erika Aifán.
La Jueza Erika Aifán tiene a su cargo casos paradigmáticos en la lucha contra la impunidad y la corrupción y la CIJ considera que ese es el verdadero motivo de los ataques y cuestionamientos en su contra.
Grupos interesados en promover la impunidad desean apartarla o separarla del cargo.
La CIJ se permite recordar que la separación del cargo de un juez o jueza, debe obedecer exclusivamente a las causales permitidas por la ley, mediante un proceso disciplinario que reuna las básicas garantías inherentes al debido proceso, o cuando el funcionario judicial ha cumplido el término o período de su mandato.
En el caso de la jueza Erika Aifán, no existe ninguno de estos presupuestos, razón por la cual la CIJ concluye que se trata de un ataque contra la independencia e imparcialidad e independencia de la funcionaria judicial.
Ante el hostigamiento que sufren jueces y juezas independientes en Guatemala, la CIJ urge la presencia en el país del Relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados.
La CIJ considera, además, que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala debería presentar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sólo para que dicha Comisión otorgue medidas cautelares a favor de la Jueza Aifán, sino para que dicha Comisión verifique la violación flagrante a la independencia judicial en el país.
Desde ya, la CIJ solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que invenga en el presente asunto.
Demás está decir, que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que provoca que las personas no recurran a los tribunales de justicia por falta de credibilidad.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “Debemos apoyar a la Jueza Erika Aifán, ya que la garantía de la independencia judicial está siendo seriamente afectada. La Jueza Aifán es una de las más honestas y valientes y está llevando casos paradigmáticos que podrían ser afectados, en caso procedan las acciones legales en su contra.”
“Es una vergüenza que un Tribunal del Poder Judicial mismo, imponga una multa de Q.1000.oo a una profesional que está cumpliendo con su deber. Los magistrados de la Sala Tercera, son los que deberían de ser investigados por el Ministerio Público, debido a sus actuaciones en contra de la Independencia Judicial.”
