La CIJ expresa su honda preocupación por los comicios electorales del pasado 31 de julio, en los cuales se eligieron a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como por las muertes violentas, numerosos heridos y detenciones arbitrarias registradas ese día.
La convocatoria a una ANC no fue realizada conforme al artículo 347 de la Constitución vigente y su integración restringida a personas elegidas en los “ámbitos sectoriales y territoriales” socaba los fundamentos mismos de la democracia y, en especial, del derecho humano al sufragio universal, directo, libre, igual y secreto, reconocido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, dice la CIJ.
“Una Constitución que no garantice los principios básicos del Estado de Derecho así como la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, no sólo constituye una violación flagrante de las obligaciones internacionales del Estado venezolano sino que será un instrumento de opresión del pueblo de Venezuela y la negación misma de un régimen democrático,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
Además, la CIJ toma nota de las diversas denuncias de fraude electoral, las cuales, en ausencia de observadores internacionales reconocidos, deben ser debidamente investigadas y aclaradas por instancias independientes.
En todo caso, la CIJ advierte que independientemente de su legitimidad, la nueva ANC debe respetar los valores, principios, obligaciones y límites de los derechos humanos contenidos en los instrumentos sobre derechos humanos.
En particular, durante su funcionamiento y hasta la aprobación de la nueva Constitución, la ANC debe respetar la Constitución vigente de 1999 en un marco de seguridad jurídica, democracia, pluralismo y garantía de los derechos humanos.
Asimismo, la nueva Constitución política venezolana que se propone redactar la ANC debe garantizar de forma efectiva y plena los principios básicos universales del Estado de Derecho y la democracia, y muy particularmente la separación de poderes, la autonomía del Legislativo, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, el funcionamiento de partidos políticos, la subordinación de las fuerzas armadas a las autoridades civiles y el principio de legalidad y control de todas las actuaciones de las autoridades, dice la CIJ.
Asimismo, la nueva Constitución deberá garantizar plenamente la progresividad de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades fundamentales; prohibir el juzgamiento de civiles así como de responsables de violaciones a los derechos humanos por tribunales militares; y asegurar que la regulación de los estados de excepción esté en plena conformidad con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos y estándares internacionales.
La CIJ considera que el nuevo texto constitucional deberá no sólo garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales ya consagradas en la Constitución vigente, sino que debe ampliar su contenido y garantías efectivas, el pluralismo político e ideológico y la tolerancia, así como incluir expresas prohibiciones de las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura, la detención arbitraria, la persecución política y otras graves violaciones a los derechos humanos.