Sep 22, 2014 | Events, News
The ICJ’s Director of the International Law and Protection Programmes, Alex Conte, was today an expert member of a plenary panel of the UN Human Rights Council concerning the application of international law to the use of armed drones.
Sep 22, 2014 | Artículos, Noticias
Comunicado de la CIJ tras sua visita a 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha viernes 12 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una visita a San Juan Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a solicitud de dirigentes defensores de derechos humanos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción. La visita permitió a la CIJ recabar información acerca de las dificultades que atraviesan dichas comunidades por la construcción de esta infraestructura, la cual se encuentra muy cercana a las viviendas y a la población afectada.
2. Los dirigentes de las comunidades explicaron en dicha visita, los principales daños que la construcción les causa desde ya hace varios años, siendo éstos:
a) Desde que se inició el proyecto de la construcción de la cementera las comunidades han sufrido problemas que no existían con anterioridad incluyendo amenazas en contra de quienes se oponen a dicho proyecto, órdenes de captura, procesos penales abiertos en forma prolongada y sentencias condenatorias sin pruebas .
b) Periódicamente, un helicóptero sobrevuela la zona a poca altura, causando zozobra en la población. Se trata, en opinión de los dirigentes de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, de un acto de provocación para afectar a las comunidades que se oponen al proyecto mencionado.
c) En el año 2008 ya sufrieron la imposición de un estado de excepción y temen ahora que se pueda querer establecer otro, para construir a la fuerza la carretera aludida. Si bien han solicitado información acerca del trazo de la misma al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, no han logrado obtener dicha información, razón por la cual temen que pueda atravesar sus terrenos, sin su consentimiento.
d) La construcción de la obra ha afectado los derechos y estilo de vida de los pobladores. Por ejemplo, algunas viviendas han sufrido rajaduras por los temblores que causa la construcción de la obra; las enfermedades respiratorias han aumentado, debido al polvo que provoca la construcción; el ruido de noche y durante la madrugada, no les permite vivir en paz y en general, su proyecto de vida ha sido seriamente afectado. El daño al ambiente (por ejemplo tala de árboles, ruido y otros), los está afectando y cuando la fábrica entre en operación temen que el impacto sea aún mayor e irreversible para la población del lugar.
3. Los dirigentes expresaron su deseo de solucionar esta situación por la vía del diálogo; agregaron que han demostrado estar comprometidos a favor de la solución pacífica de la problemática que les afecta; para eso han participado en la mesa de diálogo establecida previamente, con las autoridades gubernamentales.
4. A pesar de lo anterior y con gran preocupación la CIJ ha recibido alegaciones de que en la madrugada del sábado 20 de septiembre, se registraron hechos de violencia, que dejaron un saldo de aproximadamente 8 personas muertas y un número considerable de heridos. La versión oficial es confusa y no especifica el número de víctimas, ni el estado de las personas heridas, ni de otros elementos que permitan establecer la verdad de lo sucedido. De acuerdo a la información recibida lunes 22 de septiembre en la madrugada, un fuerte contingente policial entró al municipio; esto podría indicar que las autoridades pretenden imponer por segunda vez, un estado de excepción.
Ante esta situación, la Comisión Internacional de Juristas expresa:
I. Su preocupación por los actos de violencia y la posible imposición de un estado de excepción, en vista de que la legislación nacional no cumple con los estándares internacionales en la materia. En repetidas ocasiones, la CIJ ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de una nueva Ley de Orden Público, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz;
II. La CIJ considera necesario que, en estas circunstancias, las víctimas de los hechos sucedidos la madrugada del sábado 20 de septiembre y sus familiares, sean atendidos adecuadamente.
III. Corresponde a las autoridades del Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación rigurosa para aclarar los hechos. Antes de llevar a cabo esta investigación e informar a la ciudadanía sobre lo sucedido, debería evitarse la imposición de un estado de excepción con el fin de evitar más violencia y daños a las comunidades afectadas por la construcción de la cementera.
La Comisión Internacional de Juristas urgió al Ministro de Gobernación que antes de tomar medidas limitativas de derechos mediante un estado de excepción, proporcione información precisa sobre el número de víctimas, posibles líneas de investigación, el paradero de las personas heridas, si hay desplazados internos y otros aspectos de carácter humanitario.
Sep 22, 2014 | News
Comunicado de la CIJ tras sua visita a 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha viernes 12 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una visita a San Juan Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a solicitud de dirigentes defensores de derechos humanos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción. La visita permitió a la CIJ recabar información acerca de las dificultades que atraviesan dichas comunidades por la construcción de esta infraestructura, la cual se encuentra muy cercana a las viviendas y a la población afectada.
2. Los dirigentes de las comunidades explicaron en dicha visita, los principales daños que la construcción les causa desde ya hace varios años, siendo éstos:
a) Desde que se inició el proyecto de la construcción de la cementera las comunidades han sufrido problemas que no existían con anterioridad incluyendo amenazas en contra de quienes se oponen a dicho proyecto, órdenes de captura, procesos penales abiertos en forma prolongada y sentencias condenatorias sin pruebas .
b) Periódicamente, un helicóptero sobrevuela la zona a poca altura, causando zozobra en la población. Se trata, en opinión de los dirigentes de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, de un acto de provocación para afectar a las comunidades que se oponen al proyecto mencionado.
c) En el año 2008 ya sufrieron la imposición de un estado de excepción y temen ahora que se pueda querer establecer otro, para construir a la fuerza la carretera aludida. Si bien han solicitado información acerca del trazo de la misma al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, no han logrado obtener dicha información, razón por la cual temen que pueda atravesar sus terrenos, sin su consentimiento.
d) La construcción de la obra ha afectado los derechos y estilo de vida de los pobladores. Por ejemplo, algunas viviendas han sufrido rajaduras por los temblores que causa la construcción de la obra; las enfermedades respiratorias han aumentado, debido al polvo que provoca la construcción; el ruido de noche y durante la madrugada, no les permite vivir en paz y en general, su proyecto de vida ha sido seriamente afectado. El daño al ambiente (por ejemplo tala de árboles, ruido y otros), los está afectando y cuando la fábrica entre en operación temen que el impacto sea aún mayor e irreversible para la población del lugar.
3. Los dirigentes expresaron su deseo de solucionar esta situación por la vía del diálogo; agregaron que han demostrado estar comprometidos a favor de la solución pacífica de la problemática que les afecta; para eso han participado en la mesa de diálogo establecida previamente, con las autoridades gubernamentales.
4. A pesar de lo anterior y con gran preocupación la CIJ ha recibido alegaciones de que en la madrugada del sábado 20 de septiembre, se registraron hechos de violencia, que dejaron un saldo de aproximadamente 8 personas muertas y un número considerable de heridos. La versión oficial es confusa y no especifica el número de víctimas, ni el estado de las personas heridas, ni de otros elementos que permitan establecer la verdad de lo sucedido. De acuerdo a la información recibida lunes 22 de septiembre en la madrugada, un fuerte contingente policial entró al municipio; esto podría indicar que las autoridades pretenden imponer por segunda vez, un estado de excepción.
Ante esta situación, la Comisión Internacional de Juristas expresa:
I. Su preocupación por los actos de violencia y la posible imposición de un estado de excepción, en vista de que la legislación nacional no cumple con los estándares internacionales en la materia. En repetidas ocasiones, la CIJ ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de una nueva Ley de Orden Público, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz;
II. La CIJ considera necesario que, en estas circunstancias, las víctimas de los hechos sucedidos la madrugada del sábado 20 de septiembre y sus familiares, sean atendidos adecuadamente.
III. Corresponde a las autoridades del Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación rigurosa para aclarar los hechos. Antes de llevar a cabo esta investigación e informar a la ciudadanía sobre lo sucedido, debería evitarse la imposición de un estado de excepción con el fin de evitar más violencia y daños a las comunidades afectadas por la construcción de la cementera.
La Comisión Internacional de Juristas urgió al Ministro de Gobernación que antes de tomar medidas limitativas de derechos mediante un estado de excepción, proporcione información precisa sobre el número de víctimas, posibles líneas de investigación, el paradero de las personas heridas, si hay desplazados internos y otros aspectos de carácter humanitario.
Sep 16, 2014 | Advocacy, Non-legal submissions
ICJ affiliate the Colombian Commission of Jurists today delivered an oral statement at the UN Human Rights Council, concerning enforced disappearances in Thailand.
The statement noted that of the 81 cases transmitted by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances to the Royal Thai Government between 1980 and 2014, the Government has clarified only two (A/HRC/27/49, 5 August 2014).
The statement highlighted the case of Somchai Neelapaijit, a lawyer and human rights defender, who was subjected to enforced disappearance more than 10 years ago but whose case remains unresolved. I also described the recent disappearance of Pholachi “Billy” Rakchongcharoen, a Karen minority human rights activist, who has not been seen since April 2014, when he was last seen in the custody of certain public officials with whom he and his community were engaged in an ongoing legal dispute.
The statement emphasised that Thailand must effectively investigate all cases and provide victims, including family members, withfull remedies and reparation. Enforced disappearance should be a distinct crime in domestic law, with penalties reflecting its extreme seriousness. Thailand should also accept the 30 June 2011 visit request of the Working Group and ratify the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which it signed on 9 January 2012.
Thailand exercised its right of reply to respond to the oral statement.
The statement can be downloaded in PDF format here: Thailand-EnforcedDisappearance-Advocacy-non legal submission-2014-ENG
The statement and reply can be viewed in the UN video archive, here.
A written version of the reply by Thailand (unofficial, the official reply is as delivered in the video above) can be downloaded in PDF format here: Thailand_R of Reply_GD_18
Sep 16, 2014 | Events
Amnesty International, with support from the ICJ, will hold a parallel event, in the margins of the UN Human Rights Council’s 27th session in Geneva, on armed drones and international law, to be held on Thursday 18 September 2014 at 13:30 in room XXIV of the Palais des Nations.