Jan 1, 2004 | Advocacy, Non-legal submissions
Racial discrimination remains a pervasive problem in criminal justice systems. While some countries are starting to recognize the deeply rooted nature of the phenomenon and to compile date in order to counter it, there is still little awareness for it in many countries.
Also, Government reports are often incomplete.
In order to give guidance to States on the issue, a General Recommendation by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination is timely and useful.
This paper seeks to gather some ideas of recommendations from national reports, reports of the UN Special Rapporteurs and experts, NGO reports and other material. The recommendations are organized according to the different stages of the criminal justice system: police conduct, courts and prisons. It also gives some elements to be taken into account in more structural manner: access to justice, methods of structural, institutional change and data collection.
CERD Racial discrimination administration of justice-recommendations-eng (full text in English, PDF)
Dec 23, 2003 | Advocacy, Open letters
The ICJ monitored the trial of Sezgin Tanrikulu, the President of the Diyarbakir Bar Association and three other lawyers, Sabahattin Korkmaz, Burhan Deyar and Habibe Deyar.
Dec 23, 2003 | Agendas, Events
The ICJ is pleased to make available the papers presented at the Conference held on 23 and 24 October 2003 in Geneva on “Human Rights and Counter-Terrorism: International Monitoring Systems”.
Dec 19, 2003 | Advocacy, Position papers
The 60th session of the United Nations Human Rights Commission will meet between 15 March and April 23 2004. As in the previous years, the ICJ will continue to be active.
Dec 18, 2003 | Artículos, Noticias
La reforma prevé el otorgamiento de amplias facultades de policía judicial a las fuerzas militares, en contravención a las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado colombiano, dijó la CIJ.
La Comisión Internacional de Juristas expresa su profunda preocupación frente a la propuesta de reforma de la Constitución colombiana mediante la cual se otorgan amplísimos poderes a las fuerzas militares en detrimento de los derechos humanos y los compromisos internacionales de este país.
De acuerdo con el texto conciliado entre el Senado y la Cámara de Diputados, las fuerzas militares podrán detener a personas por 36 horas, allanar domicilios y registrar e interceptar comunicaciones sin control judicial previo. Asimismo, la reforma prevé la creación de un registro sobre la información íntima de todos los habitantes del territorio para efectos de control de la población. Autoridades militares tendrán acceso a esa información. Las fuerzas militares también podrán ejercer facultades de policía judicial que incluyen la práctica de pruebas y el interrogatorio de las personas sospechosas.
“Al otorgar estas facultades a las fuerzas militares, esta reforma legitimará las numerosas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en Colombia” dijo Linda Besharaty-Movaed, Consejera Legal de la CIJ. “La reforma no sólo viola varias obligaciones internacionales de derechos humanos de Colombia, sino que también desconoce las diversas recomendaciones formuladas al Gobierno por diversos órganos de derechos humanos”.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la Declaración de su Presidenta, adoptada en abril 2003 con el acuerdo del representante colombiano, recordó al Estado colombiano que las medidas que se adopten para combatir el terrorismo deben estar en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y a no otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares. Asimismo, en 1997 el Comité de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación por las propuestas de reforma constitucional destinadas a… otorgar funciones de policía judicial a las autoridades militares”. Similar preocupación manifestaron el Relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre otros.
La CIJ hace un llamamiento al Gobierno y al Congreso colombianos a que no otorguen facultades de policía judicial a las fuerzas militares. Igualmente, recuerda al Gobierno colombiano su deber de garantizar los derechos humanos de todos los habitantes del país y de actuar de acuerdo con las recomendaciones formuladas por organismos de derechos humanos.
Colombia-Constitutional reform-press release-2003-spa (en PDF)
