El 5 de abril de 2014 tribunal de honor del colegio de abogados de Guatemala emitió una resolución en la que acordó la “suspensión temporal en el ejercicio de su profesión a la jueza Yasmin Barrios” por haber faltado el respeto al abogado Moises Galindo.
La CIJ lamenta la muerte del Sr. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, ocurrida el día de ayer domingo 2 de marzo.
Así mismo, expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus colegas del Organismo Judicial, gremio de abogados y abogadas y al pueblo de Guatemala en general.
La muerte del magistrado César Barrientos deja un vacío muy grande en el ámbito de la justicia y lucha contra la impunidad en Guatemala, ya que siempre se distinguió como un defensor de la independencia judicial y del Estado de Derecho.
The ICJ and other human rights organizations issued a public statement calling on Spanish lawmakers not to pass draft legislation that, if approved, would seriously limit Spanish courts’ ability to investigate and prosecute serious crimes under international law.
The draft legislation, tabled in Parliament by the Popular Party (PP), provides that, for cases involving allegations of genocide, crimes against humanity and war crimes not occurring on Spanish territory to be investigated and prosecuted in Spain, the suspect must either be a Spanish national or a foreigner habitually resident in Spain or a foreigner who is in Spain, whose extradition has been denied by Spanish authorities.
For case of torture and enforced disappearance, the proposed legislation requires that the suspect be a Spanish national or, alternatively, that the victim be a Spanish national at the time when the crime was committed and that the suspect be present in Spain when jurisdiction is assumed.
Where these conditions are not met, the proposal would allow Spanish courts to hear cases for those crimes for which prosecution is required by international treaties where the suspect is a foreigner on Spanish soil, so long as Spain has received and denied an extradition request.
The ICJ and other organizations stressed in their statement that if enacted, this legislation would close the doors of Spanish courts to certain victims of gross human rights violations who are unlikely otherwise to be able to obtain justice, particularly within their own jurisdictions.
Spain-Universaljurisdiction-NGOsJointStatement-2014-eng (download the joint statement in English)
Spain-Universaljurisdiction-NGOsJointStatement-2014-SPA (download the joint statement in Spanish)
La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, fue nombrada el 10 de diciembre de 2010 para dirigir la institución por un período de 4 años, que legalmente vence el 9 de diciembre de 2014.
Su nombramiento ocurrió, hasta dicha fecha, como resultado de la repetición del proceso de selección debido a acusaciones que cuestionaban la honorabilidad e idoneidad de la persona previamente electa.
La actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público se ha constituido por sus resultados de gestión ante el Ministerio Público, como una figura democrática e independiente que ha realizado una importante labor en la protección y defensa de derechos humanos y en el desmantelamiento de estructuras criminales importantes. Esta figura contraviene los intereses de oscuros grupos que buscan interrumpir la continuidad del trabajo de la Fiscal.
Por ello, un abogado, ha puesto en marcha acciones jurídicas promoviendo que la Corte de Constitucionalidad acceda a reducir el período de gestión de la actual Fiscal.
El 05 de febrero del presente año, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en que concede un amparo provisional y ordena al Congreso de la República convocar a la conformación de un nuevo proceso de elección para cambio de Fiscal General.
De confirmarse este amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad, se tendría como resultado que la fiscal sea removida de su cargo y se estaría violentando el Estado de Derecho.
Guatemala-Commuicado en defensa del estado de derecho-news-web story-2014-spa (full text in pdf)
Photo credit: ICTJ
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
Tunisia: Quash sham conviction and sentence of judges’ association President, Anas Hmedi
The UN Human Rights Council makes significant but limited progress in addressing human rights around the world, as atrocities multiply in the Middle East and elsewhere
ICJ hosts an African Regional Convening in Kenya on Transformative Equality Jurisprudence
Russian Federation: Arbitrarily detained human rights lawyer Maria Bontsler must be released