Jun 23, 2021 | Incidencia
La CIJ y 300 organizaciones de la sociedad civil, presentaron una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando su preocupación sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en el marco de la presentación del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Aqui sigue la declaración oral conjunta:
“Gracias Sra. Presidenta,
En nombre de las varias organizaciones firmantes, agradecemos el reporte de actividades de la Alta Comisionada, particularmente sobre Colombia. La situación en el país confirma la necesidad de continuar el monitoreo y la asistencia técnica de su oficina.
A ocho semanas de las jornadas de movilización en distintas ciudades del país, los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar constituyen flagrantes violaciones de derechos humanos. Los abusos se producen a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que insta a la Fuerza Pública a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.
Las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza, la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa. También se deben a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Exhortamos al Consejo a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto; a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.
Finalmente, solicitamos a la Alta Comisionada, que por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Gracias Sra. Presidenta.”
Mar 11, 2021 | Incidencia
Hoy, la CIJ pidió à la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de asegurar transparencia y participación de sus actividades en Venezuela, durante el dialogo sobre la actualización oral de Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela
Aqui la Declaración Oral:
“Señora Presidenta,
La Comisión Internacional de Juristas agradece la actualización oral de la Alta Comisionada sobre la situación en Venezuela, particularmente respecto de la cooperación entre su oficina y las autoridades venezolanas.
La CIJ subraya la importancia de la transparencia en las actividades realizadas bajo el Memorándum de Entendimiento (MDE) firmado por ambas partes. La publicación del MDE para informar al público y asegurar el óptimo involucramiento de las partes interesadas, es fundamental para su éxito.
La CIJ enfatiza que además de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos sociales y culturales continúan siendo violados en Venezuela; esta situación se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. En enero de 2021, al menos 37 trabajadores habían fallecido debido a la falta de equipos de protección y suministros básicos en los centros de salud.
Además, a la luz de los recientes anuncios de autoridades venezolanas, parecen existir consideraciones políticas en las prioridades del plan de vacunación contra la COVID-19, en lugar de criterios objetivos y de salud pública, lo que podría dar lugar a discriminación y denegación de igual protección ante la ley.
La CIJ recomienda que la Alta Comisionada monitoree y reporte sobre el cumplimiento de sus recomendaciones previas que fueron realizadas a las autoridades estatales, así como sobre el involucramiento más amplio de su oficina con organizaciones de la sociedad civil local, con miras a proteger los derechos humanos
Gracias.”
Contact:
Massimo Frigo, ICJ UN Representative, e: massimo.frigo(a)icj.org, t: +41797499949
Mar 11, 2021 | Advocacy, Non-legal submissions
Today, the ICJ called on the Office of the High Commissioner for Human Rights to guarantee transparency and participation in its activities in Venezuela in an oral statement delivered during the interactive dialogue on the oral update by the UN’s High Commissioner of Human Rights on Venezuela.
The statement reads as follows:
“Madame President,
The International Commission of Jurists (ICJ) welcomes the High Commissioner’s oral update on the situation of human rights in Venezuela, particularly regarding the cooperation between her office and the Venezuelan authorities.
The ICJ underscores the importance of transparency on the activities conducted under the Memorandum of Understanding (MoU) signed by both parties. Publication of the MoU to inform the public and ensure the optimal engagement of stakeholders is critical to its success.
The ICJ stresses that in addition to civil and political rights, economic, social, cultural rights continue to be violated in Venezuela, a situation aggravated by the COVID-19 pandemic. As of January 2021, at least 37 health workers have died due to the lack of protective equipment and basic supplies in healthcare centers.
In light of recent announcements by Venezuelan authorities, political considerations appear to be a driving factor in the COVID-19 vaccine prioritization plan, instead of objective and public health criteria, which could lead to discrimination and a denial of equal protection of law.
The ICJ recommends that the High Commissioner monitor and report on the status of the Venezuelan authorities’ compliance with her previous recommendations, and on her broader engagement with local civil society with a view to protecting human rights.
Thank you.”
Contact:
Massimo Frigo, ICJ UN Representative, e: massimo.frigo(a)icj.org, t: +41797499949
Feb 6, 2021 | Comunicados de prensa, Noticias
La reciente, continuada e injustificada detención de cinco miembros de la ONG venezolana “Azul Positivo” es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas, que se ha intensificado desde noviembre de 2020.
En los últimos meses y semanas, agentes del Estado han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra lxs trabajadorxs humanitarixs.
La sociedad civil venezolana opera en un contexto de graves obstáculos legales y administrativos, con leyes nacionales utilizadas para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos, como la “Ley contra el Odio”, o que tienen el efecto de limitar las operaciones de las ONG y restringir su acceso a la financiación, esencialmente bloqueando el trabajo de muchas organizaciones vitales para las y los venezolanos necesitados.
En una declaración pública, varixs expertxs independientes en derechos humanos de la ONU y expertxs regionales han descrito las amenazas y las medidas adoptadas contra la sociedad civil venezolana desde noviembre de 2020 como una “persecución y estigmatización sistemáticas”.
Es esencial que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que responden a las graves crisis humanitarias y de derechos humanos en el país, que presionan para que se rindan cuentas por las violaciones y los abusos y para que se devuelvan las garantías que ofrecen las instituciones y los procesos democráticos, puedan realizar su trabajo sin miedo ni obstáculos.
Las personas defensoras de los derechos humanos son críticos, constructivos y esenciales para la promoción de la democracia y el funcionamiento del Estado de derecho. Los intentos de silenciarlos y acobardarlos son contraproducentes y vergonzosos. Instamos a las autoridades venezolanas a que garanticen el cese del hostigamiento y las amenazas contra las personas venezolanas y a que se respeten todas las garantías jurídicas internacionales. Hacemos un llamamiento a todos los Estados y a los organismos y agencias de la ONU para que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas defensoras y a las y los activistas, y para que se pronuncien con fuerza y coherencia a favor del derecho a defender los derechos humanos en Venezuela y en todo el mundo.
Nos inspira el compromiso y el valor diarios de las personas defensoras de los derechos humanos y lxs trabajadorxs humanitarixs venezolanxs y nos solidarizamos con nuestrxs socixs y amigxs venezolanxs.
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y Derecho Internacional
CIVICUS
Civil Rights Defenders
Conectas Diretos Humanos
Freedom House
Global Centre for the Responsibility to Protect Human Rights Watch
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights
People in Need
Washington Office on Latin America (WOLA)
Sep 18, 2020 | News
Today, the ICJ called upon the responsible authorities to ensure that prompt, transparent, thorough, impartial and effective investigations are carried out of allegations of extrajudicial killings and other serious human rights violations by the Colombian police during recent street protests.
The ICJ stressed that any official responsible should be prosecuted and brought to justice and victims of any violations be provided an effective remedy and reparation.
From 9 September to 10 September 2020, mass protests against serious human rights violations by Colombian police took place in Bogota, following the death of Javier Ordóñez. Ordoñez died in police custody after he had been subjected to severe ill-treatment, including by prolonged taser shock.
The protests were met with acts of unlawful, unnecessary and disproportionate use of force by police. The protests left 13 people dead, and more than 200 injured.
The incidents have been condemned by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), which pointed to allegations of unlawful detention and ill-treatment of persons arrested following the demonstrations. The UN High Commissioner for Human Rights has also expressed concern at the allegations the use of excessive force during the protests.
According to witness accounts, police opened fire against people who were protesting peacefully. Some of the victims killed were said to be people who had not taken part in the protests and died due to stray bullets. Some videos of police conduct have been circulated on social media.
Similarly, Bogota Mayor, Claudia López Hernández, has affirmed that she had handed over videos of police shooting indiscriminately against people during the protests to the Office of the Attorney General and other authorities. In addition, she shared part of the videos on her Twitter account.
The ICJ recalls that under international standards governing the use of force by law enforcement officials, lethal force may never be used unless strictly necessary to protect life.
The ICJ stresses that investigations must be impartial and the need for investigators to be independent of the police. Equally important, the investigations must take place within the civilian rather than the military justice system.
The ICJ is also concerned at the threats received by human rights lawyers who have been working working to document possible human rights violations during the protests.
Background
The protests were triggered by the death of Javier Ordoñez, who died at a police facility (Comando de Acción Inmediata, CAI), on the early morning of 9 September.
A video shows that before being transferred to the facility, Ordoñez was repeatedly shocked by policemen with a stun gun while on the ground and did not represent any threat to life or safety the police or other persons. Initial results of the investigation, including the autopsy report, indicate that Ordoñez was hit in the head, neck, shoulders, and chest inside the police facility.
On 11 September 2020, the Police and the Ministry of Defence offered an “apology” for any violation of the law that may have been committed by the police, without acknowledging any specific wrongdoing.
Subsequently, on 16 September, the Minister of Defence recognized that Javier Ordóñez was murdered by the police. Although he stated that the Police respect peaceful protests, he also said the protests of September 9 and 10 were a massive and systematic attack against the police.
Along the same lines, on 13 September 2020, the office of the Mayor of Bogotá held a ceremony of “forgiveness and reconciliation”. The ceremony had the participation of some of the victims, who demanded justice.
On 17 September 2020, the Office of the Attorney General filed arrest warrants against two policemen involved in the murder of Ordóñez. The warrants have been granted by a judge. Both policemen had been arrested.
In accordance with Colombia’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, investigations “must always be independent, impartial, prompt, thorough, effective, credible and transparent”.
The UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials require that any the use of force is exceptional, necessary, and proportional and that lethal force may only be used when strictly necessary to protect life.
Colombia has been recently facing a significant increase in serious human right violations and abuses, including unlawful killings. For example, since the Peace Agreement was signed in November 2016, there has been an upward trend in the killings, death threats, and harassments against human rights defenders.
As of December 2019, the UN Verification Mission in Colombia verified 303 killings of human rights defenders and social leaders since the signature of the Peace Agreement. So far, during 2020, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Colombia has documented 47 killings of human rights defenders and is reviewing other potential 44 cases.
Contact:
Carolina Villadiego, Legal and Policy Adviser, Latin America. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Legal Adviser, Latin America. Email: rocio.quintero(a)icj.org
