Oct 24, 2013 | News
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
Oct 5, 2013 | News
During a one-week mission that concluded on 4 October, the ICJ received information on the tense situation faced by the Supreme Court’s Constitutional Chamber, whose independence has been subjected to political influence for more than a year.
The ICJ is concerned about a complaint filed with the Legislative Assembly which requests a provisional judgment against four judges of the Constitutional Chamber for alleged prevarication, abuse of power and disobedience. This could result in their removal from the Court.
The ICJ wishes to reiterate that, in accordance with international standards, the judiciary must be protected from any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, including from legislative or executive authorities.
The mission, led by a high-level ICJ delegation that included ICJ Commissioners Justice Philippe Texier and Professor Rodrigo Uprimny, focused on access to justice and legal remedies for victims of violations of economic, social and cultural rights.
It engaged in discussions with members of the legal profession, civil society and various authorities including the public prosecutor office (the Procuradoria General de la Republica and the Procuradoria para la Defensa de los Derechos Humanos), as well as with the Constitutional Chamber.
Sep 30, 2013 | News
Last week the ICJ concluded a series of five workshops organized in collaboration with the National Human Rights Commission of the Federation of Bar Associations of Venezuela and states bar associations.
The workshops, that were held in five cities of Venezuela in the course of 2013, provided participants with a space for free reflection and debate on issues of judicial independence and the functioning of rule of law institutions.
The themes discussed in the workshops included human rights in legal education; the role of bar associations in promoting and strengthening an independent, competent and integral legal profession; human rights litigations; professional, civil and criminal responsibility of lawyers; and the role of the Supreme Court and the Office of Public Prosecution in a democratic society.
Participants to the workshops included representatives of bar associations, former Supreme Court justices and senior judges, practicing lawyers and members of Venezuelan civil society.
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SPANISH TEXT:
La CIJ concluye serie de 5 talleres sobre independencia judicial en Venezuela
La semana pasada la Comisión Internacional de Juristas concluyó una serie de cinco talleres organizados en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y los Colegios de Abogados de varios Estados en Venezuela.
Los talleres, que tuvieron lugar en cinco ciudades de Venezuela en el transcurso de 2013, ofrecieron a los participantes un espacio de reflexión libre y de debate sobre temas relativos a independencia judicial y el funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho.
Los temas tratados en los talleres incluyeron la importancia de la formación en derechos humanos de los abogados; el papel de los Colegios de Abogados en la promoción y fortalecimiento de una profesión independiente, competente e integral; los litigios en materia de derechos humanos; la responsabilidad profesional, civil y penal de los abogados; y el papel del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público en una sociedad democrática.
Los participantes en los talleres incluyeron a representantes del gremio, ex jueces del Tribunal Supremo y jueces de tribunales superiores, abogados en ejercicio y miembros de la sociedad civil venezolana.
Venezuela-CIJ Programa Seminario Barquisimeto-agenda-2013-spa (full text in pdf)
Venezuela-CIJ Programa Seminario Coro-agenda-2013-spa (full text in pdf)
Venezuela-CIJ Programa Seminario Puerto Ayacucho-agenda-2013-spa (full text in pdf)
Venezuela-CIJ Programa Seminario San Cristobal-agenda-2013-spa (full text in pdf)
Venezuela-CIJ Seminario Caracas-Programa-agenda-2013-spa (full text in pdf)
Sep 26, 2013 | News
La oficina de la CIJ en Centroamérica realizó una visita a Nebaj, Cunen y Sacapulas, municipios del departamento de Quiché, con el objeto de implementar un taller en cada municipio.
Los talleres tienen el objetivo de entregar los resultados de la investigación sobre la situación registral de los ejidos de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunen y Sacapulas, que realizara a solicitud de diferentes comunidades de dichos municipios.
La CIJ pudo constatar que estas comunidades siguen estando seriamente afectadas por la pobreza y extrema pobreza en la que viven.
Las violaciones al derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación y a otros derechos colectivos les siguen causando serios daños y alcanzar su respeto sigue siendo una tarea pendiente, a pesar de los diferentes compromisos de Estado establecidos en los acuerdos de paz.
En los diferentes talleres realizados, las comunidades identificaron las principales acciones públicas que los han afectado en los últimos años.
Además, plantearon un nuevo problema relacionado con el intento de remedir las áreas protegidas que se han creado para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Los talleres también permitieron a las comunidades identificar las principales acciones jurídicas y políticas que tomarán en el futuro, para continuar con la defensa de sus territorios y recursos naturales.
Guatemala-Tierra talleres de Nebaj, Cunen y Sacapulas-news-web story-2013-spa (full text in pdf)
Sep 24, 2013 | News
Por primera vez, un Juzgado de primera instancia, condenó al Estado guatemalteco por violaciones al derecho a la alimentación.
Está incluye la violación al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la vivienda de niños y niñas del municipio de Camotán del departamento de Chiquimula al noroeste de este país.
El Estado de Guatemala fue declarado responsable de estas violaciones, por omisión, al no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud en estos niños a causa de la desnutrición crónica sufrida por falta de una alimentación adecuada.
Las sentencias fueron emitidas entre abril y mayo de este año por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del departamento de Zacapa.
Estas resoluciones obligan al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, al Ministerio de Salud y Asistencia Social, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Fondo de Tierras, a la Secretaria de Asuntos Agrarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría para los Derechos Humanos y a la Municipalidad de Chiquimula a que adopten una serie de medidas para restaurar los derechos violados.
A solicitud de la Campaña Guatemala sin Hambre y de los abogados litigantes Jaime Tecu y Lorena Ramírez, la oficina de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica presentó en todos los casos un Amicus Curiae a fin de ilustrar al juzgador sobre los estándares internacionales relativos a la protección de niños/niñas y al derecho a la alimentación, así como las obligaciones jurídicas generales y específicas de los Estados en esta materia.
Además se abordó el acceso a la justicia, la exigibilidad legal del derecho a la alimentación, la función de la administración de justicia y la responsabilidad del Estado de Guatemala en materia del derecho a la alimentación.
La elaboración del Amicus Curiae contó con el apoyo del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la CIJ.
Estas sentencias significan un avance para la justiciabilidad de los DESC y constituye un paso para lograr el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en Guatemala.
Además, representa un precedente para que otros casos sean judicializados y se logre que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la alimentación según los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
En coordinación con la Campaña Guatemala sin Hambre y con los abogados antes mencionados se llevarán a cabo diferentes acciones para la ejecución de las sentencias.
Se adjunta a esta nota una copia de uno de los Amicus Curiae presentados por la CIJ, así como la última sentencia emitida en uno de los casos.
Guatemala-CIJ Amicus Derecho a la Alimentación-legal submissions-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Resumen casos de los niños y niñas de Camotán-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Leonel Amador Garcia-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Mayra Amador Espino-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Dina Marilu y Malvelita Lucila-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Brayan Rene Espino Ramirez-cases-2013-spa (full text in pdf)
Aug 29, 2013 | News
También la CIJ solicita audiencia temática a la comisión interamericana de derechos humanos.
La CIJ condenó los ataques que se han venido dando en contra de defensores de derechos humanos en Guatemala.
Por tal razón, conjuntamente con organizaciones sociales y campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC), Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), WAQIB´KEJ y otras organizaciones sociales de Guatemala, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social el pasado viernes.
El objeto de la misma es, además de proporcionar información sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social, identificar patrones de represión en contra de líderes sociales en Guatemala.
Según la CIJ, este fenómeno es un claro retroceso del proceso democrático de Guatemala.
En efecto, se han identificado patrones de represión estatal, utilizando el derecho penal para reprimir las libertades de pensamiento, expresión y reunión de sus actores.
En este contexto, la CIJ nota con preocupación varios patrones de ataque en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, que preocupan profundamente y que se expresan en detenciones ilegales, campañas de difamación y acusaciones falsas, ataques directos que han quitado la vida a cuatro periodistas en los últimos meses y falta de investigación pronta y eficiente, que identifique quien está detrás de estos hechos y si hay presencia de estructuras criminales organizadas que cometen estos crímenes para evitar la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y de sus territorios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Pedimos a las autoridades del Sistema de Justicia que investiguen estos ataques. La impunidad de estos hechos sigue siendo alarmante. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas debería nombrar cuanto antes al futuro representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debería ser un Fiscal con experiencia para continuar la lucha en contra de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.”
