Feb 16, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ considera que el ataque contra la Fiscal Sonia Montes constituye un grave atentado contra la justicia en el país.
La CIJ exige al Presidente de la República, como Jefe de la fuerza pública, esclarecer estos hechos a la mayor brevedad posible y tomar las medidas necesarias para que los presuntos autores de estos hechos sean llevados ante la justicia.
La CIJ destaca que el papel que viene jugando la Fiscal Sonia Montes en la búsqueda de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante el conflicto armado interno, ha cobrado mayor relevancia en estos días, cuando el juicio por el delito de Genocidio se ha reiniciado semanas atrás.
“Este atentado constituye un ataque contra la justicia en Guatemala así como contra de todo el movimiento de derechos humanos de ese país. Este tipo de ataques pretenden afectar seriamente la Democracia y el Estado de Derecho y obstruir la justicia,” declaró Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
Ante estos hechos condenables, la CIJ expresa su total solidaridad hacia la Fiscal de Derechos Humanos Sonia Montes, su familia y su motorista Néstor Valdes Antonio; asímismo, expresa su apoyo a la Fiscal General Thelma Aldana y al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez y a todas y todos los fiscales y operadores de justicia, que realizan un trabajo diario y comprometido con la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“Exigimos al Presidente de la República Jimmy Morales una investigación pronta y eficiente, que permita individualizar la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de estos hechos. Hacemos un llamado a la ciudadanía guatemalteca, para no dejarse intimidar ante estos hechos de violencia.”
Feb 9, 2018 | Artículos, Noticias
Hoy la CIJ y varias otras organizaciones presentaron un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el contexto del proceso de supervisión de cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Esta supervisión se solicitó a causa de la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS del 24 de diciembre de 2017, que concede al ex presidente Alberto Fujimori “el indulto y derecho de gracia por razones humanitarias”.
El indulto otorgado tiene como efecto que el ex mandatario se encuentre actualmente en libertad, a pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión por la comisión de graves violaciones de derechos humanos, creando asi un incentivo a la impunidad en el país.
El amicus curiae sostiene que el indulto, tal como ha sido otorgado, es contrario a obligaciones internacionales asumidas por el Perú y, en concreto, desacata lo establecido por la Corte IDH en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El escrito plantea que la potestad presidencial para conferir indultos en el Perú debe ser ejercida en el marco de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
Si bien el indulto es una atribución presidencial discrecional, ésta no debe ser ejercida arbitrariamente. Se trata de una institución que tiene límites y que debe ejercerse de manera excepcional, siguiendo las normas internas sobre la materia.
El indulto no procede en casos de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, como lo son Barrios Altos y La Cantuta.
Los términos en que fue concedido incumple la garantía de necesidad frente a otras medidas que pudiesen preservar la dignidad y la salud del señor Fujimori.
Amiciconcluye que el indulto y gracia otorgados a Alberto Fujimori son contrarios a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas por el Perú. Se pide a la Corte Interamericana ordenar al Estado dejar sin efectos la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS.
Las otras organizaciones que presentaron el amicus curiae con la CIJ son Abogados sin Fronteras, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Quebec en Montreal, la Fundación para el Debido Proceso, y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Peru-Amicus Curiae CorteIDH Casos Barrios Altos y La Cantuta-Advocacy-Legal submission-2018-SPA (Amicus Curiae en PDF)
Jan 18, 2018 | Artículos, Noticias
La CIJ está hondamente preocupada por los últimos actos del poder ejecutivo y del Congreso de la República, que atentan contra la vigencia del estado de derecho y de los derechos humanos en Guatemala.
“Las autoridades del Estado de Guatemala al más alto nivel están implementando una política exterior fundamentada en una errónea interpretación de la soberanía nacional y en el absoluto desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos, todo ello para defender los intereses personales de funcionarios de los tres poderes del Estado y así hacer prevalecer el sistema de impunidad que ha existido en el país, en las últimas décadas. Todo ello es parte del Pacto de Corrupción e Impunidad que existe en el país y que proviene de las autoridades al más alto nivel.”, declaró Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América.
Por ende, y con fundamento en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIJ hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que envíe una misión al país, con el mandato de investigar la existencia de este Pacto de Corrupción e Impunidad y evitar así, que avance y cause un grave daño irreparable a la democracia y al pueblo de Guatemala.
Asímismo, con fundamento en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, urge a la Representante Residente del Sistema de Naciones Unidas, a tomar las medidas adecuadas para evitar que continúe avanzando dicho pacto.
El Presidente Jimmy Morales (foto) declaró sin ningún fundamento, persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sr. Iván Velásquez; posteriormente, diputados y diputadas del Congreso de la República intentaron reformar el Código Penal; recientemente, el Superintendente de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) fue removido de su cargo; se han registrado intentos de destituir ilegalmente al Procurador de los Derechos Humanos por parte del Congreso de la República, ya que dicho funcionario ha cumplido con su mandato según la ley; el Presidente de la República está intentando modificar el mandato de la CICIG y/o expulsar al Comisionado Iván Velásquez del país. Estos gravísimos hechos demuestran que las autoridades del Estado de Guatemala, pretenden menoscabar el funcionamiento de la administración pública y promover la impunidad de sus actos.
Por medio de la negociación de la paz y con fundamento en el derecho humano a la paz, el Estado de Guatemala asumió el compromiso de reformar, fortalecer y modernizar la gestión pública, en procura de un manejo transparente y honrado en el uso de los recursos públicos, como condición para lograr que la administración pública tenga la capacidad de cumplir con el supremo deber impuesto al Estado de Guatemala por la Constitución Política, de garantizar a los habitantes del país el bien común.
La CIJ recuerda que es un principio aceptado nacional e internacionalmente, que le está prohibido a las autoridades en cualquier nivel, utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, de participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de tercero. Hacerlo atenta en contra de la democracia y del estado de derecho.
El abuso de poder en el ejercicio de la función pública socava las bases del estado de derecho y constituye un acto ilícito, contrario a la Constitución, que debe ser investigado y castigado por las autoridades de justicia con prontitud.
De lo contrario, si no se toman ahora las medidas legales adecuadas, para detener la imposición del Pacto de Corrupción e Impunidad que las autoridades al más alto nivel vienen impulsando, las consecuencias pueden llegar a ser de una magnitud y consecuencias irreparables, causando graves daños a la población guatemalteca y al estado de derecho en Guatemala.
Dec 20, 2017 | Artículos, Noticias
Entre el 9 y el 13 de diciembre, una delegación de la CIJ visitó el departamento de La Guajira para analizar el funcionamiento y eficacia del mecanismo de quejas de la empresa Carbones del Cerrejón LLC (El Cerrejón), propiedad de Glencore plc, Anglo American y BHP Billiton.
La visita se realizó en el marco de la iniciativa de la CIJ sobre la eficacia de mecanismos de reclamación establecidos por empresas para remediar impactos negativos y abusos de derechos humanos.
Los miembros de la delegación eran: Comisionado de la CIJ Marco Sassoli, accompañado con Sr. Carlos Lopez, Asesor Legal Senior de la CIJ, y Sra Laura Knopfel, Investigadora.
El texto de la declaración: Declaracion final
Ver la video:
Dec 9, 2017 | Artículos, Multimedia, Noticias
Los dirigentes de comunidades indígenas que buscan proteger sus tierras y recursos naturales contra los impactos negativos de operaciones industriales y proyectos de infraestructura, han sido acusados de actividades criminales y en algunos casos detenidos de manera arbitraria.
Esta respuesta tiene como objetivo silenciar las voces de protesta y las demandas legítimas de consentimiento libre, previo e informado relativas a obras de infraestructura y otros proyectos en las comunidades indígenas.
Este video incluye entrevistas con Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, dos dirigentes indígenas, que fueron víctimas de detención arbitraria, así como una dirigente comunitaria, explicando el impacto de la detención en la familia y toda la comunidad.
La criminalización del trabajo en defensa de los derechos humanos es un fenómeno por el cual se acusan a las y los dirigentes comunitarios de diferentes actividades criminales a causa de su oposición a un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas o la privatización de servicios sociales esenciales.
Este modelo de desarrollo afecta a los recursos naturales (el agua, la tierra y el medio ambiente) en los territorios de los pueblos indígenas.
Se trata de un fenómeno global que es particularmente agudo en Guatemala.
La explotación de los recursos naturales, tales como la minería a cielo abierto y las operaciones de industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas, es una razón principal que explica los ataques a las protestas sociales y las acciones de defensa de los derechos humanos.
Las diferentes comunidades afectadas buscan defender sus territorios y oponerse a las diferentes formas de explotación de los recursos naturales que se hallan en sus territorios o en áreas vecinas porque puede afectar el abastecimiento en agua, la tierra y el medio ambiente.
Varios dirigentes han sido asesinados a causa de su oposición a estos proyectos.
Algunos miembros de las familias de los asesinados han asumido a su vez la tarea de oponerse a estos proyectos, y también han sido acusados de actividades criminales.
También, en Guatemala existe un conflicto social intenso por la manera de abastecimiento de electricidad.
Como resultado de la privatización del servicio en 1996, el Estado de Guatemala ha consentido concesiones a compañías nacionales e internacionales para proveer servicios de electricidad.
Durante los años, muchas y muchos usuarios se han quejado de la mala calidad y el alto coste de los servicios de estas compañías privadas.
La Comisión Nacional de Electricidad ha fallado en su deber legal de “asegurar que los concesionarios y contratistas cumplan con sus obligaciones, y proteger los derechos de los usuarios,” lo que ha sido reclamado por muchos usuarios descontentos.
Las protestas sociales conciernen las tres fases diferentes de la producción de electricidad: la generación de electricidad que incluye la construcción de presas hidroeléctricas por compañías multinacionales que causan impactos sobre los territorios de los pueblos indígenas; redes de transmisión de electricidad; y los servicios de electricidad.
Debido a esta situación, muchos usuarios de electricidad han declarado que están en resistencia citando el Artículo 45 de la Constitución de Guatemala que dice: “Es legítimo que el pueblo resista para proteger y defender los derechos y las garantías establecidos en la Constitución.”
Las acciones realizadas bajo esta protección constitucional han causado muchos ataques a los derechos humanos de muchos dirigentes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos.
La CIJ apoya el acceso a la justicia para las personas víctimas de tales violaciones de sus derechos humanos.
La CIJ brinda su apoyo a los abogados que defienden a estas víctimas de la criminalización de protestas sociales; actúa como observador de procesos en casos emblemáticos; promueve dialogo entre las comunidades y las autoridades estatales pertinentes, así como los alcaldes locales; y en algunos casos, apoya sumisiones de casos ante la Corte Constitucional.
Dec 5, 2017 | Artículos, Noticias
Las comunidades indígenas y campesinas guatemaltecas finalmente obtienen algo de justicia y recuperan tierras y territorios que anteriormente habían sido tomados por autoridades o actores económicos privados, incluso durante el conflicto armado interno que entre 1960 y 1996.
La CIJ pudo constatar estos desarrollos alentadores en un taller que organizó conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Taller Internacional sobre litigios estratégicos en defensa de la tierra y el territorio, en la ciudad de Guatemala, entre 9 y 10 Noviembre 2017.
Una de las historias exitosas, contada por Don Pedro Herrera, un líder comunitario de la comunidad Tzalbal, municipio de Nebaj, departamento de Quiché (norte de Guatemala), se refiere a una decisión judicial favorable de un juez de primera instancia en Nebaj, de fecha Agosto de 2016, ordenando la restitución de unas 1485 hectáreas (33 caballerías en el antiguo sistema de medición aún en uso en América Central) a las comunidades de Tzalbal.
La decisión está en apelación ante el Tribunal Constitucional de Guatemala, pero en el Taller se dijo que ya había levantado la moral y esperanza entre los miembros de las comunidades locales sobre de la perspectivas de restitución de su tierra apropiada en violación de sus derechos a la tierra.
Las 33 caballerías fueron separadas del resto de las tierras municipales y comunitarias alrededor de 1984, en medio de la guerra civil guatemalteca y como parte de los planes de contra-insurgencia elaborados por los gobernantes militares, supuestamente para crear aldeas leales en la línea de frente de combate a la insurgencia armada.
La mayoría de los miembros de la comunidad en ese momento habían huido de sus hogares, temiendo por sus vidas que estaban amenazadas tanto por la insurgencia armada como por las fuerzas militares del Estado.
Las autoridades locales de facto fueron obligadas a firmar documentos que aceptaban la separación de la tierra, pero la mayor parte de la población no se preocupó por la operación.
Sin embargo, en el año 2011, FONTIERRAS, la autoridad de tierras del gobierno, reveló a la comunidad que las tierras habían sido registradas como propiedad del Estado luego de la separación forzada ocurrida en 1984.
Desde entonces, las comunidades de Tzalbal comenzaron a tomar medidas concertadas para recuperar las tierras que consideraban legítimamente suyas y son los lugares donde mantenían sus hogares y obtenían sus medios de subsistencia.
Las comunidades de Tzalbal tienen unas 70 familias con unas 500 personas de todas las edades. Cuando se enteraron de que la tierra que tradicionalmente poseían era “legalmente” propiedad del Estado de Guatemala, se acercaron a la CIJ para solicitar asistencia jurídica.
Se presentó un recurso constitucional de Amparo en nombre de las comunidades de Tzalbal solicitando al tribunal que proteja los derechos de propiedad y el debido proceso bajo la Constitución guatemalteca y declare inválida la inscripción de propiedad de la tierra a favor del Estado en el Registro de la Propiedad.
En Agosto de 2016, el juez de primera instancia se pronunció en favor de las comunidades y ordenó que el registro modificara la inscripción en el registro de la propiedad.
Sin embargo, los representantes del Estado han apelado contra el fallo y se llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso la primera semana de Noviembre de 2017.
Ahora se espera una decisión final por parte del Tribunal Constitucional.
La tierra, el territorio y los recursos son activos cruciales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades indígenas y otras comunidades locales en Guatemala y otros países.
Para los pueblos indígenas también existe una relación inherente y especial con la tierra y el territorio que muchas veces adquiere un significado religioso y cultural.
En el Taller sobre Litigios Estratégicos, varios otros grupos explicaron cómo continúan su lucha por la justicia y en defensa de su tierra y territorio.
Varios de esos grupos reconocieron la asistencia instrumental de la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que a través de su Programa Maya brinda asesoramiento y apoyo a las comunidades locales en su defensa de la tierra y el territorio.
Un caso en discusión, todavía en curso, se refiere a la impugnación legal de la Evaluación de Impacto Ambiental llevada a cabo por Island Oil Company en virtud de un contrato de exploración y explotación petrolera con el gobierno que involucra a cinco municipios del departamento de El Petén.
El Petén es la ubicación de la mayor reserva de la biosfera en Guatemala, donde, curiosamente, los asentamientos humanos no están permitidos pero algunas compañías petroleras están autorizadas para llevar a cabo operaciones.
La batalla legal ha sido liderada por los pueblos Qeqchi, Mopan e Itza y respaldada por el Programa Maya. Se presentó un recurso administrativo conocido como oposición ante el MARN, la autoridad nacional para la preservación del medio ambiente, alegando violaciones de derechos como la falta de consulta y consentimiento de las comunidades locales.
La autoridad administrativa falló a favor de los demandantes y ordenó que la exploración se detuviera hasta que se cumplieran los requisitos reglamentarios.
Con el tiempo, el trabajo de la CIJ y otros grupos, realizado en coordinación con la oficina de derechos humanos de la ONU en Guatemala, ha comenzado a mostrar resultados.
Cada vez más comunidades están tomando medidas concretas para desafiar legalmente las acciones o leyes que causan o perpetúan el despojo de sus tierras y territorios tradicionales.
