Jan 29, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su preocupación frente a una nueva denuncia abusiva de la Fundación contra el Terrorismo, esta vez contra el Director de la CIJ para Centroamérica y un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos, y contra el Director de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.
Esta denuncia se suma a otras en contra de abogados y abogadas de Guatemala. A través de querellas y acusaciones falsas, esta Fundación pretende afectar la función que estos profesionales cumplen como defensores de los derechos humanos.
Estas denuncias falsas son parte de una campaña iniciada hace más de un año y que ha querido afectar a más de cien personas, a quienes la Fundación contra el Terrorismo ha calificado como terroristas y guerrilleros (as), sin aportar pruebas.
Efectivamente se han presentado denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público, como la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz y la actual Fiscal General Thelma Aldana, el Fiscal de Derechos Humanos o en contra de jueces y juezas del Organismo Judicial que ejercen su función en forma independiente, promoviendo un discurso de odio en contra de estas personas que actúan como defensores y defensoras de derechos humanos.
Ante esto hechos, la CIJ demanda:
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actividades que realiza la Fundación contra el Terrorismo sobre todo, que investigue el origen de aquellas actividades que dirige en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos;
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, brinde la protección debida a defensores y defensoras de derechos humanos;
- Que una vez finalizada la investigación el Estado de Guatemala, a través de las autoridades y mecanismos correspondientes, adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a la Fundación contra el Terrorismo y su Director, por llevar a cabo campañas de odio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Nov 17, 2015 | Artículos, Noticias
Desde el año 2004, la CIJ ha señalado casos en los que el Estado de Guatemala dirige su poder punitivo en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por su asociacion a actos pacíficos en defensa de los recursos naturales de distintas comunidades en el país.
Ante esta práctica, que socava el derecho a defender los derechos humanos, la CIJ expresa:
1. La criminalización de la protesta social se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala, en la que el Derecho Penal es utilizado como instrumento de represión y deslegitimación de la labor que las y los defensores de derechos humanos llevan a cabo en el país.
2. Especial preocupación causan las detenciones arbitrarias de las que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajan en áreas de alta conflictividad social y se vinculan a la protección de los recursos naturales, territorios o derechos de los Pueblos Indígenas. En algunos casos, el Estado de Guatemala ha optado por la suspensión de las garantías constitucionales en esas regiones, decretando estados de prevención o de sitio.
3. Con el objeto de conocer el impacto de esta práctica, la eurodiputada Marina Albiol, visitó Guatemala del 2 al 5 de noviembre del presente año. En dicha ocasión, la CIJ acompañó a su delegación en una visita in situ a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, para entrevistarse con defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como para sostener reuniones con funcionarios de gobierno y movimientos sociales.
4. La delegación constató que frecuentemente las y los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, son sometidos a procesos penales injustos, práctica que consituye una herramienta para el acoso a dichas personas.
5. La delegación pudo constatar el caso de las detenciones arbitrarias de Ermitaño Bernardo López , Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, Francisco Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan,Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, todos ellos del Departamento de Huehuetenango; en los dos últimos casos mencionados, se ha dictado sentencia absolutoria, pero ambos continúan detenidos. Todos han padecido su privación de libertad , en la cárcel de Huehuetenango o en la prisión de la zona 18 de Guatemala, bajo condiciones extremadamente difíciles. Los anteriores no son los únicos, ya que junto a ellos se encuentran detenidas arbitrariamente otras defensoras y defensores de derechos humanos del departamento de Huehuetenango y de otros departamentos.
6. Asímismo preocupa la detención de Mauro Vay, dirigente y defensor de derechos humanos de la organización CODECA, quien se encuentra bajo medida sustitutiva, pero con restricciones que han afectado su derecho al trabajo y libertad de movimiento, durante todo el año 2015 en el departamento de Suchitepéquez.
7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la protesta social pacífica, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la crítica política y social de los gobiernos. En tal sentido, los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora de los derechos humanos sea impedido de reunirse y manifestarse públicamente en forma pacífica.
Ante estos hechos, Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ expresó: “Urgimos a las autoridades del Estado de Guatemala a detener la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias que este fenómeno conlleva. Amendrentar y obstaculizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos constituye de por sí, una violación del derecho de las garantías individuales”.
Nov 17, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ demanda a las autoridades guatemaltecas terminar con la impunidad que rodea el caso Siekavizza.
La CIJ ante la impunidad prevaleciente en el caso Siekavizza expresa:
El llamado “caso Siekavizza” constituye un caso paradigmático de femicidio supuestamente cometido por el esposo de la víctima Cristina Siekavizza, el 16 de julio de 2011. El cuerpo de la víctima no ha aparecido hasta ahora.
- Por las circunstancias que rodean este caso la CIJ ha solicitado reiteradamente que éste sea conocido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); no solo porque el principal sospechoso es hijo de una ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino porque existen elementos suficientes para considerar que puede haber existido una conjura criminal para mantener el caso en la impunidad.
- Desde que se dieron los hechos tan deplorables, el Sistema de Justicia de Guatemala mostró ineficiencia y falta de voluntad política para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al o a los supuestos responsables. Las autoridades estatales no adoptaron las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente y rápida.
- Lo anterior permitió que se afectara la escena del crimen y que el presunto responsable se refugiara en otro país y escapara a la justicia.
- Los cuatro años de impunidad que lleva el caso, han provocado un profundo pesar a los familiares de Cristina Siekavizza a quienes en su momento, el Estado deberá resarcir los daños causados.
- Este es tan solo uno de los miles de casos criminales que se mantienen en la impunidad frente a la pasividad de las autoridades correspondientes. En general la justicia en Guatemala sigue seriamente afectada por altos índices de impunidad.
Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza expresó: “Seguiremos observando el desarrollo de este caso; hacemos un enérgico llamado a todos los operadores de justicia involucrados, para que pongan el más riguroso empeño para permitir esclarecer un crimen tan grave. La impunidad que rodea el caso debe superarse cuanto antes.”
Nov 13, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Las autoridades peruanas deben revisar algunas de sus leyes y políticas para proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en el país, pidió hoy en Lima la CIJ.
La petición se hace al final de una misión de una semana realizada por la CIJ para recoger información y evaluar el impacto de las industrias extractivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial, los campesinos y las comunidades indígenas.
En particular, la CIJ está preocupada por el impacto negativo en los derechos humanos del Decreto 30230, que busca facilitar la inversión privada.
Mientras la inversión puede contribuir de manera importante al disfrute de los derechos humanos, la CIJ considera que esta norma en particular conduce en la práctica a la falta de respeto de los derechos humanos en cuanto reduce los estándares de protección ambiental y social.
La CIJ saluda la adopción de legislación que protege los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Sin embargo, la CIJ nota que con frecuencia esas leyes en la práctica no son implementadas efectivamente.
Durante su misión, la CIJ pudo verificar la información sobre el incremento del número de conflictos violentos y de protestas sociales relacionadas con los proyectos mineros.
“Un gran número de los conflictos sociales actuales tienen lugar en áreas donde se llevan a cabo actividades de la industria extractiva. La tendencia a disminuir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del ambiente, para facilitar la inversión, genera un alto riesgo de que la violencia de los conflictos se incremente”, dijo Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del programa de la CIJ para los derechos económicos, sociales y culturales.
“Hay una brecha entre las obligaciones internacionales de Perú de respetar y proteger los derechos humanos y las amenazas sistemáticas que enfrentan las comunidades que se encuentran en las áreas mineras para disfrutar realmente derechos como el derecho al agua, a la salud y a la vivienda o a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, agregó.
La CIJ está particularmente preocupada por las afirmaciones de uso contrario al derecho internacional de la fuerza letal para controlar las manifestaciones y las protestas en zonas mineras, como ocurrió recientemente en Las Bambas.
La CIJ recibió información de diversas fuentes en el sentido que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad han usado la fuerza en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La CIJ exhorta a las autoridades peruanas a tomar las siguientes medidas para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país:
- Mantener y fortalecer las leyes y las políticas que protegen los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y del ambiente;
- En consecuencia, revisar la legislación que impida que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al disfrute de derechos como el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud y al agua potable o el derecho a la protección frente a desalojos forzados;
- Asegurar plenamente el ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión de las personas y los grupos, incluidos los defensores de derechos humanos.
Información adicional
La misión de la CIJ incluyó a María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en derecho internacional de los derechos humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano y Coordinador General del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del Programa de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la CIJ y Olivier van Bogaert, Director de prensa y comunicaciones de la CIJ.
La delegación se reunió con autoridades de varios ministerios, representantes de empresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. En diciembre, la CIJ publicará el informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las industrias extractivas y el aumento de los conflictos sociales en el Perú.
Contacto:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen@icj.org
Oct 29, 2015 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ hizo público su informe Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho.
Este informe es el resultado del seguimiento que la CIJ viene haciendo desde hace varios años sobre la situación del Poder judicial y de los derechos humanos en Venezuela, así como de la Misión in situ liderada por Alejandro Salinas, realizada en agosto de 2015.
Desde su anterior Informe, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela (2014), la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los Derechos Humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del Estado de Derecho en Venezuela.
“Hay un claro divorcio entre el deber ser establecido en la Constitución y los compromisos internacionales y por otro lado lo que se refleja en la realidad,” dijo Alejandro Salinas, el autor del informe.
“Esta situación ya observada en años anteriores, se ve agravada por una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales,” añadió.
En las últimas semanas, la CIJ ha constatado una acelerada escalada de los ataques contra los defensores de derechos humanos y toda forma de oposición social y política.
“La situación en Venezuela es, sin lugar a duda, configura una grave y persistente crisis de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho. La Comunidad internacional está en mora y debe reaccionar bajo del derecho internacional,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ.
La CIJ ha visto agravada la situación de la falta de independencia de la justicia en general, en virtud no sólo de la falta de independencia del Poder Judicial dada la inexistencia de estabilidad de la gran mayoría de los jueces y de la casi totalidad de los fiscales del Ministerio Público; así como también, la falta de garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos y en algunos casos de la profesión de abogado.
En este sentido, la CIJ manifiesta su preocupación frente las consecuencias representadas en los altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos comunes en general, lo cual contrasta con la inusual prontitud con la que se abren juicios, se dictan medidas cautelares restrictivas y se condenan a miembros activos de la sociedad civil, líderes sociales y a opositores políticos.
Entre los casos que más representativos de esta situación se encuentran, entre otros, la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni; la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche; la orden de captura contra los miembros directivos y de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; y la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión.
Finalmente, la CIJ desea llamar la atención sobre la gravedad que significa que desde el mes de agosto del presente año 2015, 23 municipios en Venezuela hayan estado siendo sometidos a estados de excepción con la restricción de varios de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que estén claramente cumplidos los requisitos internacionales como la gravedad de la situación que no pueda ser enfrentada con los poderes ordinarios del estado, la estricta necesidad y proporcionalidad de las medidas.
Es de gran preocupación para la CIJ las medidas arbitrarias tomadas contra nacionales colombianos que han sido deportados masivamente, incluidos menores de edad; y además, que estando por darse inicio a la campaña política para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, se hayan restringido – sin justificación – los derechos de reunión pública y de manifestación pacífica, por el efecto restrictivo que ello implica para el ejercicio libre de los derechos políticos en una sociedad democrática.
Contact:
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Alejandro Salinas, autor del informe, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com
Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (Informe en PDF)
Oct 15, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, durante la misión de su Comisionado José Antonio Martín Pallín al país, ha constatado que la trascendencia política y social de los asuntos que el Juez Miguel Ángel Gálvez está investigando, le ha ocasionado numerosos ataques injustificados desde diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
Además, la CIJ recibió información que las y los jueces continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado injustificado de jueces.
El Juez Miguel Ángel Gálvez (foto) ha afrontado riesgos de traslado en los últimos 6 meses.
La CIJ concluye que la actuación del Juez se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de las y los sindicados.
La CIJ expresa su profunda preocupación por la acumulación excesiva de asuntos judiciales sobre el Juzgado de Competencia Ampliada del juez Gálvez, que hacen absolutamente imposible una actuación dentro de los plazos exigidos por la ley.
La CIJ demanda con toda firmeza que la Corte Suprema de Justicia tome medidas efectivas de apoyo al juzgado de Mayor Riesgo B, para que éste pueda concentrarse en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan en este momento a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, como por ejemplo el llamado Caso La Línea, el caso Sepur Zarco y el caso Siekavizza, entre otros.
La CIJ considera que ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial a la que el Juez Gálvez tiene que hacer frente; cualquier demora en la tramitación de los asuntos pendientes ante su juzgado, no debe ser atribuida al juez Gálvez, sino a la inactividad de la Corte Suprema de Justicia, que no nombra a jueces de apoyo, que permitan tramitar las causas pendientes.
