Una opinión editorial de Alejandro Salinas Rivera, Comisionado chileno de la CIJ
La desigualdad social, la desconfianza en las instituciones públicas y la falta de goce efectivo de los derechos económicos y sociales, son las raíces de las recientes protestas en Chile.
Los orígenes de las protestas reflejan tres problemas estructurales del modelo político y social del Estado chileno: la desigualdad social a pesar del éxito económico del país, la desconfianza en las instituciones públicas, y la insuficiente capacidad del Estado para garantizar los derechos económicos y sociales.
Además, el país enfrenta frustraciones que quedaron desde la época de la dictadura, y problemas que se han evidenciado durante la época democrática.
En efecto, los derechos no están garantizados de manera uniforme para toda la población chilena. Por ejemplo, algunas personas acceden a servicios de salud que son similares a aquéllos proporcionados en países desarrollados, mientras que otras acceden a servicios de muy baja calidad.
También, la educación se garantiza de manera desigual: la educación pública es costosa y las tasas universitarias son muy altas para la mayoría de la población.
Además, las municipalidades están clasificados entre ricas y pobres, y la infraestructura y la calidad de las carreteras cambian según el barrio. ¿Es todo esto justo? No. Entonces, ¿por qué hay tantas desigualdades entre la población chilena?
Este contexto ha generado que la ciudadanía no confíe en que las instituciones públicas garantizarán sus derechos, y la desesperanza ha impregnado a muchas personas.
Protestas sociales actuales: ¿qué se puede hacer?
Desde hace unas semanas Chile vive un estallido de protesta social. El hecho desencadenante fue el anuncio del 6 de octubre por parte del gobierno chileno de aumentar los precios del metro de Santiago; pero, las protestas están relacionadas con la desigualdad social y la desconfianza en las instituciones públicas.
Después de ese anuncio gubernamental, algunas personas, principalmente estudiantes, evadieron continuamente el pago de las tarifas del metro, y las fuerzas policiales (Carabineros) fueron enviadas para detener dicha evasión.
Así, las acciones de evasión escalaron, y en la noche del 18 de octubre, surgieron masivamente protestas sociales en diferentes ciudades del país que, aún hoy, no han cesado.
La respuesta inicial del presidente Sebastián Piñera fue decretar un estado de emergencia, un toque de queda y desplegar a las fuerzas militares a algunas calles.
Frente a esto, los manifestantes aumentaron y las protestas continuaron y se expandieron a distintas regiones del país.
Se han presentado serias denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, así como, posibles detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones. Esto requiere que el Estado chileno, en cumplimiento de estándares internacionales, realice una investigación adecuada y efectiva y si la evidencia lo amerita, enjuicie a los responsables.
Por otro lado, si bien la mayoría de protestas han sido pacíficas, algunos manifestantes han cometido actos violentos. Esto no deslegitima la protesta social, pero es necesario que se rechace esta violencia.
Ahora bien, después de más de 13 días de protestas sociales, el gobierno no ha podido generar las condiciones requeridas para concretar un pacto político y social que incluya otras fuerzas políticas, y le permita solucionar de manera adecuada la crisis. Las fuerzas de oposición política, además, tampoco han sido suficientemente generosas en este caso.
Asimismo, la sociedad civil debe brindar alternativas para abordar esta crisis.
En suma, debe haber una solución política que enfrente las raíces de las protestas. Los políticos deben reconocer el descontento social y enfrentarlo a pesar de sus diferencias. Deben converger en un acuerdo social y político que responda, con urgencia, a las demandas sociales en materia de equidad, justicia y solidaridad, así como, a la necesidad de aumentar la confianza en las instituciones públicas.
Por último, los políticos y las instituciones públicas deben garantizar los derechos económicos y sociales de la población, para lo cual, es necesario adoptar las reformas legales requeridas y promulgar políticas públicas que permitan superar la desigualdad social.