Hoy la CIJ llamó a las autoridades públicas a abstenerse de realizar comentarios o acciones que puedan socavar la integridad del proceso judicial y la independencia de la Rama Judicial.
El 4 de agosto la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ordenó su detención preventiva, sustituyéndola por detención domiciliaria, en relación con el caso que se sigue en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal.
Desde hace días, varios políticos han hecho declaraciones inapropiadas e incendiarias respecto de la justicia, incluidas algunas que sugieren que los jueces toman sus decisiones basándose en prejuicios ideológicos o políticos en lugar de basarse en la Constitución y la ley.
El presidente de Colombia, Iván Duque, expresó en una declaración trasmitida por televisión que le “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y en la honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.
La CIJ enfatiza que es inapropiado que un jefe de Estado u otro funcionario del poder ejecutivo intervenga de esta manera en un caso que está siendo objeto de estudio en la Rama Judicial. Los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas dejan claro que “[t]odas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, y esto implica que deben abstenerse de “influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas”.
Adicionalmente, y como reacción a la detención del expresidente Uribe, el partido político “Centro Democrático” del cual son miembros el presidente Duque y el expresidente Uribe, emitió un comunicado de prensa en el que dijo que planeaban proponer una Asamblea Nacional Constituyente “con el propósito de despolitizar la justicia”. Y el expresidente Uribe mencionó el 16 de agosto que esperaba que su partido político iniciara una reforma judicial a través de referendo para acabar con la “politización” de la Corte.
La CIJ considera que las acciones de reforma a la justicia no deben basarse en reacciones políticas a un caso o una decisión judicial determinada. Las reformas al sector justicia deben basarse en las buenas prácticas y en los estándares que permitan reforzar la independencia judicial y contar con una pronta, oportuna y justa administración de justicia.
Por último, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también hizo comentarios inapropiados frente a la justicia colombiana, al tuitear el 14 de agosto que se unía a las voces que pedían a las autoridades colombianas que permitieran que Álvaro Uribe “se defendiera como un hombre libre”.
Contacto: Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ, e: carolina.villadiego(a)icj.org