Mar 13, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, conjuntamente con una jueza de Honduras y otra de Costa Rica, de sus respectivas asociaciones de jueces, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez más, pidieron la destitución del Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, ya que a partir de dicho nombramiento, las y los jueces más independientes e imparciales, empezaron a ser vigilados ilegalmente y se han sentido vulnerables e inseguros.
El día de hoy, gracias a una nota periodística, se supo que el Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, Roberto Mota Bonilla (foto), tiene orden de captura, por la supuesta comisión del delito de violencia contra la mujer.
Esta nueva acusación hace insostenible que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siga protegiendo y manteniendo en su puesto y el pleno de magistrados de dicha Corte debería ahora intervenir, por tratarse de un asunto relacionado directamente con la seguridad de jueces y juezas.
“Tal y como nos informara el día de ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en él recae la responsabilidad del nombramiento del Director de Seguridad Institucional, pero los asuntos de seguridad de jueces, debe discutirlos con el pleno de la Corte Suprema de Justicia,” expresó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
La CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Guatemala, para que respeten el Estado de Derecho y que cesen los ataques en contra de la independencia del Poder Judicial y de las y los jueces que administran justicia en forma independiente e imparcial.
Lamentablemente, tal y como lo confirmara el Presidente del Organismo Judicial, está a la espera de informe de Auditoría Interna para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, ante estos nuevos hechos, no debería esperar el informe para tomar una decisión. El Director de Seguridad Institucional Roberto Mota Bonilla, debería ser destituido en forma inmediata.
Mar 6, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa profunda preocupación por el nombramiento del nuevo Director de Seguridad Institucional de Jueces y Juezas, nombrado por la Corte Suprema de Justicia y los efectos negativos que ello conlleva en las y los jueces independientes e imparciales.
Ante la denuncia que hiciera la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), la CIJ se permite llamar la atención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que asuma con seriedad dicha denuncia.
La CIJ considera que existen razones fundadas para dicha denuncia y que el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla, lejos de brindar más confianza a las y los jueces sobre su protección, causa mayor frustración y dudas.
El señor Roberto Mota Bonilla perteneció a la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y por lo tanto, existen indicios que comprometen su independencia, por tener cercanía con el Poder Ejecutivo, uno de los tres Poderes del Estado que, es evidente, viene interfiriendo en la Independencia Judicial desde antes del año 2017 y con más fuerza a partir de agosto de dicho año.
Desde su nombramiento, las y los jueces independientes e imparciales, han venido sufriendo una serie de actos que pueden calificarse como presiones, intimidaciones, limitaciones a su función, vigilancia y control injustificados, que pueden llegar a afectar seriamente la independencia judicial y el debido proceso en los casos que dichos jueces conocen.
Las Naciones Unidas, al aprobar los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, declaró en el principio 2: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Además, según dichos Principios, la ley debe garantizar no sólo la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, sino que también su independencia y seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y jubilación adecuadas. (Principio número 11. Sobre las Condiciones de servicio e inamovilidad).
De manera más específica, el Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Judicial, dispone en el artículo 27 que: “Las autoridades ejecutivas tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias, en especial en caso de que sean objeto de amenazas”[1].
Este principio es desarrollado también en el artículo 2.23 de la Declaración Universal sobre la Independencia de la Justicia (Declaración de Montreal, aprobada en la Conferencia Mundial sobre Independencia de la Justicia), al establecer que “el Poder Ejecutivo deberá garantizar la seguridad y la integridad física de los jueces y de sus familiares”.
Los Principios de Siracusa son aún más explícitos. Bajo el apartado de “protección física”, el artículo 27 establece que las autoridades ejecutivas “tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias, en especial en caso de que sean objeto de amenazas”.
O sea que dichos principios, consideran obligación del Poder Ejecutivo garantizar la seguridad y contar con la proteccion física de las autoridades competentes, tanto si se trata de amenazas personales y directas, como en una situación general relacionada con el orden público o la seguridad interna de una Nación. En todo caso, las y los jueces deberán poder desempeñar sus funciones con la calma y la seguridad que requiere su función.
En tal sentido, la CIJ hace un enérgico llamado a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que tomen con seriedad las denuncias presentadas por miembros de la AGJI y que destituya cuanto antes al Señor Mota Bonilla, por no garantizar independencia de criterio, ni objetividad en la protección de jueces y juezas. Al contrario, dicho nombramiento puede repercutir muy negativamente en la seguridad de jueces y juezas.
La CIJ expresa que en diferentes oportunidades ha señalado que la proteccion de jueces y juezas es esencial en un Estado de Derecho, para que puedan cumplir con su función en forma independiente e imparcial y buscando la mayor protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
En el presente caso, todo parece indicar que mediante dicho nombramiento, se busca socavar la independencia judicial y afectar la función que llevan a cabo jueces y juezas independientes e imparciales.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “En un Estado como el de Guatemala, cooptado por el crimen organizado, éste debe ser un tema que el Poder Judicial debería analizar más a fondo y con mucho detenimiento, para brindar las soluciones más adecuadas a las y los jueces. Todo indica que el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla es un paso más hacia la militarización del Estado de Guatemala. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberían destituir al señor Roberto Mota Bonilla y abrir un espacio de diálogo con las y los jueces afectados y con la sociedad civil, para tratar este tema tan importante para la seguridad de las y los jueces, para la Independencia Judicial y para el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
Foto: Ramón Cadena, director de la CIJ, se reunió ayer con los magistrados de la Cámara Penal.
[1] Comité de Expertos de la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Comisión Internacional de Juristas y el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados. Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Judicial, mayo 1981.
Feb 12, 2019 | Artículos, Noticias
Hoy en Bogotá, Colombia, la CIJ, junto con sus socios en la región, lanzaron el proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, en el marco de la Iniciativa de Responsabilidad Global de la CIJ.
El objetivo del proyecto es promover la rendición de cuentas y el acceso a recursos efectivos y medidas de reparación para las víctimas y sus familias, en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.
Este proyecto se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Además, Christof Heyns, director del Instituto de Derecho Internacional y Comparado en África de la Universidad de Pretoria, y ex Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se une al proyecto como asesor especial.
En el marco de este proyecto, se realizarán estudios generales sobre los obstáculos existentes para la investigación y judicialización de estas graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Perú, y se documentarán casos emblemáticos de las violaciones ocurridas en dichos países. También, se producirá una guía para uso de la sociedad civil, las víctimas y sus representantes, sobre la investigación y el enjuiciamiento de muertes potencialmente ilegales; y se elaborará una guía para expertos forenses sobre la investigación de estas graves violaciones. Adicionalmente, se realizarán litigios estratégicos y observaciones de audiencias, así como actividades de capacitación que involucren a jueces, fiscales, investigadores, abogados, grupos de víctimas y expertos forenses.
El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Rocío Quintero M, asesora legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Jan 11, 2019 | Incidencia, Noticias
La CIJ envió una carta sobre la coyuntura actual en Guatemala al Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
El contenido de la carta:
Señor Secretario General
El Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) desea expresarle su preocupación por la crisis política que se está presentando en Guatemala. Los actos del Gobierno de Guatemala en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización de las Naciones Unidas que cuenta con el apoyo decidido de la Comunidad Internacional, tanto en lo que se refiere al apoyo financiero, como en recursos humanos, socavan el Estado de Derecho y constituyen una alteración del orden constitucional de Guatemala.
Las últimas decisiones del Presidente de la República, Sr. Jimmy Morales, están repercutiendo negativamente en el Estado de Derecho y en la lucha contra la Impunidad. Por ello, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ha llevado a cabo un análisis de coyuntura que permita comprender mejor la situación actual en Guatemala; cómo ésta afecta al Estado de Derecho y la Democracia y además, dicho análisis proporciona elementos para una posible evaluación colectiva de dicha situación, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
Por ello, me pemito entregarle por este medio, el documento “La coyuntura actual en Guatemala. Análisis de la comisión Internacional de Juristas (CIJ)” de fecha 29 de diciembre de 2018. De esta forma, esperamos facilitar procesos de discusión orientados a fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, así como la discusión sobre una posible aplicación de la carta Democrática Interamericana. Sabemos que otros guatemaltecos y guatemaltecas están mandando información a la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, incluido el jurista Francisco Villagrán de León y esperamos que todo ello, contribuirá a una mejor comprensión de esta difícil situación.
Sin más por el momento, quedo de Usted con las muestras de mi más alta consideración y estima,
Sam Zarifi
Secretario General
Comisión Internacional de Juristas
Guatemala-advocacy-open letter-2019-SPA Carta (en español)
Guatemala-threats to democracy-advocacy-analysis-2019-SPA Análisis completo de la coyuntura actual (en español).
Dec 19, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Una nueva acción se inicia en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este caso, se ordena el abandono del país de once funcionarios de dicha comisión, en un lapso de setenta y dos horas, a partir de la notificación respectiva. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que este acto va dirigido específicamente a afectar los procesos penales que se siguen por actos de corrupción en contra de funcionarios de alto nivel.
La CICIG actúa como querellante adhesivo de diferentes procesos por casos de corrupción y otros delitos o bien realizan investigaciones para identificar a posibles responsables. A las y los abogados, policías o investigadores que participan en estos procesos (Caso La Línea, Caso relacionados con corrupción en la Policía Nacional Civil, Caso Comisiones Paralelas y otros igualmente importantes) son precisamente a quienes se les está intentando expulsar del país.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó al respecto: “Llama poderosamente la atención que uno de los investigadores de la CICIG que está siendo afectado con esta medida es el investigador legal a cargo del caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad, en el que están siendo procesados el hijo y hermano del Presidente de la República.”
Este nuevo acto gubernamental afecta seriamente la justicia y el Estado de Derecho. Constituye además, una violación flagrante del artículo 10 numeral 4. del Convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que contempla el compromiso del Gobierno de Guatemala en los términos siguientes:
“Velar por que ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, en virtud de su estatus de personal de la CICIG o por el desempeño de su trabajo como personal de la CICIG.”
“Lamentamos mucho que sea precisamente a los funcionarios de la CICIG que actúan como querellantes adhesivos en casos de alto impacto, a quienes se les esté imponiendo un castigo por el desempeño de sus funciones en la lucha contra la corrupción e impunidad. Está claro que las autoridades del Gobierno de Guatemala, siguen haciendo todo lo posible para apartar a la CICIG de su camino”, expresó Cadena.
A esto hay que agregar que la función de la abogacía está siendo afectada. De esta manera, se está obstaculizando el trabajo de abogados debidamente colegiados y por lo tanto, los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados, también están siendo violados. Según el principio número 16 literal a): “Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas…”
Cadena afirmó: “La CIJ expresa su profunda preocupación por el hecho de que varios de estos funcionarios son abogados y que actúan como querellantes en los casos de alto impacto que apoya CICIG. El Colegio de Abogados de Guatemala debería actuar en defensa de sus agremiados.”
“Por otro lado, el Estado de Guatemala debe cumplir con los enunciados del derecho internacional de los derechos humanos y debe investigar y castigar casos de corrupción. La presencia de la CICIG en el país contribuye a que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales”, Cadena agregó.
El Director de la CIJ para Centroamérica concluyó afirmando: “Con estas medidas arbitrarias se está causando una alteración del orden constitucional en Guatemala, que afecta gravemente el orden democrático. Como Estado, Guatemala debe asegurar que se tome medidas efectivas para combatir la corrupción, consistentes con sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos entre otras obligaciones. La CICIG es una de las experiencias más exitosas de combate contra la corrupción en el mundo; por ello, las autoridades del Estado de Guatemala deberían apoyarla, en vez de obstaculizar su trabajo y de esa forma, obstruir la justicia.”
